Las fosas y el diputado

Fiscales de Justicia y Paz hallaron en la finca Lago Grande, de propiedad del ex presidente de la Cámara de Representantes César Pérez, una fosa con los posibles restos de un joven que desaparecieron las Auc hace 11 años.

Redacción Judicial
20 de septiembre de 2008 - 04:02 a. m.

El 21 de agosto de 1996, cuando viajaban de Medellín al municipio de Frontino (Antioquia), desaparecieron María Mercedes Toro Agudelo y su esposo Juan Carlos Ortiz. La familia Toro era propietaria de la ladrillera Nore, ubicada en la misma región, y desde un año atrás venía siendo presionada por las autodefensas para que vendieran el negocio a toda costa. Dos semanas después Claudia Elena Orrego, hija de María Mercedes, fue llamada a negociar la liberación de los plagiados, pero corrió la misma suerte. Nunca regresó.

Las amenazas no cesaron y el 17 de septiembre de ese año los ‘paras’ fijaron un plazo perentorio de 24 horas a la familia Toro para que abandonara Frontino. Con la ayuda de la Cruz Roja todos acataron la orden e incluso algunos marcharon al exilio en Venezuela. Sin embargo, en febrero de 1997, es decir cinco meses después, apremiados por una deuda en Frontino, María Elena Toro —hermana de María Mercedes— aceptó que su hijo Franklin Aurelio, acompañado por su amigo Guillermo Cuartas, viajaran a la zona. Tampoco retornaron.

Desde ese día María Elena Toro, de 63 años, nunca dejó de preguntarles públicamente a las autodefensas por la suerte de los suyos. Un ruego que durante una década no tuvo eco y que sólo tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz avivó sus esperanzas. Por eso, junto con otras madres o viudas de la barbarie paramilitar en Antioquia, todos los miércoles sin falta empezaron a llegar al Parque Berrío, en Medellín, a preguntar en coro dónde estaban sus esposos y sus hijos. Rápidamente fueron conocidas como las madres de La Candelaria.

María Elena Toro no se arredró nunca, ni siquiera cuando encaró a Don Berna y, en una carta abierta publicada por la revista Semana en 2005, le exigió que le diera razón de sus familiares. El jefe de las autodefensas no supo qué contestarle. Pero los fiscales de Justicia y Paz ya tenían una pista confiable, y un informante los llevó hasta el sitio donde fueron sepultados dos de los cinco cuerpos. El 3 de agosto de 2007, en la finca La Gavina (en el municipio de Olaya), de propiedad de Guillermo Gaviria, dueño del diario El Mundo y padre del asesinado ex gobernador de Antioquia, se hallaron los cadáveres.

A ocho metros de la fosa donde se encontraron los restos, se localizó otra fosa con los despojos mortales de un hombre. Los tres hallazgos motivaron a los forenses del CTI de la Fiscalía a rigurosos exámenes de carta dental y ADN, que sólo hasta hace un mes vinieron a establecer plenamente las identidades de María Mercedes Toro, Claudia Orrego y Juan Carlos Ortiz. La verdad, dolorosa, alivió un poco su pena, pero la incansable María Elena continuó preguntando por el paradero de su hijo Franklin Aurelio y su amigo Guillermo Cuartas.

Aún no ha sido posible hallarlos, pero el informante clave de la Fiscalía volvió a la región con los investigadores y el pasado 4 de marzo los condujo a una nueva fosa donde fueron encontrados los restos de un hombre joven. Desde entonces el CTI trata de establecer si se trata de los despojos mortales de Franklin o Guillermo. El invierno que ha azotado la zona y las innumerables informaciones sobre distintas fosas en Antioquia, han impedido que prosiga la búsqueda. Pero la Fiscalía ya sabe que debe volver.


El informante ya ubicó una pequeña vivienda próxima al lugar del hallazgo, y según habitantes de la región que han decidido colaborar con la justicia, ése era el sitio donde se mantenían retenidas las personas que iban a ser ajusticiadas. “De esa casa se oían los gritos y clamores de auxilio”, comentó un campesino.

Según la Fiscalía, durante una década, en esa zona, a órdenes de Carlos Castaño, el amo y señor fue Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, el mismo sujeto que fue capturado el jueves pasado en una finca en Luruaco (Atlántico).

El predio donde se encontró la última fosa es la hacienda Lago Grande, también ubicada en Olaya, y está separada por un camino veredal que la conecta con la finca La Gavina. Lo dicen los campesinos de la región y lo tiene claro la Fiscalía: el propietario es el actual diputado de Antioquia y directivo de la Universidad Cooperativa, César Augusto Pérez García, un reconocido cacique político, ex presidente de la Cámara de Representantes y dueño de un considerable fortín electoral en los municipios de Frontino, Sopetrán y Olaya, entre otros.

El Espectador se comunicó el viernes con Pérez García para conocer sus impresiones sobre los hallazgos de la justicia en su propiedad y éste se limitó a comentar: “¿Usted no sabe que por todo Sopetrán baja el río Cauca? La primera noticia que tengo es ahora la que usted me dice. Hay que hablar con mayor conocimiento. Memín nos azotó en San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. No he podido volver a las fincas. En esa zona el paramilitarismo ha sido exagerado”.

Y concluyó sorprendido: “Ahora que yo le diga que en mi finca se encontró a un muerto, eso ya es crónica roja. Pero usted no me pregunta por qué he cumplido 50 años con 44.000 estudiantes, cuatro facultades de medicina y cuatro de odontología. Mire, yo ejerzo la rectoría de 22 seccionales, vivo clavado aquí (Medellín) y me resultan preguntas como esas ahora”. En síntesis, el veterano político antioqueño se declaró ajeno a cualquier delito o situación que lo relacione con grupos de autodefensa.

Ni la familia Gaviria ni el diputado César Pérez están siendo investigados por los macabros hallazgos en sus propiedades. Pero el fiscal del caso ya compulsó copias para que se indague por qué y en qué circunstancias estos cuerpos aparecieron inhumados en los predios La Gavina y Lago Grande. El Espectador logró establecer que el informante de la Fiscalía ha sido claro en advertir que hay más fosas y que una vez pasen las inundaciones y los desbordamientos de quebradas, está en capacidad de revelar hasta el sitio donde llegaba Carlos Castaño en un helicóptero.


Sin embargo, la situación actual del diputado César Pérez García no es la más diáfana, pues no es la primera polémica en la que se ve envuelto por estos días. Hace apenas dos semanas, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín lo condenó a 9 años de prisión por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Los hechos ocurrieron en 1998, cuando ejercía la presidencia de la Asamblea de Antioquia, y fue denunciado por el entonces diputado Bernardo Alejandro Guerra.

Según la justicia, se trató de un episodio de corrupción en el que un servidor público aprovechó su posición de ordenador del gasto, generó la necesidad ficticia de una serie de contratos de prestación de servicios y se apoderó en favor de terceros del valor de cada uno de esos contratos. Guerra Hoyos comentó así lo sucedido: “Yo solicité un control interno de su gestión y se halló una nómina fantasma de cerca de $500 millones a través de contratistas que no iban a trabajar, pero cada 15 días cobraban”.

La jueza Beatriz Idárraga le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad, pues tiene 73 años. Pérez anunció la apelación del fallo, y al ser consultado por este diario se limitó a comentar: “Eso ha sido un poco distorsionado, pero no puedo seguir sometido a la prensa para que explique mal las cosas. Es una primera instancia y voy a tener más oportunidades procesales. Tengo la razón. Otra cosa es que políticamente hablando estén soñando los adversarios. Y lo pueden hacer. Ellos pueden soñar todo lo que a bien tengan”.

Y César Pérez García sabe por qué lo dice. Aunque perdió su investidura parlamentaria en enero de 1994, en septiembre de 1995 fue señalado de haber sido uno de los instigadores de la peor masacre paramilitar ocurrida en los años 80: la de Segovia (Antioquia), perpetrada el 11 de noviembre de 1988, en la que perdieron la vida 43 personas. Alcanzó a estar detenido en 1995, pero quedó en libertad un mes más tarde por falta de pruebas. Este caso, como muchos otros de esa misma época, quedó en la impunidad.

Una palabreja que bien conoce doña María Elena Toro, la aguerrida madre y hermana que vio perecer a cuatro miembros de su familia y un amigo cercano. Ella presiente que la última fosa encontrada por la Fiscalía en el predio Lago Grande corresponde a su hijo. De no ser él, sigue convencida, como lo dijo el informante, que sus restos están muy cerca. Sólo quiere justicia. No sabe y poco le importa de quiénes son los predios de los hallazgos. Ella sólo quiere cumplir el sueño de cualquier madre que pierde a su hijo: enterrarlo como se debe y llorarlo hasta dejarlo ir.

Por Redacción Judicial

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