Durante los 10 años, ocho meses y 28 días que permaneció privado de su libertad por un crimen que no cometió, no hubo un solo instante en que Gustavo Sastoque no reclamara su inocencia. Pero desde el 8 de marzo de 1995 en que fue detenido por el cargo de asesinato del ex guerrillero del M-19 Hernando Pizarro Leongómez, no hubo una sola autoridad que escuchara sus súplicas. Ahora el Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acaba de aceptar la búsqueda de una solución amistosa para expiar los estragos de este doloso error judicial.
Una historia que comenzó ese miércoles 8 de marzo, hacia las dos de la tarde, cuando Gustavo Sastoque regresó de almorzar a su oficina del Cuerpo Técnico de Investigaciones situada en los juzgados de Paloquemao, y la secretaria de Criminalística lo recibió con un papel amarillo y una sucinta orden: “Debe presentarse a las 3:00 p.m. en la Fiscalía Regional, piso sexto, y preguntar por el proceso 24789”. Presionado por el tiempo reportó a sus jefes que debía dejar sus labores de radicación y archivo, tomó un colectivo y puntualmente llegó a la cita programada.
Lo recibió un señor canoso de barba y gafas, quien lo condujo hasta un cuarto lleno de monitores, donde quedó solo durante 40 minutos. Únicamente entró un hombre crespo, de bigote, con un radio de comunicaciones en la mano, que a la pregunta de Sastoque de si sabía para qué lo citaban, le respondió en tono de chanza: “No se preocupe, es un ascenso”. Después volvió el hombre canoso, arrojó el papel amarillo sobre un escritorio y comentó antes de cerrar la puerta: “Yo no me entiendo más con esto”.
Minutos después aparecieron un hombre y una mujer que se identificaron como agentes del DAS y le entregaron un oficio dirigido a la Dijín con su nombre, su número de cédula y la orden de captura N° 283 con una dirección para ubicarlo: el número 7-55 de Puerto Rico (Caquetá). Entre su desconcierto, Sastoque sólo atinó a pensar: “¿Y dónde queda Puerto Rico?”. Ese equívoco lo animó a creer que se trataba de un error y, por su experiencia de auxiliar judicial, pidió una llamada telefónica para comunicar la novedad a su familia. Después fue remitido a los calabozos del DAS.
Al día siguiente lo condujeron a un estrecho cubículo con un escritorio, dos sillas y una máquina de escribir, y del otro lado de un vidrio oscuro escuchó la voz distorsionada de un fiscal sin rostro que empezó a indagarlo. A cada pregunta, sobre el asesinato de Pizarro, perpetrado hacia las siete de la noche del 27 de febrero de 1995 en la calle 157 con carrera 20, casi llorando Sastoque contestó: “Esto es una injusticia, yo nunca he portado un arma”. Esa misma noche, con tono de primicia, el Noticiero de las Siete informó que el asesino de Hernando Pizarro ya había confesado.
A esa misma hora, una fiscal, un teniente de la Dijín, un funcionario “canoso, de barba y con gafas”, como lo describieron sus hermanos, y 15 uniformados, llegaron a allanar su casa. Argumentaron que buscaban armas, pero sólo se llevaron un vestido azul de paño, dos camisas, algunos desprendibles de su cuenta de ahorros y, por insistencia del teniente, dos fotografías de Gustavo Sastoque. Días después, la Fiscalía decretó medida de aseguramiento en su contra con base en testigos que dijeron haber visto a Sastoque disparando y un retrato hablado, casi una foto del sindicado.
Sin muchas explicaciones, el batallón de contrainteligencia N° 1 de la XX brigada del Ejército, terminó aportando el retrato hablado que resultó clave para la Fiscalía. Días antes, Sandra Patricia Velasco, anfitriona de la casa de donde fue sacado Pizarro para ser asesinado, había aportado un primer retrato hablado con fisonomía totalmente distinta. Curiosamente, días antes de que lo detuvieran, la persona que llevó a la declarante hasta la Sección de Morfología del CTI para que describiera al asesino fue Gustavo Sastoque. Nada volvió a saberse de Sandra Patricia Velasco.
Como tampoco de Carlos Arturo Celis, su compañero, quien resultó ser un reinsertado del M-19 que manejaba un taxi y tramitaba libretas militares en el Ministerio de Defensa. De hecho, luego del crimen de Pizarro, durante la inspección a la casa de donde fue sacado, se encontró un carné de la Brigada XIII a nombre de Celis, chalecos de escolta y algunos brazaletes. Con el paso de los días se supo que Celis había sido jefe de seguridad de Antonio Navarro y que trabajaba como informante del Ejército. Desde 1997 tiene orden de captura en su contra, pero su rastro está perdido.
En la práctica, Sastoque terminó señalado por tres testigos, inicialmente reservados y con el tiempo públicos. Olga Esther Guevara, quien dijo haber visto desde la ventana de su casa el asesinato, señaló a Sastoque como el agresor y además afirmó que volvió a verlo al día siguiente con los fotógrafos de la Fiscalía. Su hermana Claudia, quien no lo acusó directamente, pero ratificó haber sido testigo del crimen. Y Germán Ramírez, un vendedor de perros calientes que supuestamente estaba en el lugar atendiendo su negocio y vio a Sastoque cometer el homicidio.
A estos testimonios se sumó la declaración del agente de policía José Wilson Roncancio, quien certificó que Sastoque había estado recogiendo pruebas en el sitio del crimen un día después del homicidio. Además, lo señaló en fila de reconocimiento. Tres meses después, en extrañas circunstancias, el agente Roncancio resultó asesinado. Para ese momento la familia Pizarro designó como abogado de la parte civil al penalista Eduardo Umaña Mendoza, quien a los pocos días le comentó al acusado: “Lo suyo es un crimen de Estado, pero la situación está muy delicada”.
Y tenía razón. Gustavo Sastoque acreditó que el día del asesinato de Pizarro estuvo comprando unos zapatos en el barrio Restrepo y no sólo aportó el comprobante de su tarjeta Diners, sino que los empleados del almacén testificaron en su favor. La justicia no les creyó. Todos sus compañeros de labores ratificaron que el lunes 9 de marzo trabajó en Paloquemao y los funcionarios de Criminalística que recogieron las pruebas descartaron su presencia. Tampoco les creyeron. El vendedor de perros se identificó inicialmente con la cédula de una persona fallecida en 1989. La Fiscalía no vio reparo.
A pesar de las dudas, ocho meses después de su detención, la Fiscalía lo acusó y el 26 de mayo de 1997 un juez sin rostro lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado. Diez meses después, el Tribunal Nacional le rebajó la condena a 40 años y 6 meses. De nada valieron los testimonios de sus compañeros. Los empleados del almacén de zapatos no volvieron a colaborar por amenazas. La Dirección de Inteligencia Militar aportó una declaración diciendo: “Unidades del Ejército no intervinieron ni practicaron pruebas en los sucesos de sangre en que perdió la vida Hernando Pizarro”.
Hasta ese momento era un caso cerrado y sólo faltaba que la Corte Suprema de Justicia pusiera el sello de cosa juzgada. Sin embargo, sorpresivamente, en diciembre de 1998, cuando la Fiscalía investigaba el crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, un testigo sin rostro codificado como Emilio I manifestó que utilizando el arma de un miembro de la Fiscalía, un grupo de inteligencia militar había asesinado a Hernando Pizarro Leongómez y que el mismo grupo había comprometido a dos mujeres para que declararan acusando a un funcionario de la Fiscalía.
“Y se reían diciendo que habían empleado a un miembro de la Fiscalía para hacerlo aparecer como el asesino”, declaró Emilio I (Julio Ramón Carrillo). Obviamente ese funcionario utilizado como chivo expiatorio no era otro que Sastoque. Con base en esa declaración y apoyado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), de acusado pasó a acusador y, en junio de 1999, entabló denuncia en la Fiscalía por los delitos de falso testimonio y fraude procesal contra los testigos que lo señalaron. Pasaron diez meses sin avances, hasta que apareció otro testimonio.
Esta vez fue la ex agente de inteligencia Mercedes Yolima Guaquetá Hernández, quien estando detenida en la cárcel de Chiquinquirá declaró que sabía todo lo referente al asesinato de Hernando Pizarro. Y confesó que la idea no era matarlo sino llevarlo a una casa del Ejército para que entregara una lista de militares que trabajaban con paramilitares, para que diera pruebas y acusara a José Fedor Rey, alias Javier Delgado, sindicado de la masacre de 144 guerrilleros del frente Ricardo Franco en Tacueyó (Cauca). El hombre que dio con el paradero de Pizarro fue Carlos Celis.
Sin embargo, Pizarro se resistió a la retención ilegal y fue asesinado. Entonces, según la testigo, el sargento primero Fabio Medina ubicó a Olga Esther Guevara y le pagó $20 millones por su falso testimonio. Y añadió Mercedes Yolima Guaquetá que al día siguiente del crimen hubo una reunión en la Brigada XIII, en la oficina del general Rafael Hernández, entonces comandante de la unidad militar, y se planeó el montaje. El director del CTI Hernán Jiménez enviaría tres fotos de empleados de la Fiscalía de escasos recursos, para que la testigo escogiera una.
Según la testigo, la retención de Pizarro se decidió en la Brigada XIII y, además de ella, participaron los sargentos Fabio Medina y Ricardo González, el general Hernández, Jiménez y dos compañeros más. En la reunión para concretar el falso testimonio de Olga Esther Guevara, quien resultó ser una empleada del Fondo Rotatorio del Ejército, acudieron los mismos personajes y siempre se hizo énfasis en que quien resultara implicado debía ser de escasos recursos “para que no tuviera defensa, porque el carcelazo no iba a ser poquito”.
Sastoque reclamó su inocencia en la Procuraduría para que investigara la conducta de los funcionarios mencionados y en la Corte Suprema para que lo evaluara en la casación. El 19 de diciembre de 2000, el procurador Jaime Bernal Cuéllar, en dos páginas, concluyó que como habían pasado cinco años del crimen de Pizarro, el caso estaba prescrito. Y la Corte, el 13 de febrero de 2003, confirmó la sentencia de 40 años y en sucinto párrafo añadió: “Las pruebas allegadas en el trámite de la casación no pueden ser analizadas y valoradas en este momento procesal, sugerencia que comparte el Ministerio Público”.
Todo parecía consumado, pero como la esperanza es lo último que se pierde, después de pasar de despacho en despacho, el propio fiscal Mario Iguarán se interesó en el caso, designó a un fiscal de Derechos Humanos para que lo resolviera, porque estaba casi prescrito, y el pasado 25 de febrero, tras considerar que afectar ilegalmente la libertad de una persona es violar un derecho fundamental imprescriptible, ordenó investigar a los testigos que señalaron a Sastoque, al general Hernández, al ex director del CTI Jiménez y a todos los involucrados en el montaje judicial.
El pasado 7 de abril, en la sede de la Comisión Interamericana de D.H. en Washington, con la presencia de dos voceros del Estado y los representantes de Sastoque, se acordó crear un grupo de trabajo para la búsqueda de una solución amistosa que repare lo sucedido. El compromiso es que avancen las nuevas investigaciones penales, que se agilice una acción de revisión ante la Corte Suprema y que se evite la prescripción del caso. Consultado Gustavo Sastoque sobre el acuerdo, contesto: “No me importa si castigan o no a quienes me hicieron daño, sólo quiero que me digan que soy inocente”.
El disidente del “Ricardo Franco”
El 26 de febrero de 1995, varios sujetos que se movilizaban en un Toyota blanco llegaron hasta el barrio Altablanca y sacaron de la casa ubicada en la calle 157 N° 20-21 a Hernando Pizarro Leongómez. Como éste opuso resistencia y empezó a alertar a los vecinos para que llamaran a la Policía o a la prensa, uno de los sujetos le disparó en cuatro oportunidades en la cabeza.
Hernando Pizarro Leongómez era hermano del comandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, y también hizo parte de esta organización insurgente. No obstante, hacia 1985 constituyó el grupo disidente “Ricardo Franco”, y a finales de ese año protagonizó la espantosa masacre de Tacueyó, en la cual fueron ajusticiados más de 100 guerrilleros, a quienes se acusó de ser infiltrados de las Fuerzas Militares.
Supuestamente, en el momento de su asesinato, Pizarro se aprestaba a salir del país. Vivía en la casa de Carlos Celis, hoy fugitivo.
Una controvertida testigo e informante del caso Pizarro
La testigo Mercedes Yolima Guáqueta fue informante del fiscal Ángel Junca. Este funcionario judicial testificó ante la justicia que la conoció porque le ayudó a tres o cuatro operativos con resultados positivos. La última vez que la vio, ella le recordó que había sido testigo de excepción en el caso por el crimen del ex guerrillero Hernando Pizarro.
Además, la testigo aportó múltiples declaraciones encaminadas a esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. Aunque estas últimas versiones no fueron suficientes para aclarar este crimen que continúa en la impunidad, la Fiscalía consideró que en el caso Pizarro ameritan ser tenidas en cuenta.
Esta semana, el ex director del CTI Hernán Gonzalo Jiménez expresó que las acusaciones en su contra son una infamia, que siempre estuvo preocupado por la suerte judicial de Gustavo Sastoque y que la testigo lo acusa porque él descubrió que ella cometía irregularidades y por eso decidió sacarla del Programa de Testigos.
Al ser consultado por la W Radio sobre por qué no ayudó a Sastoque tratándose del director del CTI, observó que como había sospechas de que supuestamente había participado en el crimen a personal de la Fiscalía, les prohibieron intervenir en el proceso, pero que él fue el primero en señalar que se estaba cometiendo un error con el funcionario del CTI.