Los llamaban los generales troperos. Hoy, casi dos décadas después, y sin que nadie entonces pudiera anticiparlo, libran su batalla en la Fiscalía con una consigna común: probar su inocencia.

Se trata de los generales en retiro Iván Ramírez Quintero, Rafael Samudio Molina, Jesús Armando Arias Cabrales, Farouk Yanine Díaz y Rafael Hernández López. Todos legendarios en las filas castrenses. Los tres primeros están procesados por los excesos del Ejército en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. Yanine Díaz, por dos masacres por las cuales ya fue condenado el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la de los 19 comerciantes y la de la Rochela. Y el ex oficial Hernández López porque presuntamente desvió la investigación por el homicidio de Hernando Pizarro Leongómez, ocurrido en 1995.

Nunca antes oficiales de tantos quilates habían afrontado un escenario judicial tan complejo. El general (r) Rafael Samudio Molina, por ejemplo, encarna en las filas castrenses la lucha contra el narcoterrorismo de Pablo Escobar Gaviria. Luego de una brillante carrera militar y múltiples condecoraciones, el general de tres soles, en tiempos del presidente Virgilio Barco, fue designado como ministro de Defensa y, en particular, le tocaron dos episodios negros de la violencia desatada por el capo de capos: los asesinatos del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, y el procurador Carlos Mauro Hoyos.

En 1988 salió del Ministerio. Su nombre ocupa un lugar de privilegio en la Escuela de las Américas, en donde ha sido calificado como uno de los militares que deberían ser emulados y hasta hace tres meses fue el director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore). Su prestigio sigue intacto. Pero el fantasma del Palacio de Justicia lo tiene en serios líos. En 1985 era el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y respondía en las comunicaciones radiales militares del 6 y 7 de noviembre de ese año como Paladín 6.

Su concurso fue vital en la retoma del Palacio, ya que formaba parte de la cadena de mando que dio las órdenes de ingresar a sangre y fuego para rescatar a los rehenes, secuestrados por un comando del M-19 encabezado por Iván Marino Ospina. Hoy la Fiscalía lo investiga por la desaparición de 11 personas en la retoma. Junto a él, el ex comandante del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, deberá rendir indagatoria a finales de julio próximo. Arias es otro de los históricos en las Fuerzas Militares. Se ganó a pulso su espíritu combativo, cuando enfrentó como comandante en el Urabá la ola de sangre que dejó el enfrentamiento entre las guerrillas del Epl y las Farc con las autodefensas.

Su carrera se vio truncada en 1990, cuando fue retirado del servicio activo y posteriormente destituido por la Procuraduría, que consideró que tuvo responsabilidad como comandante de la Brigada XIII de los excesos en la retoma del Palacio. Quince años después el Consejo de Estado anuló su destitución. En 2005 Arias le dijo a El Espectador que su proceso fue una persecución política. La Fiscalía de Mario Iguarán opina lo contrario y también lo llamó para que diera explicaciones sobre los trágicos hechos ocurridos hace casi 23 años.

Desde el 27 de mayo pasado el condecorado mayor general (r) Iván Ramírez Quintero está detenido por los mismos hechos. Considerado como uno de los símbolos de la inteligencia militar, comandó los órganos castrenses más importantes en este campo. En 1980 ya había recibido cuatro medallas de servicios distinguidos en orden público, y hasta su retiro, a principios de 2000, su prestigio aún era comentado en las filas castrenses. Hoy está sindicado de torturas y desapariciones de civiles que salieron con vida del Palacio cuando era el director del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.