Orden de captura a ex gobernador

El departamento de Casanare parece una caja de Pandora. La región ha sido sitiada en los últimos años por una ola de corrupción y malos manejos de la administración pública que han derivado en múltiples investigaciones judiciales y disciplinarias. El ex gobernador Miguel Ángel Pérez fue condenado por sus vínculos con el comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare Héctor Buitrago Parada, alias Martín Llanos. El año pasado, la Fiscalía puso tras las rejas a seis alcaldes luego de comprobarse que firmaron un documento para favorecer los intereses del paramilitarismo. Por orden de la Corte Suprema de Justicia permanece en prisión el representante a la Cámara Óscar Wilches.

Y, como si fuera poco, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, acabó de tomar una trascendental decisión con el propósito de desentrañar los tentáculos de las autodefensas en una de las regiones más prósperas de Colombia y ponerle coto al desangre de las finanzas públicas: ordenó la captura del ex gobernador William Hernán Pérez Espinel —quien rigió los destinos del departamento entre 2001 y 2003— por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión.

El Espectador conoció la decisión, proferida por el Fiscal el pasado viernes, en la que luego de una minuciosa investigación, de contrastar testimonios y declaraciones, de un concienzudo análisis de pruebas documentales y, sobre todo, de la comprobación de la infiltración de grupos de autodefensas para saquear las arcas departamentales, profirió medida de aseguramiento en contra de Pérez Espinel. Un polémico político que incluso postuló nuevamente su nombre a la Gobernación de Casanare en octubre de 2007, avalado por el partido Apertura Liberal.

Lo curioso es que obtuvo el respaldo de ese partido político pese a que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al encontrar numerosas irregularidades en el manejo de la contratación estatal durante su período como primer mandatario de los casanareños. También tuvo serios cuestionamientos disciplinarios por presionar a un contratista para que le entregara unos dineros a cambio de adjudicarle una millonaria licitación para desarrollar una obra de electrificación en un municipio.

En agosto de 2007 la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que investigara varias declaraciones de varias personas y de algunos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Casanare que incriminarían a Pérez Espinel en el proyecto de expansión del paramilitarismo en la región. Con la reciente decisión de la Fiscalía, el ente acusador pretende aclarar cuál habría sido el alcance de la tajada de participación que exigieron los ‘paras’ de Martín Llanos en el departamento durante la gestión de Pérez. Y, principalmente, dilucidar si a través de los contratos se desangraron las finanzas regionales y el patrimonio público. La marea parapolítica sigue avanzando en la Fiscalía.