El mismo día cuando el suboficial retirado Édgar Santander Paz Morales llegó con una granada y se tomó una sede de un fondo de pensiones, cinco suboficiales más de las Fuerzas Armadas se reunieron en Bogotá. Desde hacía meses venían pensando qué hacer para llamar la atención, aunque reconocen que la medida tomada por Paz Morales superó los límites de lo que ellos habían imaginado.
El problema de esos suboficiales, que es el mismo de miles de miembros de las Fuerzas Armadas que se han retirado en las últimas dos décadas, se resume en un asunto: el Estado les adeuda plata. Al menos, eso afirman. Y se han llenado de argumentos para demostrarlo.
“En este momento hay unas 180.000 demandas contra el Estado”, afirma el capitán retirado de la Fuerza Aérea Juan Alfonso Fierro, quien hace un poco más de un año formó la Asociación Nacional de Veteranos de la Fuerza Pública (Analvet), con el fin de hacerle frente a lo que él considera, en sus propias palabras, “una burla”.
La razón de las demandas
En 1992 se creó la Ley 4, en cuyo contenido se determina que el Gobierno Nacional establecería “una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública”. Con el objetivo de llevar a cabo este propósito, el Gobierno recibió una partida presupuestal de 224.000 millones de pesos para que, entre 1993 y 1996, las diferencias de ingresos entre los distintos rangos de las Fuerzas Armadas no fueran tan amplios.
Y, según fuentes oficiales, así se hizo. Pero, según los retirados, esto no es cierto. Es por eso que un tercio de las demandas que hoy cursan contra la Nación por parte de los integrantes retirados de la Fuerza Pública exige que su sueldo reciba la nivelación prometida desde la Ley 4 de 1992.
El segundo punto neurálgico de las demandas tiene que ver con el aumento anual de los sueldos con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según las leyes nacionales, es el mínimo derecho de cualquier colombiano: que su salario se incremente, al menos, en una cifra igual al IPC. Pero, según los retirados, ésta no ha sido la norma que los ha regido, lo cual ha significado para ellos perder capacidad adquisitiva.
El tercer aspecto se refiere a la prima de actividad, propia de las Fuerzas Armadas, a la que tienen derecho los retirados en la misma proporción que se les asigne a los oficiales y suboficiales en servicio. Principio que no se ha cumplido, alegan los retirados.
Los demandantes
Hace dos meses, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) acogió un fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Bolívar, a raíz de una demanda interpuesta por Juan Zambrano, suboficial jefe técnico (r) de la Armada. La Caja resolvió reconocerle a Zambrano 3’318.291 de pesos como prima de actividad.
“Esta prima fue creada con carácter temporal, hasta cuando se consolidó la escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal perteneciente a la Fuerza Pública”, explicaba un documento de la institución, firmado por su director, el mayor general (r) Rodolfo Torrado.
Otro suboficial de la Armada, que prefirió omitir su nombre, pasó por una situación similar. Sólo que él alega que es más dinero el que le deben. “Me dieron cualquier cosa para salir de mí. Pero no es sólo la prima. Con lo que nos deben por el aumento proporcional al IPC que nos corresponde por ley, es mucho más dinero”, asegura el hombre. “Llevan 16 años burlándose de nosotros”.
En 2004, el hoy presidente de Analvet, el capitán de corbeta (r) Juan Alfonso Fierro, interpuso una “acción de nulidad y restablecimiento del derecho” contra la Cremil. El capitán quería que la Caja nivelara su remuneración, de acuerdo con lo establecido por la Ley 4 de 1992. El resultado de la demanda: el oficial recibió cerca de 500 millones de pesos por todas las liquidaciones. “Como mi caso hay miles. Y estoy seguro de que se van a ganar”.
¿Cómo solucionarlo?
El pasado 15 de mayo, representantes de los retirados de la Fuerza Pública se reunieron con voceros de los ministerios de Defensa y del Interior. Según los primeros, la deuda es tan grande que se necesitarían unos siete años, en los que lo recaudado con el cuatro por mil vaya a sus arcas. Para el Gobierno esta propuesta es, simplemente, inviable. Generaría un hueco fiscal difícil de superar.
No es la primera vez que los retirados difunden sus inquietudes. Después de un consejo comunal que se llevó a cabo en julio de 2007 en la Universidad Militar, se acordó que la oficina asesora de planeación del Ministerio de Defensa, junto con otras entidades como la Cremil y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), realizaran un análisis y diagnóstico respecto a las dudas generadas por el tema de la nivelación salarial.
El tema, sin embargo, es tratado todavía a cuenta gotas, de acuerdo con las demandas individuales que presentan los retirados, quienes, cansados de no ser escuchados, se tomaron el pasado 6 de mayo las instalaciones del Ministerio del Interior y no quisieron dejar entrar a Carlos Holguín Sardi, encargado de esa cartera.
“Fue la única manera de hacernos escuchar —afirma el capitán (r) Fierro—. O de qué otra manera nos hubieran dado la cita el 15 de mayo con tantos representantes de laNación”.
El Gobierno ya se comprometió a estudiar los casos de las personas que solicitan la nivelación de su salario, de acuerdo al IPC y a la prima de actividad. Pero los retirados están preocupados. Dicen que el sistema judicial va a colapsar con tantas demandas, y que ni una reforma pensional sería suficiente para darles una solución real.