El único recuerdo que tiene de su madre es también el último de su familia. Él tenía cuatro años y se quedó esperando a que esa noche del 6 de noviembre de 1985, Ana Rosa Castiblanco regresara a casa con el muñeco de Supermán que en la mañana le había prometido. Hoy tiene 27 años, su nombre es Raúl Lozano Castiblanco y junto a su hermana Esmeralda llevan dos décadas aguardando a que alguien les explique qué sucedió con su madre, cuyo destino fue el silencio por la mala suerte de trabajar como auxiliar de la cafetería del Palacio de Justicia.
Ese mismo noviembre de 1985, a sus 23 años, desde su casa en el sector de La Esmeralda, René Guarín también se quedó a la espera de que retornara al hogar su hermana Cristina, con quien compartía una cercana relación, además extensiva a los amigos del colegio. Hoy tiene 46 años, ejerce como ingeniero en una empresa telefónica, pero saca el tiempo que sea necesario para reclamar una respuesta a su interrogante: ¿Qué pasó con Cristina, cuya triste condición fue ejercer como encargada de la caja en la cafetería del Palacio de Justicia?
Hace dos décadas, Raúl Lozano y René Guarín fueron testigos de la lucha de sus mayores. Lozano creció en casa de su abuela María Torres y muchas veces constató cómo su tía Inés Castiblanco daba peleas públicas por conocer el paradero de su hermana. Además, fue ella quien se encargó de recordarle siempre que Ana Rosa Castiblanco era una mujer risueña, de amables modales y entregada a sus hijos. Cuando desapareció estaba embarazada de ocho meses y medio. Ese día rompió para siempre su implacable rutina: del trabajo a la casa.
A su vez, René Guarín rememora que en la misma noche del 7 de noviembre, a instancias del político conservador Víctor G. Ricardo, se le permitió a su padre José Guarín ingresar a la cafetería del Palacio a constatar lo sucedido, y que él fue quien lo acompañó a esa desolada inspección, en la cual encontraron, junto a la caja saqueada, la cédula de su hermana Cristina. Desde ese día, René Guarín constató cómo su padre se entregó a la dura tarea de liderar el reclamo de 10 familias más en búsqueda de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En los primeros años, mientras los familiares de los desaparecidos se conocían para compartir su desgracia, dos hombres lideraron la penosa súplica de justicia: el ex juez Enrique Rodríguez, padre de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería también desaparecido, y José Guarín, el padre de Cristina.
A pesar de la negativa a sus demandas, en el camino encontraron una voz que encauzó su lucha: la del penalista Eduardo Umaña Mendoza, quien hizo propia la búsqueda y fue el soporte para que la impunidad no se alzara con la victoria.
Fueron años de incontables reveses y ninguna esperanza. Pero la perseverancia dio frutos y el 15 de julio de 1993, por primera vez, una autoridad judicial les dio la razón. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acogiendo una ponencia del magistrado Benjamín Herrera, aceptó que sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia y condenó a los ministerios de Defensa y de Justicia como responsables por la desaparición de Cristina Guarín Cortés. Esta sentencia fue clave para empezar a abrir una brecha en busca de la verdad.
A partir de esa decisión, después confirmada en el Consejo de Estado, uno a uno se fueron ratificando los doce casos de desaparición en el Palacio de Justicia, incluyendo el de la guerrillera del M-19 Irma Franco. Pero José Guarín y Enrique Rodríguez no se dieron por satisfechos y, siempre apoyados por Eduardo Umaña, lograron a principios de 1998 otro avance: la Fiscalía ratificó que unos huesos encontrados en una fosa común abierta en la semana del holocausto, eran los restos humanos de la desaparecida Ana Rosa Castiblanco.
El día del reconocimiento oficial, los familiares de los desaparecidos se volvieron a encontrar. “La Fiscalía nos entregó 70 fragmentos de huesos con un detalle: había dos cabezas de fémur izquierdo. A los pocos días los llevamos a la cripta de una iglesia”, recuerda Raúl Lozano, quien ese día, junto a René Guarín o a los hijos de Héctor Beltrán, al lado de la nueva generación de familiares de los desaparecidos, reflexionó sobre la necesidad de empuñar las banderas de la lucha que habían librado sus padres.
El relevo se dio antes de lo esperado, no sólo porque Eduardo Umaña fue asesinado el 18 de abril de 1998, sino porque José Guarín falleció el 19 de febrero de 2000. Entonces su hijo René hizo un alto en su profesión de ingeniero y, con remotas opciones de sacar el asunto de las sombras, retomó el ideal casi extinto.
Y sin falta, cada 6 de noviembre volvió a la brega de convocar a los familiares de los desaparecidos para que acudieran sin falta a la Plaza de Bolívar, a no dejar extinguir la memoria de sus deudos.
“Nos rechazaban, nos tiraban agua, los medios nos ignoraban, hasta bolillo nos dio la policía”, comenta René Guarín, quien también promovía foros universitarios para exponer el caso. No obstante, en noviembre de 2005, cuando se cumplieron 20 años del holocausto, fue tal la cobertura que hizo el periodismo sobre este episodio judicial que, como lo resalta René, “se dio un cambio en el Estado y un mes después la Fiscalía ordenó reabrir la investigación”.
El caso quedó en manos de la Fiscalía, que el 22 de agosto de 2006, ocho meses después de la reapertura del caso, ordenó escuchar en indagatoria al coronel (r) Edilberto Sánchez, quien orientaba el B-2 de inteligencia durante la recuperación del Palacio de Justicia. “Ese día revivimos para el país y quedamos al frente de una investigación que no puede parar. No importa que nos insulten, ya es hora de que se sepa qué pasó con nuestros padres, hermanos o hijos”, agregó Guarín.
Por eso terminó aportando un testimonio terrible pero con dificultades probatorias. En diciembre de 2006 viajó a Europa y durante 12 días se reunió con el ex suboficial del Ejército Ricardo Gámez, quien vive exiliado en el Viejo Continente desde hace 20 años.
Como en su momento lo hizo ante la Procuraduría en los años 80, Gámez refirió a Guarín cómo se produjeron las desapariciones. Pero por seguridad no quiso testificar en el consulado.
René Guarín volvió a Colombia y entregó el testimonio grabado, en el que el ex suboficial Ricardo Gámez Mazuera aseguró saber dónde fueron enterrados los cuerpos sin vida de los detenidos en el Palacio de Justicia. Con un detalle que causó
escozor: según el ex militar, una de las detenidas rompió fuente y horas después dio a luz un bebé que, supuestamente, creció en Bogotá, en el seno de la familia de un suboficial del Ejército, quien fue beneficiado por esta acción.
Esta versión no impactó tanto a la justicia como a la familia Castiblanco. Hoy, más que nunca, Raúl Lozano quiere saber sobre el tema. No sólo para rendir homenaje a su abuela María, quien libra una desigual batalla contra el cáncer, sino también a su tía Inés, la mujer que se encargó de inculcarle lo especial que fue Ana Rosa Castiblanco y las ilusiones que tenía frente a su tercer hijo. “No sé si mi hermano está vivo. Pienso, miro a mi hija de cinco meses y sé que tengo que saber la verdad”.
La misma que busca Guarín. “Ya me han amenazado tres veces. La primera, el 16 de noviembre de 2006. Me dijeron por teléfono que sabían de mis dos hijos y me quedara con la jeta quieta. No me cansé de decirles que no fueran cobardes y dieran la cara. Un año después, me hicieron seguimientos en mi casa y en la de mi madre. La tercera vez fue a los 20 días y me volvieron a insultar por teléfono. Yo quiero que sepan los que lo hacen que no voy a rendirme hasta que la justicia diga quién desapareció a mi hermana”.
A su lado, más cauto pero decidido, Raúl Lozano agrega: “Tengo claro que el M-19 fue el responsable de la toma del Palacio, pero el Ejército tiene que aclarar por qué hubo desaparecidos. Yo crecí sin padres, porque a mi papá nunca lo volví a ver, pero hoy tengo una niña de cuatro meses y entiendo lo que significa el derecho a la verdad”. Y como él, están los hijos o hermanos de quienes nunca volvieron. La nueva generación de familiares de los desaparecidos del Palacio de justicia.
Hoy, en cada audiencia o diligencia judicial llegan con once retratos de sus deudos. Se ubican estratégicamente y claman justicia. En las últimas semanas han confrontado con grupos de parientes y amigos de los militares procesados. Una mujer se acercó temeraria y les dijo: “No busquen desaparecidos, porque ustedes saben bien que ellos están en fosas”. Pero ellos no creen. Después de 23 años, saben que el hilo que conduce a la verdad empezó a ser jalado. Es cuestión de esperar y están curtidos en hacerlo.