En Colombia, tristemente, el desplazamiento forzado dejó de ser un fenómeno para convertirse en un hábito. A nadie parece sorprenderle ya que en algún municipio, corregimiento o vereda, los grupos armados ilegales, los combates de éstos con la Fuerza Pública e incluso las bandas narcotraficantes obliguen a decenas de familias a abandonar sus tierras, dejando todo lo que les era conocido para internarse en las ‘selvas de cemento’ que para ellos resultan las ciudades.

No obstante, la lucha contra este delito de lesa humanidad continúa. Es por eso que a partir de hoy, hasta el próximo 31 de octubre, se difundirá la campaña ‘Corre por la vida’, promovida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Acción Social, Codhes, Pastoral Social, la Unión Europea y El Espectador, entre otros. En el marco de este lanzamiento, Acnur contrató al Centro Nacional de Consultoría con el fin de conocer cuál es la percepción de los colombianos sobre este tema.

 Según el sondeo, los ciudadanos de hoy perciben el desplazamiento forzado como una de las problemáticas más graves provocadas por la violencia. Eso piensa el 78% de los interrogados, número un poco menor que hace cuatro años (83%). Más de la mitad, el 57%, cree que éste es uno de los problemas que más afecta al país, igual que en 2004, cuando la cifra fue de 58%. Sin embargo, a pesar de que el 91% de los encuestados aseguró que ha visto población desplazada en calles y semáforos.

No obstante, a pesar de lo evidente del problema, sólo el 3% admitió pertenecer o haber pertenecido a algún grupo que busque ayudar a desplazados. La indiferencia, como en tantos otros asuntos nacionales, primó, aunque sólo un 4% reconoció no haber visto jamás a un desplazado.” Solo ahora la sociedad comienza a mirar con detenimiento este triste escenario. Pero percibo que está creciendo la sensibilidad”, aseguró el defensor del pueblo Vólmar Pérez, cuya institución apoya la campaña de ‘Corre por la vida’.  

Una de las preguntas en la que hay mayor acuerdo es sobre cuál es el tratamiento que se le debe dar a esta problemática. El 71% cree que se deben establecer programas y/o políticas especialmente creados para ellos y destinados a la reparación.

Por esta razón Acción Social, la entidad estatal encargada de la atención a la población desplazada, ya ha recibido varios ‘jalones de orejas’, en especial de la Corte Constitucional, que en su sentencia T025 de 2004 determinó que el Estado asumiera un papel mucho más responsable a la hora de proteger los derechos de este grupo de personas tan vulnerables.

En junio de 2008, la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, habló sobre la política de desplazamiento en Colombia. Según expuso Rentería, existen planes gubernamentales para fortalecer y ampliar aquellos programas que atienden a la población desplazada, así como para adecuar la oferta estatal a sus necesidades especiales.

Sin embargo, son tantos los problemas que persisten para ellos en cuanto a salud, educación y vivienda, que vale la pena que campañas como ‘Corre por la vida’, y muchas otras, le recuerden al país que en cuanto a desplazamiento aún falta mucho por hacer.