Recientes revelaciones entregadas por paramilitares a la justicia; los tentáculos de una organización en el Urabá liderada por un hermano del desmovilizado jefe de las autodefensas Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán; la presunta colaboración de un ex congresista al extraditado narcotraficante del cartel del norte del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta; y los eventuales vínculos de políticos con el capo Olmes Durán Ibargüen, alias El Doctor, fueron los elementos que tuvo en cuenta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para abrirles indagación preliminar a los parlamentarios Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Martínez Sinisterra y Antonio Valencia Duque, tres pesos pesados de la política en sus regiones.

Por su trayectoria política y su paso como presidenta del Congreso, el caso de la senadora del Partido de la U Dilian Francisca Toro causó revuelo en el escenario político del país. El Espectador conoció detalles de la indagación preliminar que enreda a la parlamentaria. Por ejemplo, la Corte estudia una escueta declaración de un testigo que manifestó que Dilian Francisca Toro, además de haber sido beneficiaria de organizaciones ilegales, relaciona que su esposo y ex senador Julio César Caicedo Zambrano, habría sido testaferro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, detenido en Brasil en 2007 y extraditado a Estados Unidos.

Una grave acusación que de inmediato fue desmentida con vehemencia por la senadora, quien expidió el siguiente comunicado: “Hasta el momento no he sido notificada sobre una presunta investigación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en mi contra. Aunque desconozco el supuesto proceso por el cual me investigaría el alto tribunal, me siento tranquila y estoy dispuesta a atender el requerimiento de la Corte Suprema. Mi trayectoria política es ampliamente conocida y transparente, y siempre responderé por mis actuaciones públicas y privadas”.

Dilian Francisca Toro, médica de profesión, fue concejal de su natal Guacarí (Valle) entre 1984 y 1988. Cuatro años después fue alcaldesa de esa población, seguidamente designada secretaria de Salud del departamento del Valle y en 2002 recogió el capital político de su esposo, Julio César Caicedo Zambrano, para dar su salto al Congreso. Entonces fue apadrinada por Carlos Herney Abadía Campo, un controvertido político que resultó condenado por el proceso 8.000. No obstante, su capital político creció como espuma y en 2006 obtuvo la mayor votación del Partido de la U al Senado y asumió como presidenta del Congreso.

Precisamente, el otro congresista investigado preliminarmente por la Corte Suprema, Juan Carlos Martínez, es un conocido aliado político de Carlos Herney Abadía. De hecho, fue uno de los principales impulsores de Juan Carlos Abadía (hijo de Carlos Herney) a la Gobernación del Valle. El nombre del parlamentario Martínez no ha sido ajeno a la controversia. En una década pasó de ser un comerciante en Buenaventura a edificar una carrera política que hoy lo tiene como uno de los senadores más conocidos del polémico partido Convergencia Ciudadana, otrora dirigido por el ex congresista Luis Alberto Gil, también salpicado en el escándalo parapolítico.