En momentos en que se vuelve a rumorar la eventual entrega a la justicia del jefe paramilitar del Casanare, Héctor Germán Buitrago Parada, más conocido como Martín Llanos, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación dictó en su contra medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, en desarrollo de una investigación que prueba cómo la organización bajo su mando estableció un régimen del terror en este departamento.
El origen de la investigación fue la denuncia de la ciudadana Blanca Dilma Sánchez, quien puso en conocimiento de la justicia que el 29 de julio de 2002, tras suscribir un contrato para el mantenimiento del acueducto de una vereda del municipio de Aguazul (Casanare), su esposo Luis Ariel Bernal López, fue desaparecido. Días después, ella fue abordada por dos individuos en una moto, quienes la conminaron a abandonar el pueblo con toda su familia si no quería correr la misma suerte de su marido.
Tres meses después, los dos hermanos de la primera víctima, José Efraín y Nelver Bernal, fueron sacados de su casa de habitación en la vereda Recetor, del municipio de Aguazul, sin que hasta hoy se sepa de su paradero. Las tres desapariciones ocurrieron cuando regentaba los destinos del municipio José Mauricio Jiménez Pérez, de quien desde entonces se afirmaba que tenía nexos con las autodefensas de Martín Llanos. El pasado 22 de noviembre de 2007, Jiménez Pérez, reelecto días atrás, fue detenido por estas relaciones.
En desarrollo de la investigación, compareció una ex secretaria de Agricultura del mismo municipio, quien testificó que siendo alcalde Jiménez Pérez, los que mandaban en el pueblo eran cuatro paramilitares de Martín Llanos, y que incluso se utilizaba una camioneta contratada por la Alcaldía para “levantar a la gente” y entregarla a José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias El Coplero, quien se encargaba de desaparecerla. Según la testigo, uno de sus hermanos corrió la misma suerte en febrero de 2003.
La Fiscalía logró aclarar que el día de su desaparición, el ciudadano Luis Ariel Bernal tenía que pagarle el 10% del valor del contrato a los paramilitares. Y que este caso no fue el único. Durante varios meses, mataron a mucha gente y otros tantos empezaron a desaparecer. Una testigo de excepción manifestó que nadie podía salir en Aguazul después de las 6:00 de la tarde y que diariamente mataban entre tres y cuatro personas. Varios presos y desmovilizados apoyaron a la Fiscalía para demostrar los crímenes perpetrados por las Autodefensas del Casanare.
En consecuencia, la Fiscalía dispuso la captura inmediata de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos y José Reinaldo Cárdenas Vargas alias El Coplero, segundo de la organización criminal, como responsables de la ola de desapariciones y crímenes que se perpetraron a partir de 2002 en Aguazul y otros municipios del departamento. Precisamente hoy, por nexos con Martín Llanos, la Fiscalía adelanta una investigación contra seis ex alcaldes de Sabana Larga, Villanueva, Maní, Tauramena, Aguazul y Monterrey, también del departamento del Casanare.
En agosto de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una histórica sentencia, condenó a 11 paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, porque desde los años 90, constituyeron “una organización delictiva dedicada a la elaboración y tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional”. Entre los condenados aparecieron Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Tripas, creador del grupo paramilitar en el Casanare, y su hijo Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como Martín Llanos, actual jefe de la organización criminal.
Lo paradójico es que después de 20 años de delinquir a sus anchas, los dos sujetos siguen libres. Buitrago Rodríguez estuvo preso entre 1996 y 1999, pero fue rescatado por un comando paramilitar cerca a Villavicencio. Su hijo Martín Llanos, otrora socio clave de Carlos Castaño, después protagonizó una guerra a muerte con los paramilitares de Urabá, que dejó decenas de familias enlutadas en el Casanare y Meta. Y hoy, aún sin castigo, sigue siendo un jefe paramilitar en la clandestinidad, asociado al tráfico de estupefacientes y responsable de un sinnúmero de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.