Con tutela sale del Ejército

Por más de cuatro meses el subteniente del Ejército, Edwin Vargas Figueroa, solicitó de manera infructuosa su retiro de las filas castrenses, sin haber obtenido una respuesta positiva a su requerimiento. Argumentó que quería buscar una mejor calidad de vida e irse a estudiar al exterior. Incluso justificó su decisión manifestando que ya había obtenido la visa y un cupo en una universidad de Bélgica donde debía haberse presentado desde el 14 de julio pasado.

El Ejército respondió que aunque había recibido la solicitud de retiro desde el 16 de mayo del presente año, esa petición no había reunido los requisitos establecidos para el personal de la Fuerza Pública. El documento fue remitido a la Dirección de Personal el 16 de junio, pero en esa dependencia le respondieron que sería presentado a la junta asesora del Ministerio de Defensa, que debía reunirse al otro día. Pero como la agenda ya había sido copada, el tema se discutió apenas el pasado 12 de agosto y su suerte educativa sigue aún en el limbo por falta de una respuesta oficial de la institución militar.

En vista de ello, el subteniente presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando violación al libre desarrollo de la personalidad y a escoger libremente una profesión u oficio “distinto al de las armas para obtener una mejor calidad de vida”. Narró que hizo su petición para abandonar las filas mientras estaba asignado al grupo blindado General Gustavo Matamoros D’Costa, que opera en La Guajira. Dijo que su solicitud no la había hecho en mayo, como lo manifestó el Ejército, sino el 25 de abril con el objetivo de viajar a Bruselas e ingresar al Institute de Formation des Cadres du Development.

En reciente sentencia el Tribunal Superior señaló que el hecho de que no se hubiera producido el acto administrativo que formalizaba la desvinculación del subteniente Vargas Figueroa se convirtió “en una franca vulneración, específicamente del derecho de petición, invocado con efectos nocivos y perjudiciales para la realización de sus estudios superiores en el exterior”, y más cuando debió haber ingresado a estudiar desde mediados del mes de julio.

“Es evidente, entonces, la vulneración de este derecho fundamental cuando la persona ha elevado la solicitud y no recibe respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley o cuando, no obstante de haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o adecuada de cara a la solicitud, sin que esto último signifique, claro está, que la respuesta implique una aceptación de lo pedido”, señaló en su pronunciamiento el Tribunal.

La corporación judicial agregó además que el Ejército debía responder en 15 días como máximo y tomando como referencia el día 16 de junio ya había transcurrido un tiempo suficiente para expedir el acto administrativo que resolviera la petición que el oficial había hecho. “Lo que significa que al omitir dicho pronunciamiento, la tutela se convierte en un mecanismo idóneo para impulsar una pronta solución”, sostuvo el Tribunal Superior de Bogotá.

Por eso, le dio la razón al subteniente Edwin Vargas Figueroa y ordenó que en menos de 48 horas fuera proferido el acto administrativo que resolviera de fondo la solicitud de retiro voluntario hecha por el oficial. La decisión se convierte en un duro precedente para evitar que estos casos se vuelvan a repetir en las filas castrenses. Mucho más cuando los miembros de la Fuerza Pública temen ser acusados de deserción, con las implicaciones penales respectivas.