Yidis Medina debía estar en su casa a partir del 26 de junio. Al menos eso se suponía, luego de la condena que la Corte Suprema de Justicia emitió un día antes, en la que la sentenció a 47 meses de prisión domiciliaria y a una multa de 85 salarios mínimos por el delito de cohecho propio: “Toda vez que en su condición de congresista aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar actos contrarios a sus deberes”, decía la formulación de acusación de los magistrados contra la ex representante.
Pero ese jueves 26 de junio se puso el sol sin que Medina pudiera verlo desde su hogar. Terminó el viernes 27 y se repitió la historia. Su abogado, Ramón Ballesteros, manifestó públicamente su molestia y advirtió que interpondría una queja ante la Procuraduría General por la negligencia del director del Inpec, el general (r) Eduardo Morales, para permitir que su defendida fuera trasladada a su casa. Morales, por su parte, le solicitó a la Corte Suprema que le explicara quién iba a garantizar el esquema de seguridad de la ex parlamentaria.
Al final, el debate no lo concluyó ni la Corte ni el Inpec ni Ballesteros. Lo hizo la Fiscalía General de la Nación el martes. Un fiscal especializado de Bucaramanga profirió medida de aseguramiento contra Medina, sin beneficio de excarcelación, por ser presuntamente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión. Así, se puso de nuevo sobre el tapete el tema del supuesto secuestro en el que Medina participó en 2000, cuando era contratista de la Alcaldía de Barrancabermeja (Santander).
El caso que hoy mantiene a Yidis tras las rejas de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, y no la deja salir de allí, está relacionado con los secuestros de los entonces tesorero y secretario de Hacienda de Barrancabermeja, Juan Carlos Carvajal y Ricardo Sequeda Cristancho, respectivamente, del diputado santandereano Luis Francisco Guarín y de la propia Medina, ocurridos el 21 de diciembre de 2000 en el puerto petrolero. No obstante, es un proceso enredado en el que aún hay muchos cabos sueltos por aclarar.
El abogado de Sequeda afirmó que meses después éste instauró una denuncia por lo sucedido, y que la misma fue recibida por un fiscal delegado ante el Gaula, en Bucaramanga. Los eventos relatados por Sequeda y Carvajal hablaban de un plagio cometido por hombres del Eln, quienes trabajaban al servicio de Medina. Ésta, quien manejaba el programa local ‘Generación
de Empresas y Empleo’, trabajaba con la Cooperativa Integrar, a la que la Alcaldía le debía una suma de dinero que, según los denunciantes, Medina exigía que le pagaran de inmediato. De ahí que supuestamente recurriera al secuestro extorsivo para presionar.
Sin embargo, cuando a la ex congresista la llamaron a declarar por el caso en septiembre de 2007, expresó que no formaba parte de los secuestradores, y que al contrario, ella también había sido retenida ilegalmente, e incluso presentó un documento en diciembre de 2000 en el que constaba su denuncia por plagio. El pasado 18 de febrero, el CTI reportó que en sus archivos no reposaba ese documento. Pero la Inspección Primera de Policía de Barranca expidió constancia de que Yidis Medina sí puso el hecho en conocimiento de las autoridades.
Este proceso ha sido un rifirrafe entre los implicados. Sequeda, quien hizo público este episodio en un programa televisivo de un canal regional en 2007, aseveró que Yidis saludó cordialmente a los guerrilleros e insultó a los cautivos por no haber pagado la deuda con la Cooperativa Integrar. A lo que la ex dirigente le respondió que si todo era verdad, por qué se había tomado tanto tiempo en divulgar los hechos y, de paso, recordó que otro de los supuestos secuestrados, el tesorero Juan Carlos Carvajal, estuvo detenido por el delito de peculado por apropiación.
Seguramente, la noticia de la detención de la ex representante a la Cámara no tomó por sorpresa a su defensor, Ramón Ballesteros. Éste ya había expresado que una eventual medida de aseguramiento por este proceso era posible. Lo que no disminuyó su enojo ante la negativa del Inpec de llevar a Medina a su residencia tal cual lo había dispuesto la sentencia de la Corte Suprema. Para el abogado, que nunca llegara la resolución del traslado era una “tomadera del pelo” que no respetaba los derechos de su defendida.
“Detención domiciliaria no puede ser dilatada”: Corte
El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa Pérez, señaló el martes que el alto tribunal está a la espera de que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Rodolfo Palomino, evalúe y garantice las condiciones de “seguridad integral tanto para la condenada, como para los lugares aledaños a la residencia donde cumplirá la prisión domiciliaria”.
Asimismo, la Corte señaló en su providencia que Yidis Medina fue condenada el 26 de junio a reclusión domiciliaria y que el acatamiento de esa decisión no podía ser dilatada por el Inpec, puesto que esa entidad sólo está facultada para controlar su cumplimiento. La Corte Suprema ofició al instituto penitenciario y a los organismos de seguridad del Estado para que se adopten las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.
Sin embargo, la Corte también notificó que el director del Inpec alcanzó a informar que la demora en su gestión se debía a la espera de la comunicación que llegó el martes mismo desde Bucaramanga.