En noviembre del año pasado se conoció que el entonces fiscal 12 de la Unidad Nacional Antiterrorismo, Jorge Iván Piedrahíta Montoya, ordenó intervenir las bases de datos de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el Sena, desde 1992, con el fin de indagar posibles nexos de las Farc con estos centros educativos. La medida, establecida el 22 de octubre, dio pie para que el 12 de noviembre se abrieran investigaciones penales. En su momento, el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago manifestó que no podía revocar la decisión que un fiscal había tomado con la autonomía que le correspondía a su cargo. Pero ahora la medida quedó invalidada. No por orden de la Fiscalía, sino del Tribunal Superior de Bogotá, a raíz de una tutela que entablaron dos estudiantes de la Universidad Libre.
John Arlet Angulo y Miguel Andrés Macías consideraron que sus derechos a la dignidad, la intimidad, la libertad y la presunción de inocencia habían sido vulnerados con la decisión de Piedrahíta. Recalcaron que el hecho de estar vinculados a alguna de las universidades en cuestión no significaba que fueran guerrilleros y que la Fiscalía había puesto en la picota a una comunidad entera.
El despacho, por su parte, argumentó que la medida hacía parte de una investigación que cursaba desde 2005 y que, luego de que las Fuerzas Militares hallaran unos archivos de las Farc en La Macarena (Meta) en los que se evidenciaba la penetración de este grupo guerrillero en las universidades, no quedaba otra opción que indagar.
Los argumentos del ente investigador, sin embargo, no fueron suficientes para los magistrados, quienes les dieron la razón a los otorgantes. En su fallo, emitido recientemente, le ordenaron a la Fiscalía 12 Antiterrorismo que “en lo sucesivo no emita órdenes genéricas que puedan afectar potencialmente derechos fundamentales de terceros y que, además, no vincule con base en esa orden genérica a ninguna otra persona a la investigación penal que adelanta en contra de algunos ciudadanos por los delitos a que hace referencia en la resolución emitida el 12 de noviembre del presente año”. Es decir, que a partir de ahora, la Fiscalía 12 Antiterrorismo no podrá judicializar a nadie más en el marco de esta medida.
A raíz del escándalo suscitado por su medida, Piedrahíta fue declarado insubsistente por el fiscal general, Mario Iguarán, a finales de noviembre pasado y días después el Consejo Superior de la Judicatura lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 20 años, por un caso ajeno a este asunto. Y aunque la discusión se centró en el tema de las bases de datos universitarias, la Procuraduría, en un documento emitido casi al tiempo que el Tribunal Superior de Bogotá, dio a conocer su fallo, en el que refutó otra decisión del ex fiscal. El pasado 12 de septiembre, Piedrahíta dispuso “filmar las manifestaciones presentadas en las diferentes universidades”, alegando también que lo hacía para establecer las relaciones entre el movimiento bolivariano, el partido comunista clandestino (PC3) y las universidades.
El Ministerio Público contempló que una decisión como ésta contravenía “ciertos postulados que han de regir la investigación penal”. Anotó que la Fiscalía no aclaró qué universidades serían objeto de dicha medida y, en especial, que no advertía correspondencia entre la prueba ordenada (filmar las manifestaciones de estudiantes de algunas universidades) y los hechos investigados (rebelión). “Contrario a ello, resulta una forma de rotular o estigmatizar a quienes ejercen el derecho de protestar, como si su participación en esas actividades constituyera un acto ilegal o ilícito”. Con estos argumentos, la Procuraduría le solicitó al Fiscal General que se revoque la decisión cuestionada. La respuesta aún no se ha dado a conocer.
El caso del profesor William Javier Díaz
A raíz de la medida del ex fiscal Jorge Iván Piedrahíta, el 12 de noviembre, integrantes de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el Sena comenzaron a ser judicializados. Uno de ellos fue William Javier Díaz Ramírez, profesor de la Universidad Distrital y coordinador del Taller de Formación Estudiantil Raíces.
Su arresto provocó indignación en la comunidad universitaria. El rector de la Distrital, Carlos Ossa Escobar, le envió una certificación a la Fiscalía General de la reconocida labor de Díaz como docente. “(Es un) reconocido librepensador, promotor y defensor de los derechos humanos”, expresó Ossa.
Lo mismo se hizo en el colegio Saludcoop Sur, en donde se recolectaron decenas de firmas en favor de Díaz.