Más allá de las investigaciones por enriquecimiento ilícito, irregularidades en contratación y extorsión que la Fiscalía adelanta contra el controvertido Pablo Ardila Sierra, el testimonio del hermano de un hombre asesinado, quien colaboró con la campaña del dirigente político cuando aspiraba a la Gobernación de Cundinamarca, podría abrir un nuevo frente de insospechadas consecuencias en la ya dilatada relación entre dirigentes políticos y paramilitares en Colombia.
Alejandro Montes Briceño, hermano de Juan Pablo Montes, quien fue baleado en Bogotá en octubre de 2007, aseguró en declaración al ente acusador que el propio Ardila Sierra y el ex secretario de Tránsito y posterior diputado departamental Julio Eduardo Riveros, conocido como Yiyo, les ordenaron a él y a Juan Pablo que contactaran a Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila, y a John Gallo, conocido como El Pájaro, comandantes de las autodefensas en Cundinamarca, con el fin de buscar su permiso para que Ardila pudiera hacer proselitismo en la zona de influencia de ese grupo al margen de la ley.
Según Alejandro Montes, el encuentro finalmente se concretó en septiembre de 2002 cuando acompañó a su hermano al municipio de Yacopí, donde hablaron con El Águila sobre el aval para que Pablo Ardila pudiera hacer campaña libremente. Como consecuencia de esa reunión, en mayo de 2003, relató Montes, fue con Juan Pablo a recoger $200 millones a la firma Thomas Greg and Sons, por orden de Pablo Ardila, que luego llevaron a Yacopí para dárselos a alias El Águila. Pero de acuerdo con el testigo de la Fiscalía, no fue la única entrega que hicieron a los paramilitares.
En marzo de 2004, nuevamente su hermano Juan Pablo fue comisionado para que llevara $400 millones a El Águila con el fin deque se los repartiera con los otros jefes del grupo ilegal. Aparte de esa declaración, la Fiscalía señala a Pablo Ardila como supuesto responsable de enriquecimiento ilícito. La investigación se inició con un reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda denominado Picapiedra, de junio de 2007, en el que se menciona que Ardila realizó 573 depósitos por más de $3.264 millones y 823 retiros superiores a $4.811 millones entre el 1º de julio de 2003 y abril 30 de 2007. Luego, un análisis de las cuentas bancarias de Ardila, del período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, arroja diferencias considerables por los valores depositados, que el ex gobernador debe explicar, por una cifra que supera los $5.009 millones.
La atención del ente acusador también se ha dirigido a la posible celebración irregular de contratos durante su administración entre 2004 y 2007. Uno de esos casos se relaciona con la expedición del decreto N° 194 de julio de 2004, mediante el cual se declaró la urgencia manifiesta para suscribir de forma directa el contrato de prestación de servicios N° 002 para publicar en el diario La República 98.249 edictos de declarantes del impuesto de vehículos omisos o inexactos. Asimismo, el contrato de prestación de servicios N° 05 de diciembre de 2004 con la Unión Temporal Guardianes Compañía Líder Ltda. por $9.900 millones con el objeto de prestar vigilancia y seguridad para las instituciones educativas oficiales de 113 municipios de Cundinamarca.
Otro de los contratos que genera suspicacias es el N° 06 de 2004 con la firma Unión Temporal Comware S.A. Solinoff Ltda., soluciones integrales de oficina, por más de $22.358 millones, a través del cual se realizó el suministro y dotación de la plataforma informática de las instituciones educativas de la Secretaría de Educación del departamento.
Ardila, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por otro proceso relacionado con los areneros de Ricaurte, Cundinamarca, deberá explicarle a la Fiscalía no sólo si se enriqueció ilegalmente, sino además la versión que lo relaciona con grupos paramilitares que operan en la región.