El procurador Alejandro Ordóñez parece resuelto a defender, desde el Ministerio Público, sus innegociables posiciones en contra del aborto y de que parejas del mismo sexo puedan conformar una familia y adoptar. Esto último lo formalizó en un polémico concepto ante la Corte Constitucional la semana pasada, en el que argumentó que los derechos de los menores estaban por encima de las pretensiones de las parejas homosexuales.
Sin embargo, el primer golpe de gracia de Ordóñez a la sentencia que despenalizó parcialmente el aborto, al decir de sus contradictores, lo propinó el pasado 20 de abril, en una extensa carta que le envió Ilva Myriam Hoyos, procuradora para la defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, a la abogada Mónica Roa, representante en Colombia de la ONG Woman’s Link Worldwide y conocida por ser la demandante de la ley que penalizaba la interrupción voluntaria del embarazo.
En el documento, la alta funcionaria le notificó a Roa que la Procuraduría no iba a renovar con la ONG un convenio de cooperación interinstitucional, suscrito en marzo del año pasado con el entonces procurador Edgardo Maya, en razón de que las funciones del Ministerio Público como garante de la sociedad no podían ser compartidas con organizaciones extranjeras; que además, por ser Roa la demandante, existe un conflicto de intereses; que el organismo asumirá las labores de control consignadas en el fallo sobre el aborto y, en últimas, porque no estaban obligados a renovar el convenio.
Una decisión que, por los motivos esgrimidos, es un claro mensaje, según Mónica Roa, para las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y de las reivindicaciones constitucionales alcanzadas tras la sentencia que despenalizó parcialmente el aborto. “El conflicto de intereses le aplica es al funcionario, no a un particular como yo. Creo que la señora Hoyos es la menos indicada para garantizar la sentencia, por sus conocidas posiciones en contra del aborto que puso en conocimiento de la Corte Constitucional durante el trámite de esta discusión”, sostuvo Roa.
Y añadió que aunque la Procuraduría no tenía obligación de renovar el acuerdo, “con la justificación que nos dieron” quedaron demostradas las primeras movidas de Ordóñez sobre el controvertido tema del aborto. De hecho, Ilva Myriam Hoyos escribió hace años un libro llamado La constitucionalización de las falacias, en el que afirma que una cosa es que el aborto no sea un delito y otra muy distinta, que el Estado avale estas prácticas.
Entre marzo de 2008 y marzo de 2009, la ONG de Roa ofreció talleres de capacitación a funcionarios de la Procuraduría para que conocieran el marco normativo de la sentencia del aborto y brindó asistencia técnica a mujeres para que, a través de tutelas, pudieran obligar a las EPS a cumplir con el fallo. “En este tiempo encontramos que los obstáculos más fuertes están en el sistema de salud y el judicial. Hay un grandísimo abuso de la figura de la objeción de conciencia, pero han sido muy pocas las sanciones”, advirtió la abogada, quien no ocultó su preocupación por lo que pueda venir en la Procuraduría.