Un detallado informe de ocho páginas, que fue entregado hace pocos días al fiscal Mario Iguarán Arana, en el que se detalla la relación de procesos penales que tienen pendientes 21 gobernadores y ex gobernadores del país por el presunto mal manejo de recursos derivados de las regalías, evidenció un panorama preocupante que tiene en alerta a los organismos de control.
Lo más particular es que la mayoría de ex gobernadores investigados por desviación de regalías también afrontan expedientes por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa, e incluso los ex gobernadores de Casanare, Meta y Magdalena, Miguel Ángel Pérez, Edilberto Castro y Trino Luna Correa, respectivamente, ya purgan condenas por sus probadas relaciones con los grupos paramilitares al mando de Héctor Buitrago, alias Martín Llanos y del extinto jefe del Bloque Centauros, Miguel Arroyave.
Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Pérez la Fiscalía indaga si existieron irregularidades en la destinación de 637 contratos por un valor de $63.721 millones y 253 convenios por $42.260 millones. Una fiscalía en Yopal le remitió un informe a la Contraloría en 2004 que además reportó que también se investiga un convenio por casi $9 mil millones entre la Gobernación de Casanare y el Instituto Financiero de ese departamento. El otro ex gobernador de Casanare investigado es Withman Porras, quien al parecer le dio al presupuesto derivado de las regalías un destino diferente al permitido por la ley.
El ex gobernador Edilberto Castro –condenado por la Corte Suprema de Justicia por el homicidio de tres dirigentes políticos del Meta– está siendo investigado por un informe que elaboró la Dijín de la Policía en el que se detallaban presuntos malos manejos en la suscripción de millonarios contratos de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de obras de infraestructura de la región. Este expediente, sin embargo, está en investigación preliminar, como otros nueve más relacionados en el informe remitido al Fiscal.
Es así como los ex gobernadores del Huila, Juan de Jesús Cárdenas; de Norte de Santander, Juan Alcides Santaella; del Magdalena, Trino Luna; de Boyacá, Jorge Eduardo Londoño; de Sucre, Jorge Eliécer Anaya y de Putumayo, Jorge Devia Murcia, afrontan indagaciones previas por, al parecer, irregularidades en procesos licitatorios, supuestos favorecimientos ilegales, desvíos de dineros y millonarios contratos que habrían sido fraccionados o la expedición de decretos para autorizar gastos innecesarios.
Por su parte, el detenido ex gobernador del Cesar, Hernando Molina Araújo –llamado a juicio por la Fiscalía por supuestos nexos con el bloque Norte de las Autodefensas–, tras un reporte de la Contraloría General de la República, está vinculado a un expediente por las presuntas anomalías cometidas durante su administración en un contrato de interventoría cuyo objeto era vigilar recursos asignados a la cobertura del régimen subsidiado de salud en la región. A su vez, el ex mandatario de Putumayo Jorge Devia es indagado por el destino que le dio a proyectos de mejoramiento de infraestructura vial que no se ejecutaron.
La Fiscalía, según el reporte conocido por este diario, se apresta a resolver el expediente del ex gobernador de Córdoba Ariel Arteaga, de quien se detectaron presuntas irregularidades en un millonario convenio con Asosanjorge. El actual gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, también afronta un proceso a punto de fallarse en el ente acusador “por presuntas anomalías en la utilización de regalías y compensaciones en el departamento para la vigencia del año 2000”. Y en igual estado se encuentra el proceso contra el ex gobernador de Arauca Julio Acosta, también mencionado por varios paramilitares.
El documento menciona las indagaciones que adelanta contra seis ex gobernadores de Cauca, Antioquia, Nariño y Tolima, incluido el actual precandidato presidencial por el liberalismo Aníbal Gaviria Correa. De igual manera, llama la atención la investigación en contra del ex gobernador de Boyacá Jorge Eduardo Londoño, porque durante los años 2005 y 2006 la administración recibió $67.000 millones por concepto de regalías, “desviándose gran parte de estos recursos a sectores que no se debían financiar y descuidándose a sectores de la salud, educación”, resalta el informe.
En esencia, aunque muchas investigaciones por el presunto manejo irregular de regalías están en etapa preliminar, lo cierto es que el panorama es desalentador y así lo han entendido los organismos de control del país.