Varios interrogantes quedaron en el Palacio de Justicia luego de que el director de la Agencia Presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, se enfrentara con los principales evaluadores del trabajo que su institución realiza en cuanto a la atención a los desplazados: la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Comisión Colombiana de Juristas, la Procuraduría y el organismo que le ordenó rendir cuentas periódicamente sobre este tema, la Corte Constitucional.
Ante los magistrados Nilson Pinilla, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas; el director de Codhes, Marco Romero; los abogados Rodrigo Uprimny y Gustavo Gallón y otros funcionarios públicos y privados, Hoyos Aristizábal respondió a los cuestionamientos, en particular, de la gestión que Acción Social ha desarrollado a partir del auto 008 de 2009 de la Corte Constitucional. En éste, el alto tribunal recordó que en cuanto a la población desplazada persistía el estado de cosas inconstitucional, es decir, que sus derechos continúan siendo vulnerados constantemente.
De las problemáticas que dicho auto abordó, tres fueron claves en esta audiencia: viviendas, reforma de la política de tierras y acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Sobre el primer asunto, Hoyos explicó que la entrega de casas prefabricadas ha resultado efectiva. Del segundo, argumentó que la restitución de tierras estaba supeditada a los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz. Y acerca del tercero, describió el apoyo que su oficina le ha proporcionado al Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Comisión de Reparación.
Hoyos afirmó que, a pesar del recorte fiscal que se aproxima, no se recortaría “ni un peso” del presupuesto de su entidad para atender a desplazados, que es de unos $340 mil millones. Aseveró que la cobertura en salud pasó del 30% al 80%, que en educación la cobertura superó el 90% y que el rubro de ayuda humanitaria ya rodea los $200 mil millones. El tema de las tierras, sin embargo, fue el punto neurálgico: “Reconozco que en Colombia hay una tradición históricamente débil de protección a tierras”.
Las réplicas no se hicieron esperar. Uprimny reclamó que Acción Social todavía no hubiera definido una acción administrativa para restaurar tierras y que, peor aún, se limitara a una sentencia judicial previa. Romero expresó que, si bien el Gobierno ha trazado ciertos lineamientos con base en las exigencias de la Corte Constitucional, estos sensibles temas “no han tenido avances significativos y los plazos van es por cuenta de la población desplazada”, y reiteró que las políticas de vivienda y de tierras para las personas sometidas a tal condición necesitan un replanteamiento.
Si algo quedó claro en esta audiencia de Hoyos ante la Corte es que aún no se sabe con exactitud cuántas hectáreas han sido abandonadas en el marco del desplazamiento. El magistrado Vargas, sin embargo, dijo que le tenía “que preocupar al país” que las cifras de Acción Social difirieran tanto de las de la Contraloría, ente que ha hablado de cerca de 5 millones. Y aunque Hoyos expresó una y otra vez que el Gobierno sí estaba tomando acciones para atender a los desplazados, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, sólo encontró dos palabras para definir la exposición que había presenciado: “Supremamente floja”.