Pese a que un juez de Bogotá había declarado la nulidad del proceso que se adelantaba contra Luis Fernando Almario Rojas, la Fiscalía cree poseer evidencias suficientes que relacionarían al ex parlamentario con la muerte del congresista Diego Turbay Cote, su madre y cinco personas más que los acompañaban cuando fueron asesinados en su natal Caquetá. Por eso, en la última semana de agosto el ex congresista deberá rendir una nueva indagatoria en relación con la masacre ocurrida el 29 de diciembre de 2000.
Testimonios como los de los ex guerrilleros Fernando Bahamón Céspedes, capturado por el CTI de la Fiscalía el pasado lunes en Bogotá, y Gerardo Aguirre Ballesteros forman parte del acervo probatorio que el ente acusador tiene en contra del ex parlamentario. Por ejemplo, Bahamón Céspedes aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que durante la época de la zona de distensión, en el Caguán, presenció una reunión en la que Almario estuvo con importantes jefes guerrilleros, como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, con el objetivo de consolidar una alianza para fortalecer la influencia de las Farc en el departamento del Caquetá, que debía comenzar con la eliminación de los Turbay. Aunque posteriormente la Fiscalía interceptó varias comunicaciones en las que el guerrillero le pedía $300 millones a Almario para retractarse de su declaración, la Corte Suprema no deslegitimó la prueba al considerar que una cosa era la extorsión y otra que Bahamón hubiera dicho mentiras.
Entre tanto, Aguirre Ballesteros recordó que en una reunión entre las Farc y un emisario de Almario se acordó la ejecución del asesinato. Como si fuera poco, el transportador fluvial Lucas Medina Triviño dijo ante la propia Corte que luego de los homicidios de los Turbay y sus acompañantes recibió medio millón de pesos de Almario con el fin de que llevara un mensaje a las Farc, proponiéndoles una “reconciliación”, debido a que el grupo subversivo aseguraba que él era promotor de las autodefensas en el departamento.
El proceso había sido declarado nulo por el Juzgado Cuarto de Descongestión de la capital al argumentar que había una violación al debido proceso, porque Almario no fue debidamente vinculado desde la indagatoria y por eso en ese momento recuperó su libertad. Aunque su juez natural era la Corte Suprema de Justicia, el ex congresista renunció a su fuero y su caso pasó a la Fiscalía.
Al ex parlamentario, de origen Conservador, se le investiga como presunto autor intelectual de los asesinatos, aunque él ha negado su responsabilidad en los hechos de manera reiterada.