Más de cuatro años después de que cerca de 600 personas desaparecieran en Norte de Santander sin dejar rastro , apenas ahora comienza a conocerse lo que ocurrió con ellas, tras un tortuoso proceso para las familias y un metódico trabajo de la Fiscalía que, aunque tiene en su poder los registros de las víctimas, aún trata de determinar qué ocurrió con sus cuerpos.
De la violencia criminal desplegada por los paramilitares entre los años 2000 y 2004, hasta el momento el ente acusador ha podido recuperar 69 cuerpos, algunos de ellos desmembrados, aunque en otros casos apenas se han hallado algunos restos óseos. Y aunque las exhumaciones continúan, gracias a los relatos de las víctimas y de los propios desmovilizados en su ánimo de colaborar con la justicia para buscar beneficios, es probable que un gran número de cadáveres no sean encontrados, debido a que las víctimas fueron llevadas a territorio venezolano, lanzadas a ríos como el Tarra o el Catatumbo o incineradas en los hornos de la muerte de los que dieron cuenta los ex jefes paramilitares Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, y Salvatore Mancuso.
Para la Fiscalía, el hecho de que apenas ahora se empiece a conocer del elevado número de desaparecidos es claro: las familias no podían denunciar ante las autoridades lo que había ocurrido con sus seres queridos. “La única opción que tenían en estos casos era dirigirse a los comandantes paramilitares de la zona y preguntar lo que había sucedido. La respuesta en la mayoría de los casos era que dejaran eso así, si no querían correr la misma suerte de los fallecidos”, aseguró una fuente de la Fiscalía.
Increíblemente en esa abultada lista de desaparecidos aparecen paramilitares o familiares suyos, quienes fueron asesinados por haber incumplido órdenes de sus inmediatos superiores o al haber emprendido actividades delincuenciales como la extorsión, sin su permiso. Con la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de cientos de ex combatientes, ese panorama empezó a cambiar y las familias de las víctimas se han acercado a la Fiscalía a preguntar por su suerte.
Con esas denuncias el ente acusador, por ejemplo, en el caso del Frente Fronteras, que dirigía alias El Iguano, tiene registros de la desaparición de 159 personas en Cúcuta, San Calixto, Sardinata, Arboledas, El Tarra, el Zulia, Ragonvalia, Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios, Convención y Salazar de las Palmas. “En su mayoría eran vigilantes, conductores, jóvenes de barriada, vendedores ambulantes y hasta estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander que eran llevados desde Cúcuta a otros lugares”, señaló el vocero de la Fiscalía.
Pese a los buenos resultados en el proceso de identificación de víctimas de la barbarie paramilitar en Norte de Santander, la Fiscalía ha encontrado otra clase de obstáculos en la reconstrucción histórica de lo ocurrido en ese departamento. “Los familiares a veces se crean una gran expectativa de que en poco tiempo van a recibir los cuerpos de sus seres queridos, cuando en algunos casos lo único que se va a lograr es saber qué ocurrió con ellos”, agregó la fuente.
Otro inconveniente es que los allegados de los fallecidos viven en veredas apartadas o tuvieron que desplazarse a otras regiones ante las intimidaciones de los violentos. No obstante, continúa la toma de muestras de ADN a familiares de los desaparecidos por parte de la Fiscalía, para cotejarlas con los restos hallados. Además, esta semana el Inpec trasladó a la ciudad de Cúcuta a alias El Iguano, quien se encuentra reunido con antiguos lugartenientes suyos, ahora encarcelados, para ser interrogados sobre casos específicos y que confiesen lo que ocurrió con las víctimas.