El agujero negro de Ciénaga

Un fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía descubrió cómo las mafias para defraudar al Estado se sirvieron de la justicia en el Magdalena y, en tiempo récord, adulteraron expedientes, ordenaron pagos inexistentes o supuestas cirugías absurdas que terminaron por costarle al Instituto de Seguros Sociales más de $1.000 millones. Evidencias en poder del ente acusador relacionan a Magally Esther Suárez Ariza, jueza de Ciénaga, como enlace de este cartel que, en poco tiempo, se apropió de cerca de $10.000 millones.

El Espectador conoció la medida de aseguramiento en contra de la jueza Suárez Ariza, proferida el pasado viernes, en la que se leen cosas tan inauditas como que tramitó varias demandas contra el ISS en las que supuestamente se practicaron histerectomías (extirpar el útero) a Silfredo Antonio Rada y Wilfredo Antonio de la Hoz. El ISS pagó casi $200 millones por estas cirugías inexistentes que, según médicos consultados por la Fiscalía, son imposibles porque, sencillamente, “los hombres no tienen útero”. Al ser interrogada por la justicia sobre qué era una histerectomía, la jueza dijo desconocer el procedimiento quirúrgico.

Un informe del CTI de la Fiscalía calculó la defraudación al Estado en $1.030 millones, ejecutados en cuentas de cobro fraudulentas de procesos ejecutivos y 12 mandamientos de pago por los cuales la jueza fue capturada por el delito de peculado por apropiación y sigue investigada por el delito de prevaricato por acción. En esencia, se estableció que estos procesos ficticios fueron fallados por la jueza Suárez Ariza entre septiembre de 2006 y febrero de 2007, es decir, en tiempo récord, cuando un proceso ejecutivo puede durar varios años. Además, Suárez, con 23 años de experiencia, tramitó expedientes sin tener competencia y ordenó pagos de cirugía de “imposible ocurrencia”, como la histerectomía a dos hombres.

Facturas irreales con números consecutivos alterados o demandas simuladas, como el dinero que la jueza ordenó cancelarle a la firma Novamédica Ltda. por valor de $103 millones, fueron documentados por la justicia. La propia firma Novamédica informó a la Fiscalía que desconocía ese expediente, que la firma que avalaba el supuesto reclamo fue adulterada y que ningún abogado de su empresa interpuso una demanda contra el ISS. Todos estos mandamientos de pago en contra del ISS fueron resueltos en un tiempo máximo de dos semanas. El colega de Suárez en Ciénaga, el juez Antonio Rafael Vives Cervantes, se acogió a sentencia anticipada por defraudar a la Nación en casi $9.000 millones.

En numerosos procesos el nombre del abogado Hugo Quintero Cervantes ha sido mencionado como uno de los tramitadores irregulares de este millonario desfalco. “El hecho de que sea una mujer quien reconozca y ordene el pago de histerectomías realizadas sobre personas del sexo masculino es un elemento que resulta por lo menos inquietante y que pone de presente que la única pretensión era que el pago se efectuara, sin entrar a considerar la inexistencia de las obligaciones”, conceptuó la Fiscalía. Según la investigación, el ex director del ISS en Magdalena, Nelson Vives Lacouture, detenido hace mes y medio, también haría parte de esta red de desfalco.

Pero, según parece, los tentáculos de estas mafias llegaron al Congreso. Un testigo relacionó al ex parlamentario Miguel Pinedo Vidal como uno de los beneficiarios de porcentajes de este agujero negro por el cual en los últimos años el Estado ha perdido miles de millones de pesos. Pinedo fue vinculado al expediente y llamado a indagatoria. El ex congresista —también procesado por el escándalo parapolítico— negó haber cohonestado estas prácticas. Su proceso, sin embargo, será remitido en los próximos días por un fiscal anticorrupción a la Corte Suprema, en virtud del reciente cambio de jurisprudencia del alto tribunal.