El fantasma de la Corte Penal

Si a la Corte Suprema de Justicia no se le permite cumplir con su deber, no descarta acudir a la Corte Penal Internacional para que los crímenes cometidos por grupos paramilitares sean debidamente castigados.

La Corte Suprema de Justicia tiene claro que las verdades del paramilitarismo tienen que salir a flote para beneficio de la sociedad colombiana y está dispuesta a cumplir con este deber histórico hasta sus últimas consecuencias. En el país lo promueve con diversas decisiones, como recobrar la competencia para procesar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica, y a nivel internacional comienza a dar decisivos pasos para garantizar que no queden sin castigo sus crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Esta misma semana, el alto tribunal avanzó en una inusual gestión internacional que ya tiene agenda complementaria para los próximos días y que dará de qué hablar en Colombia, por los efectos que van a derivarse de tal acción. Con la evidencia de ser blanco del acoso de distintos sectores, incluso del Estado, la Corte puso en conocimiento de altas instancias de Estados Unidos su crítica situación, al tiempo que emprendió labores para que en Europa también quede claro que no obra políticamente, sino que defiende el derecho a la justicia.

Una delegación de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente Augusto Ibáñez, además de algunas reuniones académicas en universidades norteamericanas, sostuvo trascendentales encuentros con altos funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales no sólo les hizo saber las dificultades que hoy afrontan en su propósito de cerrarle el paso a la impunidad, sino que el debate permitió plantear si algunos episodios pueden rayar en obstrucción a la justicia.

La gira en Washington permitió otra cita inédita en las relaciones entre las dos estados: los presidentes de las salas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia con los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos. Un encuentro tan protocolario y solemne como directo y especializado. Se habló de cooperación judicial entre las dos naciones, de la necesidad de luchar contra la impunidad y de un tema histórico que resultó clave en otras reuniones: el legado del Tribunal de Nuremberg como punto de partida de la nueva justicia.

Como lo acuñó el magistrado Augusto Ibáñez en reciente entrevista con Yamid Amat, “el siglo XXI es el siglo de los jueces y el siglo de las víctimas”, y en las entrevistas de la delegación de la Corte Suprema de Justicia con dignatarios de Estados Unidos, quedó refrendado este axioma. El juez encerrado en su despacho y ajeno a la evolución social es un rol del pasado. Hoy se requiere una justicia activa y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron saber en Washington que cumplirán ese papel, cualquiera sea el precio.

Sin embargo, en medio de su agenda en Estados Unidos, los dignatarios de la Corte tuvieron tiempo para examinar internamente cómo robustecer su deber en el crítico escenario colombiano. Y en sus reflexiones a puerta cerrada no tardaron en surgir los tropiezos. El principal de ellos, la forma como desde otros frentes del Estado es evidente la intención de controvertir sus acciones. Se comentaron, por ejemplo, las dificultades que hoy afronta la jueza que debe fallar el caso del Palacio de Justicia, blanco de múltiples amenazas.

Igualmente se habló de las medidas de protección que hoy tiene la magistrada María del Rosario González en la OEA y que deberá justificar en los próximos días en Washington. Pero sin duda, el asunto más preocupante, del cual no se habló con las personalidades de Estados Unidos, pero tiene en ascuas a la Corte Suprema, es el comportamiento observado por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien no ha ocultado su intención de controvertir el camino del alto tribunal respecto al explosivo tema de la parapolítica.

“La Corte Suprema tiene claro que el procurador Ordóñez no descarta entablar una tutela para tumbar la jurisprudencia que recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica, pero también sabe que de llegarse a esta instancia, tiene un camino inevitable para preservar la justicia”, comentó una fuente cercana al alto tribunal, quien además no descartó que en los próximos días la Comisión de Acusación de la Cámara la emprenda judicialmente contra algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, esa senda legal también pasa por los estrados internacionales. De ninguna manera la Corte Suprema quiere renunciar a su deber judicial y hará todo lo que esté a su alcance para que la sociedad colombiana se sienta interpretada con sus decisiones, pero también tiene claro que si la impunidad se erige como una amenaza real, los magistrados están dispuestos a llevar sus investigaciones a la Corte Penal Internacional, cuya facultad ya es una realidad para Colombia y los 97 países restantes que aceptaron su competencia.

Hasta el momento, este organismo tiene opción de evaluar los delitos de lesa humanidad y episodios de genocidio que la justicia colombiana no aclare debidamente, pero vencida la salvaguarda que por vigencia de siete años se invocó en noviembre de 2002, el organismo puede entrar a suplir a la justicia colombiana en aquellos crímenes de guerra que queden sin castigo. Incluso, el Estatuto de Roma prescribió que puede asumir casos de personas enjuiciadas cuando las decisiones judiciales determinen la prevalencia de la impunidad.

Así las cosas, y para blindar su ejercicio, la Corte Suprema de Justicia ya diseñó su próxima gestión. La segunda semana de noviembre, la misma delegación que estuvo en Washington hará presencia en Bruselas (Bélgica), para explicar su presente a los altos dignatarios de la Comunidad Europea, y de paso entrará en contacto con la Corte Penal Internacional, para compartir criterios y establecer de qué manera se pueden ayudar en el propósito común de que la justicia quede preservada en cualquiera de los dos estrados.


La Corte Suprema de Justicia prefiere que todo se resuelva en Colombia y por eso ha insistido no sólo en que se respeten sus decisiones, sino que la sociedad entienda que está cumpliendo con su deber. En ese sentido recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica y dictaminó que los investigados en Justicia y Paz pueden ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Pero si se imponen las talanqueras y queda al margen, será la primera en acudir a la justicia internacional para que la verdad termine por imponerse.

En las celdas

El otro frente internacional en el accionar de la Corte Suprema de Justicia lo protagonizó el magistrado investigador Iván Velásquez, quien también estuvo en Washington, pero no reunido con altos dignatarios del Poder Judicial norteamericano, sino con los jefes paramilitares que fueron extraditados en mayo de 2008 y que no terminan de convencerse de que aún pueden contribuir a la justicia colombiana, porque su prioridad es resolver sus cuentas pendientes con Estados Unidos en lo que tiene que ver con las imputaciones de narcotráfico.

El magistrado Velásquez no estuvo solo. Después de los reclamos del procurador Alejandro Ordóñez, lo acompañó el representante del Ministerio Público Jairo Delgado, y con ellos estuvo James Faulkner, delegado judicial de la Embajada de EE.UU. en Colombia. La misión se concretó en establecer qué saben y en qué pueden contribuir para fortalecer los procesos de la parapolítica y la Ley de Justicia y Paz. Los entrevistados fueron Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Los tres están presos en cárceles cercanas a Washington y tienen duros cargos por narcotráfico. Sin embargo, de entrada, como lo habían advertido funcionarios de Estados Unidos, Pablo Sevillano, ex comandante del Bloque Libertadores del Sur, no tiene interés alguno en colaborar con la justicia colombiana. En caso de que cambie su postura, podría ayudar a corroborar si algunos políticos del suroccidente del país recibieron su apoyo para fortalecerse electoralmente a cambio de permitir su expansión hacia el Pacífico.

En cambio Salvatore Mancuso, en contravía a una extensa carta fechada el pasado 30 de septiembre en la cárcel Northern Neck de Virginia, en la cual manifestó su decisión de retirarse de la Ley de Justicia y Paz, planteó la opción de regresar por el camino de la colaboración, pero les hizo saber, como lo testificó en la misma misiva, que para acceder a sus peticiones debe reunirse con sus hombres, porque reconstruir la verdad es un dispendioso camino que requiere aclarar muchos enlaces y no menos detalles de su tiempo en la guerra.

El tercer entrevistado, Jorge 40, quien desde su extradición se ha mostrado remiso a cualquier cooperación con la justicia colombiana, esta vez no dijo ni sí ni no. Su posición siguió siendo escéptica. De alguna manera, corresponde a la que han defendido la mayoría de los jefes paramilitares extraditados, es decir, primero quieren que les garanticen la protección a sus familias, incluyendo su salida del país y la aceptación en algún sistema de protección de testigos, lo que hasta el momento ha sido sistemáticamente negado por las autoridades.

Aunque en términos generales prevalece el desgano de los extraditados por recobrar su senda en Justicia y Paz, tampoco cierran sus puertas a rendir testimonios que permitan esclarecer cuáles fueron los derroteros del paramilitarismo en Colombia. Sin embargo, la sensación que impera es que prefieren saldar sus cuentas con la justicia norteamericana. Le temen a la Corte Penal Internacional y por eso le escriben con ánimo de colaboración, pero de alguna manera confían en que entre Estados Unidos y Colombia resolverán sus cuentas.

La delegación de la justicia colombiana tuvo, además, la oportunidad de contactarse con antiguos capos del cartel del norte del Valle, quienes increíblemente no ocultan su esperanza de regresar a Colombia sin deudas con la justicia, pero siguen siendo muy cautos para desnudar sus verdades. “Apenas tantean el terreno”, comentó un abogado norteamericano que conoce sus procesos, pero cree improbable su contribución a esclarecer en el país el tenebroso rastro que dejaron antes de ser extraditados.

La Corte Suprema de Justicia, a diferencia de otros organismos oficiales, no quiere desistir en el objetivo de que los jefes paramilitares cuenten todo lo que saben. Algunos de ellos ya tienen claro que no les interesa y tampoco la justicia colombiana va a insistirles. Pero los más conocidos, aquellos que estuvieron más cerca del poder político, saben que tienen en sus manos muchas verdades que pueden cambiar la historia. El alto tribunal trata de convencerlos de que tienen una misión trascendental.

Las apuestas de la Corte Suprema de Justicia son claras. En Colombia va a dar la pelea para preservar su competencia en el juzgamiento de los congresistas de la parapolítica y en la tesis de que quienes accedieron a dignidades en la democracia y favorecieron a una organización criminal, tienen obligaciones con lo que hicieron los victimarios. Y si no logran demostrarlo, ya saben que la justicia se ha globalizado y que la Corte Penal Internacional nació para que los crímenes de guerra no queden impunes.

Los jefes ‘paras’ extraditados

El 13 de mayo de 2008, después de sucesivos escándalos en el proceso de paz entre el Gobierno y los grupos de autodefensas, súbitamente fueron extraditados a Estados Unidos, con cargos de narcotráfico, 13 de los principales jefes del paramilitarismo. Días antes había corrido la misma suerte Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.

Los jefes ‘paras’ extraditados fueron Salvatore Mancuso, Diego Murillo (alias Don Berna), Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra (alias El Tuso), Guillermo Pérez Alzate (Pablo Sevillano), Edwin Gómez, Diego Alberto Ruiz Arroyave, Manuel Enrique Torregrosa, Francisco Javier Zuluaga (alias Gordolindo) y Eduardo Vengoechea.


En Colombia quedaron, entre otros, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), Ramón Isaza, Freddy Rendón Herrera (alias El Alemán) y Enrique Bánquez (alias Juancho Dique).

Las decisiones de la controversia

El 1° de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación histórica: recobró sus facultades para investigar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica.

Estos funcionarios habían renunciado a su fuero parlamentario para eludir los procesos de única instancia y ser procesados por la Fiscalía y los jueces.

La última decisión, igualmente polémica, advierte que los procesados de la Ley de Justicia y Paz aún pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, y también es viable sostener la tesis de que los parapolíticos deben responder por igual que los victimarios.

La Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, se ha opuesto a esas decisiones.

La entrada de la Corte Penal Internacional

En noviembre de 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Colombia invocó el artículo 124 con una salvaguarda de siete años para investigar los crímenes de guerra. Esa excepción se cumple en próximos días, ante lo cual la Corte puede investigar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y acciones de genocidio.

La idea es que en aquellos estados que adhirieron al Estatuto y no se castiguen estas conductas extremas, la CPI pueda investigar de manera subsidiaria, a fin de impedir que se imponga la impunidad.

El Estatuto de Roma fue aprobado en 1998, pero sólo se hizo válido a partir de 2002, cuando 98 estados aceptaron su jurisdicción. Entre esos países estuvo Colombia, que pidió la excepción de siete años, con la esperanza de que en ese tiempo se pudiera aclimatar un proceso de paz con los grupos armados.

La piedra angular de la Corte Suprema

Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de las investigaciones de la parapolítica, ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, precisamente por cuenta de las indagaciones sobre los nexos de políticos con paramilitares.

En 2007, un procesado por paramilitarismo, apodado Tasmania, acusó al magistrado Velásquez de presionarlo para que declarara en contra del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, meses después se constató que se trató de un montaje para desprestigiar al magistrado.

Hoy, el abogado antioqueño Iván Velásquez sigue siendo el soporte fundamental en las investigaciones de la Corte Suprema por el escándalo de la parapolítica y ha sido blanco de persecuciones e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas.