El Baloto se juega su suerte

El pasado 7 de julio, a los despachos del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y del presidente encargado de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa), Gonzalo Gutiérrez, llegó una carta de 15 páginas firmada por el gerente general de la multinacional Gtech Foreign Holdings Corporattion (Gtech), operaria del reconocido juego de suerte y azar Lotto en Línea (Baloto), que no sólo alborotó el avispero político, sino que ya tiene capítulos en la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo de Estado.

La esencia del problema radica en que en el documento mencionado el gerente general de Gtech, Álvaro Gómez Muñoz, a través de una abundante argumentación que va desde la posibilidad de recuperar las pérdidas causadas por la operación del juego o el reconocimiento que del mismo existe hoy entre el 95% de los consumidores, hasta sus compromisos sociales con la denominada banca de las oportunidades, solicitó la prórroga del contrato del Baloto hasta el 17 de enero del año 2016.

Según Gómez Muñoz, aunque la cláusula del contrato dejó claro que la operación del Baloto es de 10 años, lo cual indica que se vence su vigencia el 17 de enero de 2011, la misma negociación prevé que si existe un concepto favorable del interventor que sea designado por Etesa, éste puede ser prorrogado hasta por cinco años más. Esta precisamente es la cláusula que le permite reclamar la prórroga de un negocio que en promedio genera ingresos brutos cercanos al billón de pesos en los diez años de vigencia.

No obstante, el pasado 31 de agosto, el vicepresidente comercial de Etesa, Germán Mogollón Hernández, en calidad de interventor del referido contrato, expidió un concepto contrario a las pretensiones de Gtech. En opinión del funcionario, si bien existía cláusula invocada por la multinacional, en 2001 fue expedida la Ley 643 que reglamentó tácitamente que no puede permitirse la existencia de contratos de concesión para la operación de juegos de suerte y azar que excedan el término de cinco años.

En otras palabras, Mogollón Hernández concluyó que no sólo en virtud de la Ley 643 es imposible acceder a esa prórroga, sino que en el caso de hacerse estaría viciada de nulidad absoluta, sin tener en cuenta que un contrato de esta naturaleza podría acarrear consecuencias disciplinarias, fiscales y penales ante un inminente desconocimiento de la ley. En cambio, agregó Mogollón, lo que debe hacerse es dar por terminado el contrato y liquidarlo a partir del 17 de enero de 2011, como estaba previsto.

Hasta ahí todo parecía en regla. Pero el 3 de septiembre, al despacho del procurador Alejandro Ordóñez llegó una sucinta carta del presidente del Congreso, senador Javier Cáceres Leal, en la cual le escribió que a través de algunas fuentes se había enterado de que el presidente encargado de Etesa y otros directivos pretenden “imponer una prórroga al contrato del Baloto y así evadir una licitación pública”. Cáceres le pidió su intervención en defensa de los intereses de la Nación, con el fin de saber qué hacer con el multimillonario negocio.

Desde ese día, no sólo al despacho del procurador Ordóñez, sino al del contralor Julio César Turbay; al del secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo; y al del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, han llegado sucesivos documentos del presidente encargado de Etesa, Gonzalo Gutiérrez, en los cuales no sólo invoca el carácter transparente y objetivo de sus actuaciones, sino que responde las inquietudes que se han venido formulando en el caso sin que trasciendan mucho a la opinión pública nacional.

No obstante, el pasado 25 de septiembre el mismo Gutiérrez, en misiva al gerente de Gtech, le informó que debido a la relevancia del tema y de común acuerdo con el Ministerio de la Protección Social han considerado la viabilidad de solicitarle a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado un concepto sobre qué hacer en este caso. Y antes de lo pensado, lo que parecía una fórmula para superar el dilema de hacer o no licitación para el juego del Baloto, se convirtió en una realidad, próximamente en manos del Tribunal Contencioso Administrativo.

El ministro Diego Palacio ya tiene elaborada la inquietud que en esencia pretende que la Sala de Consulta y Servicio Civil aclare cuál es el alcance de la Ley 643 de 2001 respecto a los contratos que se celebraron cuando Etesa se llamaba Ecosalud, y si es posible que en los términos actuales, sin desconocer la ley de contratación, se pueda acceder a la prórroga de cinco años al juego del Baloto. En el caso de que el Consejo de Estado considere que no es viable y así lo asuma el Gobierno, de inmediato Etesa tendría que abrir licitación para el Baloto.

Pero más allá de una simple consulta, a imagen y semejanza de la licitación del tercer canal de televisión, a nivel interno y entre las multinacionales del negocio, el tema tiene alborotado el entorno de los empresarios de la industria de los juegos de suerte y azar. Es tal la dimensión del asunto que, además de la Procuraduría y la Contraloría, ya reposan documentos en la oficina del zar anticorrupción Óscar Ortiz González   y hasta del director de la Policía, general Óscar Naranjo, para que se vigile el multimillonario proceso del Baloto.

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