Dieciocho meses de absoluto silencio. Esa ha sido la principal consecuencia, advertida desde el inicio, en especial por las víctimas, que sufrió el proceso de Justicia y Paz con la extradición de los ex comandantes de mayor relevancia en la estructura de las Auc. En total, 17 hombres —algunos con más conocimiento que otros, pero todos igual de valiosos a la hora de conocer la barbarie del paramilitarismo— fueron desplazados a Estados Unidos para que ellos, protagonistas del conflicto colombiano en las últimas dos décadas, enfrenten juicios en ese país por narcotráfico.
Cuando el fiscal Mario Iguarán entregó su cargo, en julio pasado, en su informe de gestión resaltó que seguía “con especial atención” los procesos que se adelantan contra estos ex jefes de las autodefensas. Sin embargo, entre cuestiones de logística y la negativa de los propios investigados para hablar con la justicia colombiana, las verdades que guardan estos hombres comienzan a podrirse en las cárceles estadounidenses. Lo que fue una ganancia para las autoridades de EE.UU., al poner tras las rejas a quienes ellos consideraban peligrosos narcotraficantes, significó una derrota para los afectados por la guerra.
La logística ha hecho trastabillar en varias ocasiones los esfuerzos de la Fiscalía colombiana por llegar hasta los jefes ‘paras’. A un fiscal, que viajó a hacer entrevistas, por ejemplo, le negaron la entrada a las cárceles dos veces: le faltaba un permiso. En otra ocasión, el servicio de custodia no permitió que fiscales colombianos le tomaran una declaración a Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), que él mismo había accedido a dar, por la masacre de San José de Apartadó, porque no se permitía el ingreso de aparatos electrónicos. No obstante, en Colombia, las palabras de William Brownfield del 13 de mayo seguían vigentes.
Ese día, cuando la extradición de 14 jefes paramilitares fue un hecho, el embajador estadounidense William Brownfield aseveró públicamente que su país se comprometía a que las víctimas y sus representantes tuvieran acceso al sistema legal estadounidense y a los extraditados, que habría colaboración entre tribunales, que “cualquier ciudadano del mundo” podría acceder a los juicios, que se compartiría información y evidencias con las autoridades colombianas y que facilitaría el acceso de los fiscales de Justicia y Paz a los extraditados en EE.UU. A pesar de sus promesas, la realidad ha sido otra.
A la fecha, sólo cuatro de los extraditados han vuelto a declarar, a través de videoconferencias que se desarrollaron desde cortes federales: Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Ramiro Cuco Vanoy y Diego Fernando Murillo (Don Berna) . En el último mes, Mancuso y Don Berna expresaron que no continuarían realizando versiones libres. Vanoy, con 60 años de edad, fue sentenciado a 24 años de prisión, por lo que podría no volver a hablar en el marco de Justicia y Paz. Jorge 40, dicen fuentes cercanas a él, no quiere saber nada de Colombia. Se siente traicionado por el Gobierno con el que negoció su rendición.
“A nosotros nos preocupan los delitos de narcotráfico, que afectaron a nuestros ciudadanos. No hemos recibido instrucciones para recibir información de asuntos diferentes”, expresó un funcionario de la sección antidrogas del Departamento de Justicia norteamericano (Narcotic and Dangerous Drug Section, NDDS). “Los fiscales norteamericanos reciben el testimonio si la persona quiere hablar de sus delitos en Colombia. Pero si el detenido no se refiere a estos temas, los fiscales no reparan en ello”, expresó Manuel Retureta, defensor de Juan Carlos El Tuso Sierra.
La poca atención que han prestado los fiscales y jueces de EE.UU. sobre los atroces crímenes del paramilitarismo como masacres, secuestros, desapariciones, despojos de tierras, desplazamientos forzados y otros tantos más, se convirtieron en una gran preocupación para la Corte Suprema colombiana, aferrada al propósito de continuar las investigaciones de la parapolítica y, de paso, aportar con información en los procesos de Justicia y Paz. En su reciente visita a ese país, ocurrida hace dos semanas, así lo expresó el presidente del alto tribunal Augusto Ibáñez a delegados del Departamento de Estado.
Según le confirmó Ibáñez a este diario, se acordó de palabra que los fiscales estadounidenses también dirigirían sus esfuerzos en obtener referentes al conflicto colombiano. El ministro Fabio Valencia dijo que se crearía la figura de un magistrado satélite, designado por la propia Corte Suprema, para agilizar estos esfuerzos. Sin embargo, que nunca haya existido un convenio formal entre Colombia y Estados Unidos es lo que más molesta a los representantes de las víctimas. Por esa razón, alegan ellos, los compromisos con la verdad, la justicia y la reparación nunca han sido tomados en serio.
El líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Colombia, Iván Cepeda, afirma que no descansará hasta que Colombia conozca la verdad que los paramilitares se llevaron. Pero, de acuerdo con una abogada estadounidense que trabaja en este tema, 45 solicitudes hechas por representantes de víctimas en cortes federales de EE.UU. para ser escuchados han sido negadas, así como una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella advierte que el Departamento de Justicia también se ha negado a hablar con defensores de Derechos Humanos sobre estos casos.
La información de los juicios tiene carácter selectivo. En los registros que reposan en las cortes sobre los ex comandantes de las Auc, que en Estados Unidos son obligatoriamente de acceso general, no contienen las declaraciones que ellos hacen en los tribunales. En el proceso de Diego Alberto Ruiz Arroyave casi todo fue declarado secreto; en el de Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra la última información pública tiene fecha de noviembre de 2008; y en los de Diego Fernando Murillo, Rodrigo Tovar, Miguel Ángel Mejía y Hernán Giraldo lo único público son notificaciones de forma.
Al respecto, el defensor de uno de los jefes ‘paras’ señaló que cuando en las cortes no hay documentos para conocer, usualmente es porque los investigados están negociando. ¿A qué acuerdos están llegando con la justicia norteamericana?, se preguntan los delegados de las víctimas. ¿Están incluidas en estos tratos las verdades del conflicto? La apuesta de los asesores legales de los desmovilizados es que sí. En casos como el de Diego Alberto Ruiz Arroyave —el único que fue extraditado por tráfico de armas—, colaborar con Justicia y Paz es, más allá de una cuestión de voluntad, casi una obligación.
Ruiz Arroyave fue sentenciado por el juez David Hittner a siete años y podría conseguir libertad condicional en tres. Pero otros, como Francisco Javier Zuluaga Lindo (Gordolindo), recibió una condena de 21 años en prisión; o a Don Berna, el juez Richard Berman lo sentenció a 31 años de cárcel. Zuluaga Lindo estaba pedido en extradición desde 1999, y Miguel Ángel Mejía Múnera y El Tuso Sierra, desde 2002. Que el Gobierno los incluyera en la desmovilización a pesar de conocer esos requerimientos fue duramente criticado durante el proceso de paz.
Según le explicaron consejeros legales estadounidenses de los ‘paras’ a El Espectador, Justicia y Paz podría desempeñar un papel relevante a la hora de negociar las condenas en EE.UU. Le apuestan a conseguir una negociación con la Fiscalía de ese país, una condena no tan severa, y así sus defendidos podrían volver a Colombia sin deudas con la justicia local. “Un juez norteamericano puede tomar en cuenta que los acusados colaboren con otros procesos. Que hayan recibido condenas breves, como las estipuladas por la Ley de Justicia y Paz, puede ser aún más efectivo”, argumentó uno de los juristas.
En el caso de Don Berna, quienes aseguran que él, erróneamente, se apresuró al aceptar cargos; pero otras personas cercanas a su proceso sostienen que en un par de años, con antecedentes de colaboración en Justicia y Paz, podrá negociar una rebaja de penas con el juez Berman. Joaquín Pérez, el abogado de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, incluso insiste en que Colombia y Estados Unidos deben encontrar “fórmula realista para que los participantes paguen una pena conjunta en ambos países”; sin embargo, quienes conocen estos procesos dicen que es una idea ajena a la realidad.
Otros defensores respaldan tesis totalmente diferentes. Es el caso de Richard Díaz, abogado de Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), quien sustentó en la corte del Distrito de Columbia que el gobierno estadounidense y sus agencias antidrogas se involucraron con el proceso de Justicia y Paz desde su origen, y que fiscales de EE.UU. instruyeron a sus pares en Colombia para que los paramilitares fueran interrogados sobre el tráfico de drogas. Así, según Díaz, el gobierno norteamericano logró armar varias acusaciones en contra de gente que creía que estaban en un proceso de paz.
Díaz argumentó que los fiscales estadounidenses monitorearon las confesiones de Justicia y Paz, en especial la de Jiménez —ex comandante del bloque central Bolívar—. Que sólo así se explica que el indictment contra Jiménez fue proferido de manera secreta en junio de 2005, cuando Macaco aún no se había desmovilizado, y se hizo público en agosto de 2007, cuando éste ya estaba recluido en La Ceja (Antioquia). De esta manera, los funcionarios norteamericanos habrían logrado que Jiménez se autoincriminara en suficientes delitos para solicitar su extradición.
Al tiempo que Ibáñez y sus colegas dialogaron con funcionarios del gobierno Obama y sus pares de la Suprema Corte estadounidense, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, coordinador de las pesquisas sobre la parapolítica en el alto tribunal, también viajó a Estados Unidos con el objetivo de abrir caminos de investigación y buscar fuentes de información. En la comisión también viajaron Jairo Delgado, procurador delegado, y James Faulkner, delegado judicial de la Embajada de EE.UU. Se reunieron con Guillermo Pérez Alzate, Rodrigo Tovar y Salvatore Mancuso, pero sólo Mancuso aceptó cooperar y con la Corte Suprema.
Hace un par de días, la corporación volvió a designar un grupo para viajar a EE.UU. y hablar con los extraditados. La justicia colombiana confía en que, esta vez, sí será cierta la palabra de los estadounidenses. Sin embargo, el problema de hoy es el mismo del 13 de mayo de 2008: no existe un acuerdo formal entre ambos países con el que se busque la información que los extraditados guardan del conflicto interno. Y a pesar de los esfuerzos, las víctimas reclaman que son ellas, y sólo ellas, las únicas perdedoras en este panorama de pactos inconclusos.
Las condiciones carcelarias
La mayoría de los ex jefes paramilitares que fueron extraditados el 13 de mayo de 2008, hasta hace más de un mes, se encontraban recluidos en The Central Facility Detention, conocida como DC Jail (la cárcel de Washington DC).
No obstante, mientras permanecieron recluidos en este lugar, sus abogados se quejaron del trato que estaban recibiendo sus defendidos. Alegaron que los tenían confinados 23 horas al día, que nunca recibían la luz del sol y que ni siquiera podían visitar la biblioteca del centro penitenciario.
El 4 de agosto pasado, súbitamente, los ex jefes ‘paras’ fueron trasladados a cárceles que están ubicadas a unas tres horas de Washington DC.
* Reportaje realizado con una beca otorgada por ‘The Washington Post’ y patrocinada por el Wilson Center.