Costosa ‘mordida’

Foto: El Tiempo

El vicefiscal Fernando Pareja Reinemer llamó a juicio a Libardo Antonio Correa Castañeda, el hombre sindicado de cobrar un soborno de $140’000.000 por un contrato adjudicado por la Gobernación de Cundinamarca en 2004, en el que terminó involucrado el ex contralor departamental Juan Carlos Medina Ovalle,  detenido por estos hechos, aunque luego recuperó su libertad.

En decisión de segunda instancia, Pareja consideró que Correa Castañeda es responsable del delito de extorsión por haber constreñido, incluso con base en amenazas, a Mario Rueda Fonseca, gerente de la empresa Reimpodiésel, para que pagara la mordida luego de obtener un contrato para el mantenimiento del parque automotor de la Gobernación, durante una reunión en la sede de la Contraloría en septiembre de 2004.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, la intimidación de Correa pasó de la presión amenazante de que iba a obstaculizar la firma del contrato, incluso, a las amenazas contra la integridad personal de los beneficiados. Los $140’000.000 correspondían al 20% del valor comercial del contrato. Tras la firma del convenio y en vista de que las amenazas continuaban, el gerente de Reimpodiésel ubicó una cámara de video en las instalaciones de la empresa el 1° de octubre de 2004.

Ese día Correa Castañeda pasó a cobrar el dinero, pero al intentar salir de las instalaciones con $25’000.000 en su poder fue interceptado por el propio gerente, su esposa y varios trabajadores de la empresa, quienes tras forcejear recuperaron el dinero, pese a que Correa Fonseca intentó desenfundar un arma. Finalmente, fue reducido por personal de seguridad.

Según el denunciante, después de ese incidente las amenazas continuaron al punto que supuestamente Correa Castañeda le advirtió a Rueda Fonseca que atentaría contra él y su familia. “Cada vez las cosas fueron empeorando, hasta el punto que llegó (Correa) en repetidas ocasiones al taller amenazándonos que nunca íbamos a olvidar ese contrato y, además, amenazando a mi esposo y a mí de muerte”, declaró Maritza del Socorro Quintana, esposa del gerente de Reimpodiésel.

Luego siguió la sorpresiva visita de la Contraloría de Cundinamarca, que ordenó una sanción administrativa que terminó con la finalización unilateral del contrato. Las indagaciones adelantadas por los investigadores llevaron a la conclusión que entre Correa Castañeda y el ex contralor Medina Ovalle existía una relación íntima de amistad, que fue confirmada por el propio Correa, quien aseguró que conocía al ex jefe del organismo de control por lo menos desde 16 años atrás, cuando ambos estudiaron economía en una universidad en Bogotá.

“Es evidente que la relación cercana que tenían el sindicado y el ex contralor fungió como el medio ideal que aprovechó aquél para citar a la Contraloría departamental al representante de Reimpodiésel y hacerle una exigencia, intimidándolo con su aparente poderío y dándole la impresión de contar con el manejo del ejercicio de las potestades del control fiscal”, dice la providencia del vicefiscal en uno de sus apartes. Sin embargo, Pareja Reinemer decretó la nulidad parcial del proceso por violación al derecho de defensa en favor de Mauricio Forero Linares, otro de los implicados dentro de la investigación, debido a que no había sido escuchado en diligencia de indagatoria.

Forero Linares, quien para la época de los hechos era empleado del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, fue quien supuestamente condujo al gerente de Reimpodiésel al piso 12 de la Contraloría de Cundinamarca, donde Correa Castañeda le hizo la primera exigencia de la millonaria suma de dinero.

En noviembre de 2007, el juez 53 penal del circuito dejó en libertad al ex contralor Medina Ovalle, al considerar que la Fiscalía carecía de argumentos penales contundentes para mantenerlo detenido en un establecimiento carcelario, aunque en ese momento continuó vinculado a la investigación que al parecer está cerca de tener un desenlace definitivo.