Álvaro Uribe Vélez,  Augusto Ibáñez, María Mercedes López y Fabio Valencia, cuatro protagonistas de la pugna entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

La pelea de fondo es la parapolítica y los múltiples escenarios de disputa entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia pasan  por este espinoso asunto. La interinidad en la Fiscalía, los choques entre el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría y la Corte Suprema, los escándalos paralelos convertidos en nuevos expedientes judiciales y hasta la polarización que protagoniza desde las columnas de opinión, tienen el denominador común de un país que no encuentra cómo pasar la página del paramilitarismo y las fuerzas que lo multiplicaron.

La semana concluyó con los mismos portazos de los últimos tres meses: la Corte Suprema de Justicia sostiene que la terna del Gobierno para elegir Fiscal es inviable, y el presidente Uribe asegura que la postura de la Corte contrasta con el espíritu de las reuniones que ha sostenido con los dignatarios del alto tribunal. La Corte quiere un penalista porque sabe que los asuntos pendientes en la Fiscalía no son propiamente administrativos. El Gobierno busca un Fiscal que aclimate el ambiente, pero tome distancia de la Corte.

En el centro del debate está situado por estos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez. Incluso se llegó a rumorar su renuncia, a lo que el jurista contestó en círculos privados: “Me faltan seis años de magistratura y estoy muy contento”. El Espectador conoció que, poco a poco, sus compañeros de la corporación le expresaron su respaldo. Sin embargo, unos y otros tienen claro que en medio de la pugna institucional existe una clara intención: dividir a la Corte Suprema.

Por eso, con contadas excepciones y a pesar de otros intentos por desprestigiar al presidente de la Corte o a algunos de sus magistrados, en el interior de la justicia se ha venido consolidando una especie de blindaje. Si el Consejo de la Judicatura toma decisiones, las demás cortes lo respaldan. Si lo hace el Consejo de Estado, el norte es el mismo. De esta manera y de cara a la crisis, ha cobrado importancia la Comisión Interinstitucional que integra a los dignatarios de las cuatro altas cortes. Se trata de cerrar filas para evitar que las divida la política.

Una visión conjunta que además apunta a demostrar que buena parte de las discrepancias se originan en el error de fusionar el Ministerio del Interior con el de Justicia. “Hoy no existe un interlocutor convincente desde el Gobierno y el actual ministro Fabio Valencia Cossio cree que puede manejar al Poder Judicial con las mismas estrategias con que se relaciona con el Congreso”, comentó una fuente de la Comisión Interinstitucional. Incluso, en el tema de la elección del Fiscal, se le atribuye a Valencia buena parte de la fractura.

Se rumora, por ejemplo, que a través del magistrado y vicepresidente de la Corte, Jaime Arrubla, el ministro Valencia quiere interferir en los asuntos del alto tribunal. El tema cobró tanta fuerza que el propio Arrubla aclaró a sus colegas que su posición es la de todos. Otros dicen que Valencia era el mentor del dimitente candidato a la Fiscalía Juan Ángel Palacio y ahora lo es de su reemplazo Marco Antonio Velilla. Lo cierto es que el estilo de Fabio Valencia Cossio no cala en la Corte, sin tener en cuenta que su hermano Guillermo hoy es juzgado por el mismo tribunal.

Al margen de la postulación del consejero Velilla, de quien hasta el momento no se tienen reparos, el tema de la “terna inviable”, según varios magistrados de la Corte consultados por El Espectador, no pasa por una negativa a ultranza, como se ha querido presentar en algunos círculos de opinión, ni tampoco por descalificar al nuevo elegible. La postura de la Corte Suprema es que sin entrar a evaluar a Marco Antonio Velilla, quien apenas será escuchado en 15 días, sus competidores, los abogados Camilo Ospina y Virginia Uribe, no son idóneos.

Ese es el sentir mayoritario de la Corte Suprema de Justicia. Camilo Ospina porque su directiva como Ministro de Defensa, interpretada como el argumento que dio origen a los falsos positivos, y las conjeturas sobre su amistad con el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, no son convenientes en un momento en que se requiere en la Fiscalía un colombiano a salvo de cualquier sospecha. Y la abogada Virginia Uribe porque sencillamente puede ser muy competente, pero no ofrece garantías respecto al perfil que se requiere en la actualidad.