Álvaro Miguel Rivera fue encontrado en su apartamento en Cali maniatado, con los dientes rotos y golpes en todo el cuerpo. Asesinado. Desde 2001 había recibido amenazas por su trabajo como defensor de derechos humanos de la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas) y de personas con VIH. Su homicidio, el 6 de marzo de este año, aún impune, le dio la vuelta al mundo. Una semana después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y facilitó que por primera vez se llevara a cabo una audiencia sobre la situación LGBT en Colombia, a realizarse hoy en Washington.
Las principales denuncias que se presentarán ante la CIDH son el presunto abuso policial (detenciones arbitrarias y maltratos físicos y verbales), los panfletos amenazantes, la situación carcelaria (en la que la comunidad LGBT es marginada y violentada por los demás presos), el incumplimiento de las sentencias (aún se presentan casos en los que parejas del mismo sexo tienen problemas para asegurar una pensión para su cónyuge) y vulnerabilidad de los defensores.
En la actualidad, la lupa internacional está puesta sobre los homicidios y amenazas contra líderes de esta comunidad, incluyendo a encargados de medios de comunicación, como Radio Diversia y Lulú Radio. Carlos Serrano, director de Radio Diversia, tuvo que salir del país en mayo de este año después de que un grupo que se autodenominó “La Organización” lo amenazara. Un mes antes, esta misma banda había robado de la emisora dos computadores que contenían la base de datos de 150 oyentes. No obstante, Serrano regresó a Colombia hace poco, con la intranquilidad de no tener protección.
El pasado mes de septiembre la delegada relatora especial sobre la situación de los defensores de DD.HH. de la ONU, Margaret Sekaggya, denunció: “Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT, han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En Cali los ataques son más agudos. La misma CIDH lo ratificó. Según el último informe bianual de Colombia Diversa, únicamente en el período 2006-2007 hubo 67 homicidios contra la comunidad LGBT, 21 de los cuales ocurrieron en la capital vallecaucana y 13 en Bogotá. No obstante, no existe una cifra oficial que relacione que la causa de estos homicidios se origine, en efecto, en una discriminación por sus tendencias sexuales.
Otros casos que serán presentados ante la CIDH son los asesinatos de los defensores Fredys Darío Pineda, muerto el 16 de febrero de 2008 en Apartadó (Antioquia), donde era consultor de Acnur y se declaraba abiertamente como homosexual; y de Alexánder Guao Sierra, degollado el pasado mes de julio, quien hizo parte de diferentes organizaciones y proyectos que promovían los derechos LGBT.
“Pretendemos que haya una preocupación sobre este tema, que la Comisión inste al Estado a que haya un ejercicio efectivo de los derechos de la población LGBT y que la incluya en sus informes”, declaró desde Washington Marcela Sánchez, directora de la Corporación Colombia Diversa, una de las organizaciones que presentarán el informe.