‘Ad portas’ de una condena

Con la tesis de que los parapolíticos no sólo fueron beneficiarios electoralmente de las acciones violentas de los grupos de autodefensa, sino que además formaban parte de la comandancia de “esa empresa criminal”, y por tanto, también fueron responsables de los crímenes en sus regiones, la Corte Suprema de Justicia se apresta a condenar al ex gobernador de Sucre y ex diplomático Salvador Arana Sus por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.

La decisión, que está en la puerta del horno, contempla que en acatamiento a normas internacionales de lucha contra la impunidad y con el esquema de que como ex gobernador de Sucre formó parte de la cadena de mando y se benefició de la barbarie desatada por el temible grupo comandado por Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, y sus hombres del bloque Héroes de los Montes de María, Salvador Arana Sus de alguna manera también habría sido responsable de los hechos violentos perpetrados por las Auc durante su administración entre enero de 2001 y diciembre de 2003.

Una novedosa tesis jurídica que ya fue esbozada en una adición de voto de cuatro magistrados de la Corte en la sentencia que condenó a 72 meses de prisión al ex congresista Ricardo Elcure Chacón, y que en esencia equipara las conductas de los asesinos con las de las políticos. La investigación en contra de Arana Sus inició en el año 2006, luego de que testimonios lo relacionaran como autor intelectual de la desaparición y posterior asesinato del alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo León Díaz Salgado, ocurrido en abril de 2003. Durante tres años poco se avanzó en la investigación.

Sin embargo, los testimonios de desmovilizados paramilitares detallaron una radiografía de violencias y alianzas en Sucre que desde 1997 Arana Sus había orquestado con grupos de autodefensa. Relaciones que se prolongaron  durante su período como gobernador y tiempo después, con el propósito de garantizar y consolidar el dominio de su grupo político. Uno de los testigos lo acusó de ser el encargado de hacer contactos con ganaderos, comerciantes y personas prestantes de Sucre con el fin de financiar a las Auc.

La Corte Suprema de Justicia cuenta con elementos de prueba que indican que Arana Sus alcanzó su cargo como primera autoridad departamental con el auspicio de los ‘paras’, quienes habrían obligado a la población a votar por él. Poco tiempo después su alianza con las autodefensas para “refundar la patria” se formalizó con su firma en el denominado Pacto de Ralito, suscrito el 23 de julio de 2001 por cuatro jefes paramilitares, varios gobernadores y congresistas en ejercicio, hoy condenados por la justicia.

Las autoridades recopilaron abundante información que lo señalan de haber sido colaborador y financiador desde 1998 del grupo paramilitar La Mojana, que ejecutó crímenes, secuestros y otros delitos en la región, y, además, durante su período como gobernador el grupo comandado por alias Cadena perpetró una de las peores masacres en su historia: la del corregimiento de Chengue. En la noche del 16 de enero de 2001 un comando de autodefensas sitió la población y a garrote y piedra asesinaron a 27 campesinos indefensos.

Corrían las primeras dos semanas de su mandato y sus relaciones con las Auc aún no habían trascendido, pero esa masacre constituiría el primer aviso de una serie escalonada de violencia que sólo amainó tras la desmovilización del bloque Héroes de los Montes de María en 2006. Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, uno de sus principales acusadores, lo vinculó al homicidio de Eudaldo Díaz y dio detalles de las escabrosas prácticas de los paramilitares en la finca El Palmar, ubicada en San Onofre, en donde se estiman que fueron torturadas y desaparecidas centenares de personas.

En concreto, sobre el homicidio del ex alcalde Díaz, se pudo determinar que se dio la orden de desaparecerlo el 5 de abril de 2003 y su cuerpo fue hallado sin vida cinco días más tarde. Pese a que desde el principio sus familiares señalaron a Arana de lo ocurrido al recordar que Díaz se había convertido en una piedra en su zapato, denuncias que el propio alcalde formalizó ante el presidente Álvaro Uribe en el consejo comunitario de Corozal el 1º de febrero de 2003.

El homicidio le habría costado $120 millones al entonces gobernador, según declaró el ex paramilitar Sadys Enrique Ríos Pérez, un ex conductor de alias Cadena, que afirmó haber presenciado un encuentro en la finca Los Ángeles en el que se pactó el crimen. Sin embargo, en criterio de la Corte y de su nueva posición jurídica, en el sentido de que los parapolíticos formaron parte de la línea  de mando de las Auc, Arana Sus está a las puertas de ser sentenciado no sólo por este crimen, sino por otros asociados con los ‘paras’.