“Sólo en la medida en que se acepten las imputaciones parciales, se podrá avanzar en un proceso histórico, de por sí lleno de difíciles averiguaciones y constataciones”. Así se pronunció la Corte Suprema de Justicia en una providencia emitida el pasado 14 de diciembre, en la que de nuevo dio vía libre para que la Fiscalía avance en los procesos que adelanta contra desmovilizados paramilitares y ex guerrilleros que están siendo procesados bajo la Ley de Justicia y Paz.
De esta manera, el alto tribunal destrabó el desarrollo de los expedientes en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, pues el 21 de septiembre pasado la propia Sala Penal de la Corte había dispuesto ‘frenar’ las imputaciones parciales contra los postulados aduciendo que la justicia debía documentar todos los hechos confesados por los desmovilizados al momento de imputarles los delitos cometidos. En esencia, hacía imposible que en la medida en que contaran sus verdades se les fueran adjudicando sus responsabilidades.
Precisamente, la providencia del 21 de septiembre cayó muy mal en la Fiscalía, ya que estipulaba que a la hora de legalizar los cargos (a los desmovilizados), antes de la audiencia en que conocerá la condena, “el escrito de acusación (...) ha de contener todas las conductas que se atribuyen al procesado, sea porque él así las aceptó o en razón de lo que la investigación reflejó”. Por eso, la nueva postura de la Corte despejó el panorama para que el ente acusador avance en dos frentes paralelos: desenterrar los crímenes y barbarie paramilitar o subversiva y, al mismo tiempo, endilgar responsabilidades parciales a los culpables de estos delitos.
El pronunciamiento de la Corte se dio en virtud de un recurso interpuesto por la Fiscalía en el caso del ex jefe paramilitar Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga. A este desmovilizado, un juez de Medellín impidió que le fueran imputados cargos de manera parcial. Los magistrados modularon su postura y concluyeron que aunque sería ideal que a cada postulado “se le formularan cargos y se le condenara por la totalidad de comportamientos delictivos”, en la práctica es poco probable que pueda cumplirse este presupuesto en todos los casos.
“Las peculiaridades de cada uno de esos comportamientos, en ocasiones cometidos en escalada, otros en la manigua, en la vereda, en el corregimiento, en la noche, en lugares despoblados, en circunstancias (…) oprobiosas para las víctimas, cuando no aterradoras, para los testigos sobrevivientes, dificultan la reconstrucción de la verdad procesal”, señaló la Corte en su última providencia sobre el tema, que fue conocida por El Espectador.
Y añadió que el éxito del proceso de paz y desmovilización cobra sentido en la medida en que se avance en la verificación parcial y total de los actos que, reconocidos o asumidos como propios por sus autores o participes, “permitan develar ante las víctimas, la sociedad civil y la comunidad internacional, hechos que efectivamente ocurrieron y que deben ser objeto de los castigos previstos en la Ley de Justicia y Paz.
La Corte puntualizó que las imputaciones parciales constituyen un impulso en la reconstrucción conjunta del cruento cuadro histórico de la realidad colombiana. Sin embargo, recordó que permitir que se realicen las imputaciones parciales no excluye la posibilidad de que en el futuro puedan atribuírseles (a los ex ‘paras’) nuevos hechos no confesados, por ejemplo. Además, fue enfática en señalar que si bien no todos los casos atroces podrán ser documentados, sí es preciso avanzar en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido, incluso después de que sea impuesta la correspondiente pena al autor de esos hechos.
Para finalizar, la Corte advirtió que la Ley de Justicia y Paz estableció que si con posterioridad a los acusados se les demuestra que cometieron conductas criminales que no confesaron, pasarán a la justicia ordinaria, perdiendo todos los beneficios a los que se habían hecho acreedores.