En mayo de 2008, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y condenó al Estado por haberlo privado injustamente de la libertad, tras varios procesos penales que lo asociaron con el paramilitarismo en Boyacá, el empresario esmeraldero Víctor Carranza dio por cerrado su capítulo con la ley colombiana. Pero, luego de que la emisora W Radio revelara que el juez español Baltasar Garzón lo va a requerir en extradición por narcotráfico, es posible que su epílogo con la justicia no se haya escrito aún.
Han pasado varios años desde que el país ibérico le comenzó a seguir la pista a Carranza. El episodio que dio pie al pedido de extradición que oficializaría la Audiencia Nacional de España se remonta al 31 de agosto de 2000 cuando un buque denominado Privilege, propiedad de la sociedad malta Privilege Marine, fue incautado en un puerto español tras haber sido rastreado por varios países europeos. Aunque después de tres semanas de un registro intenso no se encontró droga en el interior de la nave, en 2001 Garzón reiteró que este era un caso de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
Tal como lo difundió El Espectador en un extenso informe elaborado desde Madrid en febrero de 2004, así se abrió en este despacho el sumario 7/03 contra el cartel de Los Mellizos, Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera. Según Garzón, Los Mellizos encabezaban una compleja red de narcotráfico entre América y Europa, y para estas actividades contaban con colaboradores que se habían incorporado para garantizar la seguridad de los envíos a gran escala. Víctor Carranza, al igual que Héctor Germán Buitrago (Martín Llanos) y los hermanos Carlos y Vicente Castaño —dijo Garzón— eran esos colaboradores. Carranza figuraba en el expediente como un mediador entre el cartel de Los Mellizos y los paramilitares.
De este modo, el polémico episodio del Privilege se convirtió en uno más entre los tantos que han rodeado su vida y lo han puesto en el ojo del huracán, pues en Colombia, al menos en las últimas tres décadas, Carranza ha sido asociado con la llamada Guerra Verde, las muertes violentas que ésta provocó en Boyacá en los años 80 mientras se intentaba legalizar la explotación de esmeraldas en esa zona, y con la creación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares en ese departamento, con el apoyo de Carlos Castaño, según han manifestado varios ex integrantes de las autodefensas.
El ex jefe ‘para’ Freddy Rendón Herrera aseveró públicamente que Yesid Nieto (empresario esmeraldero asesinado en Guatemala en 2007) y Carranza respaldaron la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) con un porcentaje del 5% sobre la comercialización de la piedra preciosa. En otros escenarios, Carranza también fue señalado como un fuerte promotor del paramilitarismo en Boyacá. No obstante, la justicia nunca puso en evidencia tales nexos. Estuvo detenido entre 1998 y 2001, y por ese tiempo tras las rejas, si el Consejo de Estado ratifica la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Nación tendrá que pagarle una alta suma de dinero.
El pasado 4 de julio, sobre la vía que une a los municipios metenses de Puerto Gaitán y Puerto López, Carranza sobrevivió a un atentado en el que dos de sus guardaespaldas murieron. Los múltiples orificios en su camioneta blindada dejaron ver la potencia del ataque. A pesar de que las autoridades barajaron varias opciones acerca de la autoría del crimen, hasta la fecha nadie ha sido considerado oficialmente como posible autor intelectual o material. Y si bien el director del DAS, Felipe Muñoz, anunció que este pedido de extradición no ha sido formalizado aún por la Audiencia Nacional de España, es un hecho que la justicia le sigue respirando en la nuca a este zar de las esmeraldas.
Garzón, el juez que requiere a Carranza
Baltasar Garzón se convirtió en un hombre mundialmente reputado luego de que, en 1998, dictara orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, por crímenes de lesa humanidad. Inglaterra, país donde se encontraba Pinochet, no autorizó la extradición del jefe militar, pero el caso tuvo una fuerte resonancia.
Este jurista, además, ha indagado sobre crímenes ocurridos en la dictadura argentina de los años 70 y ordenó apresar a Osama ben Laden. En 1988 llegó a la Audiencia Nacional de España, un tribunal de apelación que también conoce de temas como terrorismo, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado. Desde ese cargo ha abierto numerosas investigaciones contra la organización terrorista Eta.