Foto: Archivo - El Espectador

Gilberto Rodríguez Orejuela fue extraditado a los Estados Unidos el 3 de diciembre de 2003.

Hace más de seis años que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron extraditados a los Estados Unidos, pero sus deudas con la justicia colombiana aún siguen vigentes y, se diría, fueron endosadas a una sofisticada red de testaferros, controlada a la distancia por sus hijos y familiares cercanos, incluida su hermana Amparo Rodríguez Orejuela de Gil y su cuñado, Alfonso Gil Osorio. La Fiscalía documentó cómo los capos del cartel de Cali movilizaron a Estados Unidos 200 mil kilos de cocaína en su larga carrera criminal y cómo, a través de sociedades o empresas fachada, lavaron más de US$2.100 millones.

En 262 páginas están contenidas las evidencias de las maniobras financieras de los Rodríguez a la sombra para introducir en el mercado legal las ilícitas ganancias del tráfico de estupefacientes. La providencia, fechada el pasado 19 de febrero por un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, conocida por El Espectador, detalla que las compañías Cosmepop, Laboratorios Kressfor, Blanco Pharma, Codisa, Drocard o la joya de la corona, Drogas La Rebaja, en apariencia fueron cedidas a cooperativas de trabajadores o familiares para su administración, con el fin de ocultar el turbio origen de sus recursos y desarrollar operaciones de blanqueo de capitales que, sin importar que en el papel fueran de sus ex empleados, seguían bajo la influencia de la mafia.

Los ex colaboradores del cartel de Cali Guillermo Alejandro Pallomari González y Daniel Serrano Gómez, desde Estados Unidos, contaron en detalle cómo fueron contactados por los hermanos Rodríguez Orejuela y cómo se desarrolló la gigantesca operación de lavado. Informes de la Dijín, CTI, Uiaf, escrituras públicas, actas de juntas directivas y contratos por doquier soportaron las declaraciones de los ex contadores de la mafia. Pallomari dijo que se había vinculado en 1986 como asesor de diversas empresas de la familia Rodríguez y que en 1990 asumió como secretario personal de Miguel. Así, instaló programas de contabilidad en las 344 sucursales de Drogas La Rebaja, un proceso que costó US$3 millones, pero que les garantizó disponer de registros financieros paralelos.

La contabilidad ilegal se identificaba con dos letras y un número, CC-01, por ejemplo, y así sucesivamente se iba aumentando la numeración a medida que se instalaba esta maniobra en las demás empresas. A comienzos de los años 90, la junta directiva de Drogas La Rebaja la componían Humberto, Jaime, William y Amparo Rodríguez, así como el esposo de ésta, Alfonso Gil, y dos testaferros más. En cuanto la junta aprobaba inyectarle capital a la empresa, se ingresaba el dinero a través de la contabilidad ilegal por medio de una cuenta puente, controlada por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y, para justificar esta operación, en las firmas se hacían sobrefacturaciones ficticias “para hacerlos aparecer como ingresos de ventas en cada uno de los mostradores”.

Pallomari narró que este esquema lo repitió durante años la familia Rodríguez, pero en un momento dado las organizaciones crecieron de tal forma que las sospechas empezaron a aflorar y oficiales tributarios fueron sobornados para que las anomalías pasaran de agache. El aumento desmesurado en sus capitales fue el resultado de la urgencia de los capos por legalizar sus ganancias producto del narcotráfico, que a su vez eran reinvertidas en las compañías fachada. Gilberto lo hacía con el 60% y Miguel con el 40% de sus utilidades en Drogas La Rebaja. Se detectó que cuando los laboratorios subían los precios de los medicamentos, avisaban con antelación para que Drogas La Rebaja se abasteciera y la diferencia les resultara ventajosa e ingresara a los inventarios para cubrir los dineros ilegales.

La Fiscalía encontró en los estados financieros de Miguel Rodríguez tres contabilidades paralelas que se identificaban con códigos: LTD-1 sobre sus ganancias, LTD-2 sobre las de él y su hermano Gilberto y LTD-4 sobre los registros del cartel de Cali en donde aparecían movimientos de Miguel, Gilberto, Pacho Herrera y José Santacruz, de la que se desprendió una cuarta contabilidad que, en palabras de Pallomari, “solamente se utilizó para la elección del Congreso (de 1994) y del presidente (Ernesto) Samper”. Cuando se ‘coronaba’ una venta de narcóticos en Estados Unidos, el intermediario le hacía llegar el dinero a través de diferentes cuentas registradas a nombre de testaferros de Miguel, quien a su turno identificaba cada cheque con un código de cuenta de quien había suministrado esos recursos y el motivo.

La modalidad más común para introducir ingresos de la mafia era a través de casas de cambio en Miami o Nueva York, que a la vez enviaban ese dinero a Cali y Bogotá cobrando un porcentaje del 10%. Pero además se descubrió que se utilizó el contrabando en Colombia, en concreto mercancía vendida en los Sanandresitos, para lavar dinero. Miguel y Gilberto Rodríguez entregaban dinero en Estados Unidos, que era ocultado en artefactos como aires acondicionados, neveras o lavadoras importadas a Colombia. También financiaban la adquisición de computadores o televisores por parte de contrabandistas, quienes les cancelaban un mes después el dinero invertido que circulaba en los Sanandresitos.

Con el correr de los negocios, los hermanos Rodríguez Orejuela adquirieron relevancia para las autoridades y empezaron a ser reseñados por la justicia. A principios de los años 90 se vieron forzados a distribuir sus ilícitos capitales que, en operaciones simuladas, fueron recibidos por sus hijos y testaferros. Al mismo tiempo, fungían como prestamistas de sus propios familiares para que éstos se apropiaran de las sociedades que antes controlaban los hermanos Rodríguez Orejuela. Un círculo de dinero que fue ajustándose después de que Gilberto Rodríguez fuera arrestado en España en 1984 y enviado a Colombia dos años más tarde. Fue así como movimientos contables en papel les permitieron a los Rodríguez diversificar y blanquear sus capitales.

De otro lado, Daniel Serrano Gómez, en su calidad de cercano asesor de Miguel Rodríguez, le contó a la Fiscalía que se involucró con los negocios ilícitos a mediados de la década de los 80, siendo detenido el 6 de diciembre de 1985 con 100 kilos de cocaína en Los Ángeles, condenado por ello a 12 años de prisión y recobrando su libertad en noviembre de 1992, cuando retornó a sus andanzas. Moviendo sus amistades, los contactó con el coronel Chaustre, jefe del bloque de búsqueda en Cali, para evitar cualquier operativo en su contra. Tras su arresto en 1995, los Rodríguez Orejuela le pidieron seguir controlando los dineros calientes que provenían de Drogas La Rebaja y de las cooperativas Coopservir y Farmacoop.

Entre 1996 y 2003, Serrano distribuyó entre hermanos, hijos, sobrinos, esposas, abogados y hasta policías corruptos los dineros que seguían siendo lavados a través de estas empresas. Explicó que cada vez que salía una Lista Clinton en donde se involucraban firmas de los testaferros, “había un cambio brusco”, se creaban nuevas sociedades de fachada y se protocolizaban escrituras públicas. El negocio seguía vivito y coleando. Entre 1989 y 1996, cuando los Rodríguez Orejuela les cedieron Drogas La Rebaja a sus familiares, y éstos a los empleados de Coopservir, existe una diferencia de casi $32.000 millones en su patrimonio. Se descubrió que las acreencias de estas cooperativas a los Rodríguez eran ficticias. Los abonos a la supuesta deuda por la compra de Drogas La rebaja, por ejemplo, hacían parte del lavado.

“Con estas supuestas ventas de las empresas de la familia Rodríguez a cooperativas conformadas por los mismos empleados, se puede sostener categóricamente que existió un proceso de blanqueo de capitales”, sostuvo la Fiscalía, que detalló idénticas operaciones en establecimientos como Blanco Pharma, Cosmepop o Laboratorios Kressfor. Se dio, pues, un proceso de sucesión de lavado, en donde Amparo Rodríguez Orejuela y su esposo, Alfonso Gil Osorio, coordinaron esta red ilícita de 31 personas, acusadas por la Fiscalía del delito de lavado de dinero. Varios hijos de Miguel y Gilberto Rodríguez ya purgan penas por estos mismos hechos, tras ser judicializados el año pasado.

De esta forma, la Fiscalía desarticuló la sofisticada estructura criminal de los capos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes, a pesar de haber recibido condenas a más de 30 años de prisión en Estados Unidos, con sus ilícitos movimientos, contabilidades paralelas y empresas fachada pretendieron seguir defraudando al Estado y hacerle ‘conejo’ al acuerdo al que llegaron con las autoridades norteamericanas de preservar unos bienes en cabeza de algunos de sus familiares. Es el epílogo de un cartel replicado en sus hijos, que exportó 200 toneladas de cocaína a EE.UU. y que a sus anchas manipuló la justicia, infiltró campañas presidenciales, torció leyes y capoteó a las autoridades por más de 40 años.