Foto: David Campuzano

Al menos  180.000 personas se han identificado ante la Fiscalía como víctimas del paramilitarismo.  

“No se ha recibido ningún bien —o dinero— por parte del bloque Catatumbo (...) El Fondo para la Reparación de Víctimas no ha recibido bienes por parte del frente Fronteras (...) No se ha recibido dinero —ni bienes— para la reparación de víctimas por parte de Jorge Iván Laverde, alias El Iguano (...) El postulado Salvatore Mancuso no ha entregado dinero para la reparación de las víctimas (...) El bloque Norte no ha hecho entrega de dinero (...) Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, no ha entregado dinero líquido (...) No se han recibido bienes del postulado Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón (...) El Fondo no ha recibido bienes —ni dinero— por parte del bloque Héroes de Montes María”.

Este es el empobrecido estado en que se encuentra la entrega de bienes por parte de los bloques paramilitares al Fondo de Reparación para las Víctimas, según un reciente informe conocido por El Espectador. En otras palabras, cinco años después de que se aprobara y divulgara la Ley de Justicia y Paz, los victimarios no han cumplido a cabalidad con el compromiso, como dicta la norma, de renunciar a las propiedades que estuvieran a su nombre o de testaferros con el fin de reparar en algo a quienes victimizaron. En el documento queda en evidencia que ex comandantes paramilitares como Juancho Dique, Carlos Tijeras o Caracortada poco han colaborado con las autoridades en este punto.

“Lo cual no quiere decir que las víctimas de esos señores o esos bloques no vayan a ser reparados”, explicó Marlene Mesa, subdirectora del programa de atención a víctimas de Acción Social. Según la funcionaria, la Corte Constitucional ya estableció en una sentencia que el Estado tiene el deber de reparar a las víctimas, con o sin el aporte de los desmovilizados, pero que lo más importante no es que se entreguen propiedades, sino que éstos tengan vocación de reparar. “Me dicen que yo me inventé ese término, y es cierto. Pero no es como dicen los desmovilizados, que lo hice por ponerles trabas. Es porque no exigirlo y recibir cualquier bien, puede resultar en engaño para las víctimas”, precisó Mesa.

Hace dos días, en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, el magistrado Eduardo Porras Galindo le ordenó a Acción Social que admitiera una cantidad de bienes que desde hace unos meses venía ofreciendo el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, avaluados, según sus abogados, en US$25 millones y rechazados por la entidad  “injustificadamente”. Los litigantes reclamaron que la agencia les hubiera concedido, supuestamente, unos predios localizados en Bolívar a unas personas “que no son ni siquiera víctimas” y criticaron el concepto de “vocación de reparación” con el que, según Mesa, debe contar cada bien que llegue a manos del Fondo de Reparación de Víctimas.

La funcionaria, sin embargo, se sostiene en su orilla: “No podemos recibir propiedades cuyos impuestos valgan más que el inmueble mismo, que estén endeudadas, embargadas o que presenten problemas de titularidad”. Según los últimos registros de Acción Social, apartamentos, lotes, casas o carros que pertenecían a los ex comandantes de las Auc Ramón Isaza, Hébert Veloza (H.H.) o Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna) han sido destinados para la reparación de las víctimas. De Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco) hay un acta de entrega de 2001 de  ejemplares bovinos y un televisor de 29 pulgadas. Y la lista continúa. “Con Mancuso y algunos otros ex jefes paramilitares hemos tenido muchos problemas. Ellos quieren que les aceptemos cualquier cosa y nosotros no podemos hacerlo”, señaló Mesa.