Tres coroneles, removidos por el caso Ocaña

El escándalo por las muertes aún sin esclarecer de jóvenes de Soacha (Cundinamarca), cuyos cuerpos aparecieron en áreas rurales de Ocaña (Norte de Santander), registrados como muertes en combate por la Brigada Móvil Nº 15 del Ejército, ya pasó la primera factura: tres coroneles del Ejército fueron suspendidos. Así lo notificó ayer el comandante del Ejército, general Mario Montoya, quien manifestó que en la institución hay incertidumbre sobre los procedimientos que se siguieron alrededor de los hombres que fueron reportados como desaparecidos por sus familiares.

“En el desarrollo de una investigación interna, se pudo establecer que existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército nacional en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud en el correcto proceder”, dijo el general Montoya en un comunicado. El coronel Santiago Herrera, jefe del Estado Mayor de la V División; el coronel Rubén Castro, comandante de la Brigada Móvil Nº 15 y el jefe de operaciones de la misma brigada, el teniente coronel Gabriel Rincón, fueron los oficiales afectados por la determinación de Montoya.

“Nos alegramos por la decisión. Sabíamos que eso podía tomar un efecto dominó, pero esperamos que las investigaciones abarquen más que los jóvenes de Soacha”, expresó desde Aguachica (Cesar) Mónica Devia, hermana de Luis Enrique Devia, un hombre de 32 años de edad, quien tenía la edad mental de un niño de 9, y fue reportado como guerrillero del Eln dado de baja en combate por la misma Brigada Móvil Nº 15 en junio pasado. Este caso, al igual que otros tres que aún están por esclarecer (que incluyen un discapacitado mental de 17 años y un soldado profesional), fueron denunciados por El Espectador.

El general Mario Montoya aseguró tener en su poder pruebas testimoniales que, según afirmó, le haría llegar  al  fiscal general Mario Iguarán. “Tenemos serios indicios de que los procedimientos no estuvieron de acuerdo con las normas”, dijo el alto militar. La última vez que Iguarán se pronunció sobre estos hechos, a principios de octubre, aseguró que aún no se había establecido la veracidad de las muertes en combate de estos jóvenes.

La Procuraduría General de la Nación también tiene en la mira el caso de los habitantes de Soacha que, según dijo en su momento el Ejército, fueron dados de baja en enfrentamientos. Fuentes del organismo de control le confirmaron a este diario que desde hace unos días el ente comenzó a realizar indagaciones preliminares con el fin de establecer responsabilidades. El proceso está a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, área que tiene funciones de policía judicial.