Castigo para la injuria y la calumnia, pero proporcionado

Si a causa de la libertad de expresión resulta lesionado el derecho al buen nombre o la honra de algún ciudadano, el castigo impuesto al infractor debe ser proporcional al daño y, en lo posible, establecido a través de una conciliación y no por vía judicial. Ésa es una de las principales conclusiones a la que llegaron varios expertos en el debate “Calumnia, injuria y cárcel”, que se realizó el pasado martes en la Universidad de los Andes, en coordinación con El Espectador.

El Espectador
12 de noviembre de 2008 - 10:02 p. m.

En el evento, el representante a la Cámara Roy Barreras explicó con detalle los alcances del proyecto de ley que radicó hace poco más de un mes en el Congreso para despenalizar la injuria y calumnia. La idea del legislador es que se establezca que la única pena posible para los llamados “delitos de opinión” sea la sanción económica.

La iniciativa recibió el apoyo público de los periodistas Pascual Gaviria y Alfredo Molano, panelistas del foro, quienes contaron cómo llegaron a enfrentar procesos penales por, supuestamente, haber cometido esas agresiones.

Molano, que desde hace varios meses mantiene un altercado legal con algunos miembros de la familia Araújo, del César, que lo demandaron luego de la publicación de una columna en este diario, se declaró “protegido” por la propuesta de Barreras y dijo que, en su concepto, “la mejor manera para resolver el problema de las honras afectadas siempre será la polémica pública”, es decir, la réplica.

La idea fue aplaudida por la relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, quien considera que el derecho penal no es la forma adecuada para proteger de la injuria y la calumnia.

La propuesta de la relatoría es, entonces, que además de despenalizar esos delitos, los castigos se impongan sólo cuando se demuestre que quien los cometió actuó deliberadamente en contra de la verdad. Botero afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera la polémica como parte fundamental del pluralismo democrático.

Uno de los demandantes de Alfredo Molano, presente en el debate, aseguró que, mientras la legislación colombiana no determine un mecanismo distinto, la vía judicial es la herramienta válida para resolver este tipo de inconvenientes. En igual sentido se pronunció el magistrado Jaime Araújo, asistente al evento, quien opina que “aunque la mayoría de los periodistas son correctos, hay más de uno corrupto”.

Este es el primero de una serie de debates que, sobre distintos temas de interés nacional, realizará El Espectador.

Por El Espectador

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