La Fiscalía 12 de la Unidad Antiterrorismo, la misma que hace un mes ordenó de manera insólita revisar las bases de datos de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Nacional y el Sena, en desarrollo de una investigación por supuestos nexos de estudiantes y profesores con la guerrilla, también fue la que solicitó la interceptación de 152 correos electrónicos, entre los que figuran los de prestigiosos columnistas, periodistas, académicos, organizaciones de derechos humanos y ni más ni menos que la actual secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón.
Documentos en poder de El Espectador revelan que en dos oportunidades, en diciembre de 2006 y septiembre de 2007, la Fiscalía autorizó que se chuzaran dichos correos electrónicos porque existían información e interceptaciones telefónicas que presuntamente relacionaban a los usuarios de esos email con miembros del Partido Comunista Clandestino y la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc (Ruan). En el expediente número 65.635 de la Unidad Antiterrorismo se indaga el posible delito de rebelión en el que podrían estar incursos las 152 personas que fueron objeto de las pesquisas del ente acusador.
El proceso se inició el 28 de noviembre de 2005, cuando miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 9, en jurisdicción del municipio de Colombia, Huila, incautaron documentación sobre las Farc en la que se hablaba del Movimiento Bolivariano Nueva Colombia y el PC3 en la ciudad de Bogotá, “relacionando a diferentes personas que han recibido instrucción por parte de ese grupo guerrillero y estarían organizando células en diferentes sectores de la ciudad”. Es así como, sostuvo la Fiscalía, luego de labores de inteligencia se rastrearon personas relacionadas con el hallazgo del material de la guerrilla.
Con estos argumentos, el capitán de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá Freddy Contreras Sarmiento le pidió al ente acusador interceptar estos 152 correos electrónicos, “que son utilizados para la comunicación de miembros del PC3 y la Ruan para evadir el control de las autoridades”. Entre los chuzados se encuentran el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria; el director de cine Lisandro Duque, el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas, Iván Cepeda; el escritor Manuel Drezner (todos columnistas de El Espectador), el director de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel; un ex periodista de Telesur, un reportero del programa La Noche de RCN, un funcionario de Naciones Unidas, voceros de ONG de derechos humanos y 34 correos de miembros de universidades públicas.
Todos rechazaron con vehemencia la flagrante violación de su intimidad y anticiparon acciones legales en contra de la Fiscalía. “El país está cayendo en un clima de paranoia y uno de los objetivos del terrorismo es convertir al Estado en un abusador de las libertades civiles; estoy aterrado de aparecer como sospechoso”, manifestó Alejandro Gaviria. “Esto es una persecución contra defensores de DD.HH.”, añadió Iván Cepeda. “Es una violación a la privacidad, tengo una rabia enorme, son unos ignorantes los que hacen estas pesquisas, resulté yo como un falso positivo electrónico”, conceptuó Lisandro Duque.
Alfredo Rangel se declaró extrañado y calificó de arbitraria la lista de correos interceptados: “Esto es una pesca ciega”. La más enfática fue la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López: “Es inconcebible y vergonzoso. Sería terrible que con la ayuda de las autoridades vayamos hacia un Estado autoritario donde exista el delito de opinión”, y enfatizó que las fechas de las chuzadas a su correo coinciden con las denuncias que hizo por el escándalo parapolítico. Voceros de ONG se declararon alarmados y en espera de una explicación del fiscal Mario Iguarán.
Consultado por El Espectador, el Fiscal sostuvo los siguiente: “Esto, más que un ataque de originalidad, tiene todos los visos de estar haciéndoles la tarea a los enemigos de los derechos y las libertades constitucionales. En consecuencia, se instruyó para que se revocara tan irrazonable decisión y ordenamos que se compulsaran copias para que se investigue por prevaricato y abuso de autoridad a los fiscales y funcionarios de policía judicial que autorizaron esto”. Uno de los fiscales relevados fue Jorge Piedrahita, el mismo que desató un escándalo el pasado 22 de octubre luego de que pidiera la revisión de las bases de datos de docentes y alumnos de las universidades públicas.
Los ‘chuzados’
Alejandro Gaviria
Decano Economía U. de los Andes
“Me parece muy harto y desagradable. Tampoco quiero posar de víctima ni hacer especulaciones, pero sí quisiera decir que el país está cayendo en un clima de paranoia y uno de los objetivos del terrorismo es convertir al Estado en un persecutor y abusador de la libertad de civiles”.
Lisandro Duque
Director de cine
“Estoy bastante molesto, porque es una violación a la privacidad. Cuando yo vi que una de las sospechas sobre mi correo era tener vínculos para encubrir gente de la Ruan o la Pc3, me desconcerté. Me dio una rabia enorme porque sentí que me estaban involucrando en episodios y ONG con las que no tengo el menor vínculo”.
Iván Cepeda
Defensor de Derechos Humanos
“Considero que esto hace parte de una campaña de persecución contra defensores de derechos humanos. También he sido informado de que se han interceptado líneas y teléfonos celulares desde distintos organismos de seguridad del Estado”.
Alfredo Rangel
Fundación Seguridad y Democracia
“Acerca de todo esto yo diría que es una especie de pesca ciega tratando de establecer nexos entre los propietarios de los correos y los grupos ilegales, pero de una forma azarosa y arbitraria (...) me parece que es una ligereza y una falta de criterio lo de incorporar nombres de manera arbitraria a una lista de correos que van a ser interceptados”.