“Siete bombas arrasaron el campamento y el búnker de concreto del Mono Jojoy en la selva de La Macarena”, palabras del almirante Édgar Cely, comandante de las Fuerzas Militares. “Hemos desarrollado una precisión impecable”, declaró a este diario el comandante de la Fuerza Aérea, mayor general Julio González. Sin embargo, por tratarse de un tema de defensa nacional, no entran en detalles técnicos a los que tuvo acceso El Espectador.
La ‘Operación Sodoma’ utilizó bombas ciento por ciento colombianas, fabricadas por operarios boyacenses en la planta Santa Bárbara del municipio de Sogamoso. La decisión de producirlas aquí la tomó a comienzos de 2006 el gobierno de Álvaro Uribe, teniendo en cuenta que el panorama del conflicto interno cambió radicalmente: el reporte de combates con la guerrilla descendió 90 por ciento y el de bombardeos aumentó en la misma proporción. El repliegue de las Farc y el Eln hacia selvas y páramos recónditos obligó no sólo a especializar los sistemas de rastreo y localización satelital, sino a mejorar la tecnología de las bombas lanzadas por los aviones de la Fuerza Aérea y la Aviación del Ejército.
La precisión fue mejorada en Colombia durante los años 90 a través de la utilización de designadores laséricos, instalados durante la repotenciación de los aviones supersónicos K-Fir y Mirage. Luego se trasladó a los aviones bombarderos A-37, OV-10 y Tucano. Pero el margen de error todavía era grande.
A raíz de una denuncia en Norte de Santander, que llegó a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, un piloto de la FAC admitió en 2003: “No contamos con sistema de entrega de armamento de precisión”. Es decir, no podían garantizar con exactitud el lugar donde caía la bomba ni medir su capacidad destructiva. Ahora la FAC dice garantizarlo con tecnología colombiana.
Así se fabrican
Planeación Nacional y el Ministerio de Defensa alertaron sobre el alto costo de seguir adquiriendo bombas de fabricación norteamericana MK81 (250 libras), MK82 (500 libras), BDU 33 y CFB27-300, a un promedio de 6.000 por año. Sólo para 2008 la Fuerza Aérea presentó un plan de compras que superó los 15 mil millones de pesos. Cinco años antes el requerimiento presupuestal 021 del Ministerio de Defensa a Planeación Nacional era de 3.700 bombas a un costo de 3.103 millones de pesos.
A esto había que sumarle las multimillonarias indemnizaciones que ha tenido que pagar el Estado por errores cometidos durante bombardeos como el de Santo Domingo, Arauca, en 1988. Murieron 17 personas y la Nación fue condenada a pagar indemnizaciones por 2.000 millones de pesos.
El llamado Grupo Empresarial de la Defensa (Gsed), que reúne a todas las entidades del sector, propuso un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, la FAC, la Industria Militar (Indumil) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac) para desarrollar “bombas inteligentes” colombianas de 125, 250 y 500 libras.
Según los documentos, el objetivo era sustituir las importaciones y proyectar autosuficiencia nacional, “cumpliendo con todas las normas internacionales para armas bélicas y de Derecho Internacional Humanitario”.
En el tercer reporte trimestral de 2006 anunciaron la culminación del proceso de fabricación de las primeras ocho de 125 libras. Primero se probaron en polígonos y tablas de tiro construidas en bases aéreas alejadas como Marandúa, Vichada. Luego la FAC las empezó a probar en aviones bombarderos Tucano y Supertucano y mostraron su efectividad en menos de un año.
Los modelos y el ahorro
Para 2007 se inició en firme la producción en la fábrica de Sogamoso. En el informe del cuarto trimestre se confirma que en abril de 2008 se entregaron a la FAC 1.500 bombas de 250 y 500 libras de “propósito general”, con “ahorros totales por más de 1.950 millones de pesos frente al precio de importación, lo cual contribuye a la autosuficiencia y al desarrollo tecnológico de Indumil”. Los artefactos empezaron a ser usados en operaciones reales y las calificaciones tanto de los pilotos como de las tropas que hicieron barridos en las zonas de operaciones fueron “excelentes por objetivos cumplidos”.
Ahora los aviones bombarderos cuentan con mayores recursos de precisión: radares de última generación, cámaras multiespectro, sistemas de detección por calor Flir, sensores de radiofrecuencias, aerofotografía satelital, radiogoniometría. Todo puesto al servicio de precisar las coordenadas sobre las que se van a dirigir las bombas con rayos láser.
Un piloto de la FAC que participa en este tipo de operaciones explicó: “Es mentira que dependamos de meter un chip en los zapatos de un guerrillero. Lo que nos permite hacer un trabajo más exacto es la información de los infiltrados, y a eso le sumamos la inteligencia desde el aire”.
La disminución en el gasto militar anual gracias a la producción nacional bombas y de fusiles fue confirmada en un estudio de Rocío Pachón Pinzón, profesora de las facultades de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario e investigadora del Observatorio de Armas Ligeras y Pequeñas, Municiones y Explosivos de las mismas facultades. Se titula “La industria de armas en Colombia: entre la búsqueda de autosuficiencia y de sostenibilidad” y calcula el ahorro en 40 millones de dólares anuales.
Proyecto Santos
El tema se hizo público apenas el 29 de abril del año pasado. El ministro de Defensa y hoy presidente Juan Manuel Santos, durante la instalación del Seminario Internacional de Ciencia y Tecnología para la Defensa y la Seguridad, confirmó la fabricación de bombas contramarcadas como IMC XUE, ya no sólo de “propósito general” (PG), sino “prefragmentadas” (PF), con una onda explosiva más letal. Las pruebas aerodinámicas con 12 de éstas últimas se hicieron en octubre del año pasado en la base del Grupo Aéreo del Oriente, en Marandúa.
La producción de bombas es intensa: a finales del año pasado, para citar el más reciente, el Ministerio de Defensa, la FAC e Indumil firmaron el contrato interadministrativo directo 324, por un valor de 3.459 millones de pesos. Se trata de 565 bombas de 250 libras (PG), cada una a un precio de 5 millones 278.327 pesos más IVA. Fueron entregadas en el primer semestre de este año en las bases aéreas de Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta), desde donde despegan hoy en día más bombarderos junto con las de Tres Esquinas y Larandia, en las selvas del sur del país. Las de 500 libras cuestan 7 millones la unidad.
El proceso ya es motivo de análisis internacional. Un informe de julio del Observatorio del Cono Sur para Defensa y Fuerzas Armadas reporta: “La Industria Militar de Colombia comenzó a fabricar bombas ‘inteligentes’ y explosivos biodegradables”.
Estos últimos son aquellos que pierden su potencia pasado un tiempo, lo que evita riesgos para la población civil y los propios combatientes. Indumil trabaja en esta materia con asesoría científica de tres universidades, una de ellas la Militar.
Juan Manuel Santos dejó consignado que la efectividad de los diseños es tal que, una vez quede cubierto el suministro para el conflicto interno, se iniciará “la fabricación en serie y comercialización” a nivel latinoamericano, incluso de bombas de mil libras.
Un proceso similar al de los fusiles Galil, que hoy son Made in Colombia y exportados con éxito. Surge la pregunta: ¿Es conveniente que Colombia, aparte de las exigencias de su guerra, entre de lleno en la carrera armamentista internacional?
El Gobierno lo justifica porque cubre las necesidades de defensa y seguridad del país y genera empleo. Los organismos de derechos humanos lo condenan porque promueve el militarismo y las guerras.