El infeliz desarraigo afro

Foto: EFE

“Las familias felices se parecen todas; las infelices lo son cada una a su manera”, dice la célebre apertura de Anna Karenina. Lo que nunca imaginó Tolstói fue que, cien años después de muerto, su frase serviría para condensar la diversa infelicidad de las familias de una de las poblaciones más sufridas del mundo: los cerca de cinco millones de colombianos desplazados, la más numerosa del planeta.

Los afrocolombianos desarraigados, por ejemplo, cargan con un sufrimiento particular. Tienen una probabilidad mucho mayor de ser víctimas del desplazamiento: 84% más alta que la de la población mayoritaria mestiza, según el censo de 2005. Y su vulnerabilidad viene en aumento. Mientras que en 2008 eran el 16% de la población desarraigada, a finales de 2010 pasaron a ser el 23%, según datos de la Comisión de Seguimiento a las Políticas sobre Desplazamiento. Dado que, según el censo, los afrocolombianos son menos del 11% de la población, es clara la desproporción de su desplazamiento. A esto se suman los frecuentes casos de discriminación contra ellos en los barrios y ciudades a donde llegan, que han salido a flote en decenas de entrevistas hechas por el Observatorio de Discriminación Racial (ODR) a lo largo de cinco años en ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá, o en las zonas rurales de Nariño, Cauca, Valle y Chocó.

A primera vista, la situación parecería producto del caos de la guerra: miles de familias que salen corriendo con sus corotos de los rincones del Pacífico y del Atlántico; rostros de niños y niñas negros pidiendo ayuda en los semáforos de Bogotá o Medellín, en imágenes tan nuevas como penosas en la geografía de la segregación racial del país.

Pero la realidad es que hay un orden preciso en el caos. Como lo dijo el mes pasado el informe oficial de Gay McDougall, la relatora de la ONU sobre Minorías que visitó el país en 2010: “las motivaciones de los responsables (del desplazamiento negro), que antes eran tácticas y estaban relacionadas con el conflicto, son ahora comerciales y están relacionadas con la adquisición de tierras para dedicarlas a cultivos ilícitos, megaproyectos agrícolas, el desarrollo económico y la explotación de los recursos naturales”. Lo mismo concluyó la Corte Constitucional en el diagnóstico estatal más completo del problema (el Auto 005 de 2009). Así que, lejos de ser una casualidad, el desarraigo afrocolombiano obedece, en buena parte, a intereses con una historia y un presente palpables.

El origen fue una medida que buscaba todo lo contrario: la Ley 70 de 1993, que reconoció los derechos de las comunidades negras sobre las tierras que habían habitado durante siglos en el Pacífico y otras regiones. El resultado ha sido la titulación de 159 territorios colectivos entre 1996 y 2010, destinados a contrarrestar el patrón histórico de discriminación racial y a proteger la economía y la organización política de las comunidades.

Tras la reforma, vino la contrarreforma. Paramilitares, guerrilleros, coqueros, empresarios de la palma y la minería, y otros actores legales e ilegales, tenían otros planes para esos territorios. Las mismas tierras que el Estado había considerado baldías hasta hace 20 años, pasaron a ser codiciadas por todos en medio del boom de las economías de la droga, los monocultivos, la madera y la minería que se ha tomado al Pacífico.

Por eso, “no es una coincidencia que el mismo mes en que comenzó la titulación colectiva (diciembre de 1996) y en el lugar específico en donde ésta comenzó (Riosucio, Chocó)” entraran los paramilitares a imponerse a sangre y fuego, como lo recuerda el juicioso informe de Afrodes (Asociación de Afrocolombianos Desplazados). Tampoco es azar que las Farc hayan asesinado a 119 personas en Bojayá, en medio de enfrentamientos que fueron desatendidos por la fuerza pública. O que hoy la Fiscalía haya confirmado que las comunidades afro de Curbaradó y Jiguamiandó siempre tuvieron la razón al denunciar la alianza entre palmeros y paramilitares para desplazarlos y despojarlos de sus territorios colectivos.

Al ritmo de la metamorfosis del conflicto, se ha transformado el desplazamiento afro. Hoy las bandas emergentes son un motor poderoso de desarraigo de las comunidades que se atraviesan en rutas de narcotráfico, o en proyectos mineros o agrícolas de gran escala. Como lo denunció Afrodes, las bandas están detrás de las amenazas recientes contra organizaciones negras y consejos comunitarios, que continúan así una historia de 15 años en la que han caído 42 líderes de la población afrodesplazada que se ha organizado para exigir sus derechos.

Por tanto, como concluyó la Relatora de la ONU, “el desplazamiento es una realidad actual, no sólo la herencia de una guerra agotada”. Realidad frente a la cual el gobierno heredó una larga tarea pendiente. Para cumplirla, basta que siga la completa hoja de ruta delineada por la Corte Constitucional en su decisión de 2009, que el anterior gobierno prefirió ignorar, como lo mostró un balance detallado del ODR.

Falta completar el diagnóstico sobre la situación de los territorios colectivos negros, según lo ordenó la Corte. Resta también implementar la ruta de atención estatal a esta población. Y falta mucho por hacer para contrarrestar la discriminación contra los afrodesplazados en las ciudades a donde huyen.

En cuanto a las causas profundas, la solución es cumplir la obligación estatal de aplicar la Ley 70 y detener su contrarreforma de hecho. La ocasión ideal es la ley de víctimas para comunidades negras que el Gobierno deberá expedir, según lo ordena la ley general de víctimas que cursa en el Congreso. Para ello, el Gobierno tendrá primero que cumplir su deber legal de consultar no sólo a unos cuantos líderes políticos, sino a las propias familias, comunidades y organizaciones que han sufrido el desplazamiento y la violencia. Las mismas que, por el doble efecto del desarraigo y la discriminación, son infelices a su manera.

Año de los afrodescendientes

La ONU declaró 2011 como el “Año Internacional de las Personas Afrodescendientes”. Según Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el objetivo es “fortalecer el compromiso político para erradicar la discriminación contra los afrodescendientes”.

El Espectador y el Observatorio de Discriminación Racial (*) harán un cubrimiento especial a lo largo del año. Mediante artículos, entrevistas, crónicas, testimonios y otros formatos se analizarán mensualmente temas como las estadísticas sobre la discriminación, el acceso a la educación, la historia de la esclavización, la realidad laboral de los afrocolombianos, la situación de los territorios colectivos de las comunidades negras y el aporte afro a la cultura nacional.

*El Observatorio de Discriminación Racial está conformado por Dejusticia, el Proceso de Comunidades Negras y el Programa de Justicia Global de la Universidad de los Andes.

*Coordinador del Observatorio de Discriminación Racial (odracial.org).