Urgencia manifiesta en Medellín

Foto: Luis Benavides

Ante las continuas emergencias que se han presentado en la ciudad durante el último mes por cuenta de las fuertes lluvias que a la fecha dejan ocho víctimas mortales, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, declaró la urgencia manifiesta en la capital Antioqueña. “La idea es poder contar con todos los recursos que sean necesarios para la prevención de incidentes y la atención y recuperación de las zonas que resulten afectadas. Esa recuperación se refiere a que  los damnificados puedan ubicarse temporalmente en un lugar adecuado y con ayuda alimentaria, y posteriormente con una solución de fondo para sus viviendas”, manifestó el mandatario local.

Según Planeación municipal, 30.000 familias habitan en zonas de alto riesgo no recuperables. Sin embargo, las emergencias no distinguen estrato social, es así como se han registrado desbordamientos de quebradas y deslizamientos en exclusivos sectores como El Poblado y Las Palmas. A la fecha el Simpad (Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres) ha realizado 5.000 visitas técnicas en toda la ciudad, de éstas 3.500 presentan riesgo y se han entregado 1.076 recomendaciones de evacuación. Actualmente otras 2.500 familias reciben subsidio de arrendamiento. “Diariamente estamos realizando visitas en los diferentes barrios. La recomendación a la gente es que esté muy alerta y ante cualquier manifestación de inmediato llamarnos y salir de sus viviendas para evitar tragedias que lamentar”, indicó Camilo Zapata, director del Simpad.

No obstante no todas las personas acatan la orden de desalojo por temor a que sus pertenencias sean robadas o a que el Gobierno no les cumpla con la reubicación. “Después de que la quebrada la Iguaná se metió y se llevó esas casas a nosotros nos dijeron que teníamos que salir. Somos como 50 familias que estamos en peligro, pero no sabemos para dónde irnos. Nos dan $200.000 y eso no alcanza sino para meterse uno en otro rancho también en peligro”, asegura Nidia Córdoba, habitante de la Iguaná.

 “Las familias son notificadas de que deben salir, pero nos preocupa que hay muchas que se resisten porque aseguran que el dinero que les dan no les alcanza y el permanecer en las casas en riesgo puede ocasionar una tragedia. Nosotros estuvimos en la zona centroriental y hay muchas viviendas a punto de colapsar”, explicó Patricia Aristizábal, personera delegada de Derechos Humanos.

 La Personería insiste en que la situación es grave, pues hay familias que, ante la imposibilidad de conseguir una casa en arriendo por ese dinero, se van para otros barrios adonde familiares y eso genera un desplazamiento del lugar de residencia, lo cual trae consigo dificultades tales como la asistencia de los niños a los colegios.

Sobre la ciudad ha caído cinco veces más agua de la normal, por esa situación las laderas están saturadas y en cualquier momento se pueden presentar nuevos deslizamientos. La situación también ha afectado el suministro de agua en varios sectores de la ciudad y el Área Metropolitana, debido a la ruptura de la tubería de conducción del líquido. Ante la emergencia, la Policía Metropolitana ha repartido agua en las tanquetas antidisturbios.

En todo el departamento la situación es igual de delicada. En Rionegro se declaró la alerta roja, pues 530 familias resultaron damnificadas por los desbordamientos de quebradas. Alcides Tobón, alcalde de la localidad, aseguró: “El Ideam nos informó que aquí en el oriente es la zona donde más ha llovido en el país, las pérdidas que tenemos son millonarias y lo más preocupante es que falta mucho todavía de este invierno”.

 Según el Dapard (Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres), en Antioquia 24 personas han fallecido, hay 52.000 damnificados, 14.300 familias afectadas, 473 casas destruidas y 10.500 afectadas. “Hemos atendido 53 emergencias en 40 municipios, las zonas más críticas son el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el Suroeste y el Oriente”, señaló Fredy Rendón, director de la entidad.

El funcionario realizó un sobrevuelo por los municipios de Bello, Copacabana y Guarne, donde se observaron grandes fisuras en la montaña sobre la autopista Medellín-Bogotá que amenazan a varias comunidades. “Desde diciembre el presidente Santos nos había dicho que reubicáramos a las familias de esa ladera que están en riesgo, ya dimos la orden de evacuar 70 casas de La Camila, que son las más urgentes, también otras de zona rural de Copacabana”, explicó Rendón.

Para darles una solución definitiva a las familias afectadas, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Gobernación de Antioquia firmaron un convenio por $141.000 millones, de los cuales el Gobierno Nacional aporta $75.000 millones y el departamento $33.295 millones para la ejecución de 26 proyectos de vivienda nuevas en 22 municipios antioqueños, los cuales favorecen a 6.458 familias damnificadas. Por su parte la Corporación Antioquia Presente trabaja en la construcción de 700 viviendas nuevas, gracias a los $10.219 millones recaudados a finales del año pasado.

 Con el fin de conseguir más recursos, durante esta semana se realizará la campaña Unidos por Antioquia, la cual busca recaudar ayudas en especies y dinero para los damnificados, pues la temporada de lluvias seguirá hasta junio.