La cátedra de 'Jorge 40'

Silvia Gette Ponce, rectora de la Universidad Autónoma, señalada por exparamilitares de ‘Jorge 40’. / Colprensa

“Confío plenamente en la justicia colombiana y espero fervientemente que se surtan los procesos debidos que, estoy segura, nos permitirán continuar liderando esta institución de formación humana y profesional”. Con estas palabras, el pasado viernes 24 de febrero se apartó de su cargo la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Silvia Gette Ponce, quien por estos días protagoniza un escándalo en la capital del Atlántico, luego de ser señalada de pagar un asesinato para hacerse al control del centro docente.

La víctima fue el ganadero Fernando Cepeda Vargas, asesinado en agosto de 2003 en Barranquilla. Un crimen que hasta el momento permanecía en la impunidad, pero que, gracias a recientes confesiones de exparamilitares presos, ha vuelto a revivir los días siniestros en los que el denominado Bloque Norte de las autodefensas, a la cabeza del extraditado jefe paramilitar Jorge 40, sembró el terror en la ciudad y los municipios circunvecinos. Solo que, como lo ratificó uno de los integrantes de la red asesina, este fue un homicidio por dinero.

Hasta ahora se tenía claro que, desde su incursión en Atlántico en 2003, el Bloque Norte de Jorge 40 había desarrollado una campaña de exterminio contra líderes sociales y sindicales en Barranquilla, cuya acción más conocida fue el asesinato a balazos del catedrático universitario Alfredo Correa de Andreis en septiembre de 2004. Sin embargo, lo que se empieza a esclarecer ahora es cómo el paramilitarismo, al mismo tiempo que se comprometía a negociar la paz con el gobierno Uribe, desató una ola de violencia selectiva en la Arenosa.

El portal Verdad Abierta calcula en 1.664 los asesinatos del paramilitarismo en Barranquilla entre 2003 y 2006. Es decir, cuando Jorge 40 se desmovilizó en marzo de 2006 en el corregimiento de La Mesa (Cesar), no muy lejos de Valledupar, su falso tránsito hacia la paz lo hizo dejando un rastro de sangre en Atlántico, a través de una estructura criminal que tuvo como fachada a una empresa de seguridad privada, además de cooptando empresas, al mismo ritmo en que se especializó en matar al mejor postor, más allá de su guerra ideológica.

Este parece ser el móvil del asesinato del ganadero Fernando Cepeda, quien en la época de su muerte venía sosteniendo con la rectora de la Universidad Autónoma Silvia Gette una publicitada disputa judicial. Luego del fallecimiento del fundador del centro docente, Mario Ceballos Araújo, su compañera Silvia Gette tomó las riendas de la universidad. Pero encontró en el entonces vicerrector Antonio Vallejo y en Fernando Cepeda a dos férreos opositores. El tema terminó en una denuncia de Silvia Gette por concierto para delinquir.

Con un detalle que le agregó escándalo al tema: Fernando Cepeda era el esposo de María Paulina Ceballos, la única hija del fallecido rector y fundador de la Universidad Autónoma, Ceballos Araújo. Tiempo después, el abogado que apoderó a Silvia Gette testificó que, con recursos de la universidad, sobornó a fiscales e investigadores para que organizaran el expediente en su favor. Pero ni siquiera el acoso judicial detuvo a Cepeda en sus acusaciones por supuestos malos manejos en la universidad, hasta que fue asesinado en agosto de 2003.

Lo que apenas se empieza a conocer es que el exoficial del Ejército Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, el mismo que cayó preso en marzo de 2006 en un operativo que dejó al descubierto el denominado computador de Jorge 40, es ahora quien señala a la rectora Silvia Gette como la pagadora del crimen del ganadero Fernando Cepeda. Según Don Antonio, la organización recibió $150 millones, y la transacción la hizo Jorge Palacios, un abogado que defendía paramilitares y que también terminó asesinado en Barranquilla en 2006.

El testimonio de Don Antonio, sumado al del también paramilitar Johnny Acosta Garizábalo, alias 28, quien dijo haber acompañado a Jorge Palacios a la reunión con Silvia Gette, es la prueba que hoy tiene entre los palos a la exrectora de la Universidad Autónoma. Pero más allá del caso mismo, que hoy tiene conmocionados a los barranquilleros, lo que ha vuelto a salir al ruedo es la impunidad en que quedaron decenas de crímenes en el departamento del Atlántico, causados por una red criminal que logró enquistarse en la sociedad.

Por ejemplo, la empresa de vigilancia y seguridad Asis Limitada, que no fue otra cosa que una fachada para complementar los siniestros planes de Jorge 40. Aunque sus principales directivos están hoy presos por concierto para delinquir, apenas ahora se comienza a esclarecer cuál fue su papel individual en la ola de asesinatos que dejó decenas de viudas y huérfanos mientras Jorge 40 y sus aliados le hacían creer al país que negociaban la paz, o algunos de sus emisarios se reunían con los políticos para darle forma a la Ley de Justicia y Paz.

Teófilo Rey Linero hoy está preso, pero aún tiene mucho por explicar en su calidad de accionista de Asis Limitada o integrante del frigorífico Camagüey, también unido a la organización de las autodefensas. Lo mismo que Manuel Combariza Rojas, exgerente de la empresa Palmeras de la Costa, que cumplió un papel determinante a partir del momento en que el imperio paramilitar, a través de métodos ilegales, se hizo a la cooperativa Coolechera, arruinando 75 años de tradición honesta en la región.

Algunos lugartenientes, como Miguel Villarreal, alias Salomón, fueron extraditados y tendrían mucho por aportar. Otros como Darío Laíno Scopetta, también preso, guardan muchas verdades sobre la forma como extorsionaron a diestra y siniestra, de qué manera presionaron contratos en la Gobernación del Atlántico, o terminaron extendiendo sus tentáculos hasta empresas como Métodos y Sistemas para poder apropiarse de recursos públicos, mientras los gatilleros cumplían su oficio ajusticiando por rivalidad política o por plata.

Eso sin contar todo lo que se descubrió en los computadores, memorias, CD, grabadoras o celulares que le encontraron a Don Antonio en el exclusivo conjunto residencial Villa Canaria, ubicado cerca del aeropuerto de Santa Marta. En ellos quedó el registro de más de 60 asesinatos o la relación de los contratos que el paramilitarismo concretó en su tarea de filtración a las finanzas públicas del municipio de Soledad y de la propia Barranquilla. Todas negociaciones que se hicieron por debajo de la mesa, pero hablando de paz por encima.

Como tampoco volvió a saberse de la organización criminal que siguió consolidando Jorge 40, ya desmovilizado y preso en la cárcel de Itagüí. La base de una banda emergente, conectada con el narcotráfico y el sicariato que siguió azotando a la Costa Caribe. Con un agravante: que continuó permeando frentes del Estado como la Policía, el DAS, la Armada, las entidades de salud o la propia Fiscalía. El reciclaje delincuencial de Jorge 40, en parte desmantelado y en parte intacto, mientras el jefe paramilitar cuenta sus días en silencio en una cárcel de Estados Unidos.

La estela criminal de un tal ‘Jorge 40’

Desde mediados de los años 90, Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de Jorge 40, impuso su talión en una vasta zona de la Costa Caribe colombiana. Los estantes de la Ley de Justicia y Paz tienen información de su participación en al menos 600 hechos de violencia, al margen de otras conductas de corrupción y criminalidad.

Su último momento de violencia lo gestó en el departamento del Atlántico, donde a partir de 2003 organizó una red clandestina para apropiarse de dineros del Estado y, de paso, ajusticiar a muchos líderes sociales o sindicales: Pedro Pérez Orozco, asesinado el 3 de octubre de 2005; Eislen Escalante Pérez, 11 días después; Adán Pacheco Ramírez, Miguel Espinosa Rangel, Jesús Caballero, Alfredo Correa... la lista es interminable.

Jorge 40 fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 y algunos de sus lugartenientes están presos en Colombia. Pero la verdad y la justicia de sus crímenes aún están por conocerse en toda su extensión.

De la pasarela a la rectoría universitaria

La historia de Silvia Gette Ponce en Barranquilla comenzó en 1987, cuando procedente de Argentina llegó como artista a la ciudad y deslumbró con sus encantos al fundador de la Universidad Autónoma, Mario Ceballos Araújo.

Rápidamente fue designada coordinadora artística y tuvo programas en Telecaribe.
Tras la muerte de Mario Ceballos asumió la rectoría de la universidad y en ese mismo momento empezaron sus peleas con el abogado Fernando Cepeda, esposo de María Paulina Ceballos. Después Cepeda fue asesinado en 2003. Desde entonces poco se sabía sobre el crimen hasta que comenzaron a hablar los paramilitares.

Hoy impera el estupor en la Universidad Autónoma, una de las más prestigiosas de Barranquilla, con seis facultades y 19 programas, además de múltiples convenios con universidades de América Latina, Canadá y Estados Unidos. La rectora sostiene que todo va a aclararse en su caso. La justicia aportará la última palabra.