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Nacional 3 Mar 2012 - 9:00 pm

Atentados terroristas

Oleoductos, un viejo dolor de cabeza

Sector petrolero muestra preocupación por el incremento de atentados en su contra. Gobierno Nacional confía en su plan de guerra.

Por: Diana Carolina Durán Núñez
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    http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330088-oleoductos-un-viejo-dolor-de-cabeza
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En 2001, el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue objeto de 170 atentados.

En el Gobierno dicen que están haciendo todo lo posible. Que la seguridad no se ha descuidado, que al contrario se ha reforzado. Que unos 16.000 miembros de las Fuerzas Militares, al menos de manera directa, vigilan que la infraestructura de hidrocarburos funcione. Que atrás quedaron cifras históricas como las de 2001, año en que el oleoducto de Caño Limón-Coveñas fue objeto de 170 atentados. Pero el secuestro de nueve trabajadores de un contratista del oleoducto Bicentenario, ocurrido el martes pasado en Tame (Arauca), ha revivido viejos temores entre quienes se dedican a explotar el oro negro en el país.

Lo dicen sin aspavientos, pero con certeza: las acciones de la guerrilla, bien sea Farc o Eln, se están incrementando. Según cifras del sector defensa, entre enero y febrero de 2011 se presentaron tres ataques y, en contraste, este año van 22. El oleoducto de Caño Limón-Coveñas se ha visto afectado 13 veces en lo que va corrido del año, confirmaron fuentes de Ecopetrol. José Facundo Castillo, gobernador de Arauca, ha señalado que ese oleoducto, de los 64 días que han transcurrido en 2012, sólo ha estado activo 21. Y de la suerte que corrieron los trabajadores del Bicentenario, casi todos albañiles, no se sabía nada al cierre de esta edición.

“Lo que estamos viendo es que hay regiones donde la estrategia militar no ha sido tan efectiva. Los problemas continúan en zonas tradicionalmente difíciles, como Arauca, el Putumayo, el Catatumbo y esto, por supuesto, nos genera preocupación”, señaló a El Espectador el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), Alejandro Martínez. El dirigente gremial, sin embargo, asegura que esas preocupaciones han tenido mucho eco en el Gobierno, el cual les ha aseverado a las compañías petroleras que se van a “introducir cambios a la estrategia de seguridad”, incluido un mayor uso de tecnologías para lograr que los uniformados, sin tener un mayor pie de fuerza, sean más efectivos.

Martínez, al unísono con las empresas que integran este sector, está a la expectativa de los resultados que están por venir. Mientras tanto, no obstante, las inquietudes siguen flotando en la superficie. Esta semana, justamente, James Lockhart-Smith, analista jefe para Latinoamérica del grupo mundial de análisis de riesgo Maplecroft, escribió un crítico reporte sobre el futuro de la seguridad para las organizaciones petroleras en Colombia, cuya problemática de cabecera sería la extorsión: “Continuará siendo el principal problema de seguridad para la industria en el corto plazo, dada su sostenida expansión a áreas dominadas por grupos armados”, sostuvo.

Tanto las autoridades como las compañías petroleras reconocen que la extorsión es un enemigo a derrotar, pero admiten la dificultad que implica lograrlo. El comité minero-energético para la seguridad y los derechos —que conforman entre otros la ACP, entidades oficiales, embajadas de países como Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido y empresas privadas— lleva varios meses trabajando en unas guías de buenas prácticas para saber cómo proceder ante la extorsión, delito al que tradicionalmente los grupos armados en Colombia, tanto guerrillas como paramilitares, han recurrido para sostenerse.

El fantasma de la entrega de dineros a organizaciones ilegales es como el ‘coco’ bajo la cama de la administración Santos. Los antecedentes no dan para menos: Colombia ya ha visto cómo multinacionales dieron recursos para que grupos al margen de la ley, al estilo Chiquita Brands y los paramilitares del Urabá, no sólo no los boletearán, sino que les trajeran beneficios. El año pasado el propio presidente fue enfático en afirmar que si alguna empresa petrolera pagaba extorsiones a la guerrilla sería expulsada del país. La afirmación perturbó los ánimos en el sector petrolero, que ignora si se han presentado casos individuales. El viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, le dijo a este diario que desconoce si alguna compañía lo ha hecho.

Bedoya acepta con franqueza que el riesgo ha aumentado. Pero su tesis es que los ataques de las guerrillas se han incrementado en respuesta a las labores de la Fuerza Pública, que también han aumentado en zonas que son eje del conflicto como Arauca, Norte de Santander, Casanare, Meta o Putumayo y que, de paso, son epicentro de producción petrolífera. “Los hostigamientos son reacción a nuestro plan de guerra”, dijo. El alto funcionario explicó que, pensando en las necesidades de ese renglón y en coordinar el trabajo con los organismos de seguridad, el Ministerio de Defensa creó en diciembre la Dirección de Seguridad Pública e Infraestructura.

En los próximos años unos 5.000 uniformados pasarán a apoyar las labores de protección de la infraestructura de hidrocarburos. Para líderes políticos, como el representante casanareño Camilo Abril, sin embargo, estas no son tan buenas nuevas. “Es muy elevada la cifra de miembros de Fuerzas Militares destinados a cuidar los campos petroleros en comparación con el número que se dedica a cuidar la población civil. En Casanare, el 85% de los militares se dedican exclusivamente a proteger campos como Cusiana y Cupiagua; el 10% cuida las vías del departamento, y tan sólo el 5% está destinado a la lucha contra grupos terroristas”.

Para el Ministerio de Defensa la protección de campos petrolíferos es una tarea fundamental porque se protege de igual manera la economía del país. En el Ejército consideran, además, que respaldar la seguridad es un mandato constitucional. “Podría ser que los eventos terroristas estén aumentando porque las empresas, precisamente, se están negando a pagar extorsiones”, indica el coronel Samuel Ríos, director de operaciones de la institución castrense. El alto oficial expuso que en el país existen 17 batallones especiales energéticos, viales y de hidrocarburos, y que las nuevas fuerzas interagenciales —Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía— serán claves para combatir a los grupos armados tanto militar como judicialmente.

El Ejército tiene claro qué frentes subversivos están tras las voladuras de oleoductos, boleteos a multinacionales y plagios. En el Catatumbo está el bloque Magdalena Medio y los frentes 33 y Resistencia Barí de las Farc, así como el frente de guerra Nororiental del Eln. En Putumayo actúa el frente 48 del bloque Sur, mientras que en Caquetá hace lo propio la temida columna móvil Teófilo Forero. Arauca, seguramente, afronta el peor de los escenarios: sus autoridades combaten a tres frentes de las Farc (el 10°, el 28 y el 38) y a tres del Eln (el frente de guerra Oriental, el Domingo Laín y el Héroes y Mártires). “Las Fuerzas Armadas estamos trabajando con contundencia y coherencia”, exclama el coronel Ríos.

El Espectador intentó comunicarse con varias multinacionales petroleras, pero ninguna quiso dar su opinión. Fuentes del sector le dijeron a este diario que para estas empresas el tema de la seguridad despierta mucho recelo: “Es un asunto neurálgico para ellos, por eso prefieren tratarlo fuera de la esfera de los medios de comunicación. Eso no significa que no haya conciencia de la intensificación de los ataques”. En los últimos meses, el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido blanco de atentados, así como el Trasandino (ver infografía). El Gobierno, no obstante, se muestra optimista con su denominado plan de guerra.

Desde la otra orilla, las petroleras están a la expectativa, con una pila de antecedentes que les incomoda. No se trata sólo el secuestro de los nueve trabajadores en Tame. En marzo del año pasado, 23 trabajadores de la compañía canadiense Talisman Energy fueron plagiados en Vichada, aunque fueron rescatados de inmediato. Tres meses más tarde, cuatro trabajadores de la firma china Emerald Energy fueron retenidos cerca de San Vicente del Caguán. A los carros de los contratistas los queman o los ametrallan. La lista continúa, así como las preocupaciones de este sector que desde siempre ha sido declarado enemigo de los grupos insurgentes.

Colombia, cuarto productor en A.L.

El año pasado Colombia alcanzó una producción de 914 mil barriles de crudo, que lo situaron como el cuarto productor de petróleo de América Latina después de Venezuela, México y Brasil. Se espera que este año se llegue al millón de barriles. Además, recientemente el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, anunció que esa empresa explorará 42 nuevos pozos petroleros este año, 37 en Colombia, tres en el golfo de México y dos en Brasil. Hay que resaltar, además, que Ecopetrol obtuvo $15,4 billones de utilidades el año pasado, que la sitúan como líder en el país —junto a la estadounidense Oxy, la canadiense Pacific Rubiales y la británica Emerald Energy— y además, como una de las principales compañías petroleras.

De 2011 a hoy: 68 trabajadores secuestrados

Otra de las preocupaciones de las empresas petroleras ha sido el plagio de algunos de sus trabajadores. De enero de 2011 a hoy, 68 empleados del sector de los hidrocarburos han sido plagiados, aunque la mayoría ya recuperó su libertad. Detrás de casi todos estos raptos estuvieron las Farc y el Eln. Las zonas donde se presentaron la mayoría de estos incidentes fueron los departamentos de Caquetá, Vichada y Arauca. Precisamente, el último plagio del que se tenga conocimiento ocurrió en esta región del país el pasado martes, cuando presuntos integrantes del Eln raptaron a nueve empleados del Consorcio Casanare Avanzada. Otras empresas, como la canadiense Talisman, la estadounidense South Exploration America, Ecopetrol y la petrolera británica Emerald Energy, también se han visto afectadas con este flagelo. A esta última empresa, presuntos integrantes de las Farc les secuestraron el pasado 9 de junio cuatro contratistas chinos que se movilizaban de San Vicente del Caguán a Los Pozos, en el departamento de Caquetá. Las autoridades desconocen su paradero.

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