Mineros sin licencia

Son 30 representantes mineros de Cundinamarca los que se organizaron para crear la nueva asociación. / Luis Ángel

Más de 950 mineros que vienen trabajando desde hace más de 35 años en zonas de conservación ambiental en el departamento de Cundinamarca, han tenido que vivir estos meses con la incertidumbre de perder su trabajo o, en el peor de los casos, su libertad. “A mí nadie me decía delincuente”, “por no tener licencia me persigue el Ejército”, “tengo miedo de ir a la cárcel”, son algunas de las palabras pronunciadas por los 30 mineros informales que, en un acto de resistencia, acaban de fundar la Asociación de Mineros del Altiplano Cundiboyacense (Asominalcunb).

Los representantes mineros de 11 municipios alrededor de Ubaté se cansaron de esperar una respuesta de Ingeominas y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entidades encargadas de resolver sus problemas de informalidad. La paciencia se desbordó y es por eso que la organización, según cuentan sus fundadores, será el medio a través del cual podrán establecer, si todo va bien, un diálogo con el Gobierno. Si las entidades gubernamentales no atienden, y en esto son muy claros los representantes, será inminente un paro de mineros en Cundinamarca.

Guillermo Sierra, uno de los fundadores de la organización, lleva 20 años trabajando en una mina de Suesca y siente que este es uno de los momentos más críticos de su vida. “Tengo, y tenemos, que acudir a esto para defender nuestros derechos frente a las nuevas normas del Gobierno. Hemos hecho solicitudes sobre nuestra situación y nos responden con leyes. Nosotros sabemos de las leyes, pero el problema es que esas leyes nos dejan sin trabajo y nos vuelven ‘mineros ilegales’. Si es necesario salirnos a la calle, seguramente lo vamos a hacer”.

La realidad de Guillermo Sierra es la misma de los trabajadores de 70 minas en Cundinamarca que tienen problemas ambientales. Según Carolina Diosa Rosas, vocera de la asociación, “el 95% de los mineros de la pequeña y mediana minería en Cundinamarca no tiene licencia ambiental”, lo que significa, según ella, “que las minas están al borde de perder su producción por la supuesta ilegalidad de los trabajadores”.

La postura del gobierno del presidente Juan Manuel Santos frente a los temas de minería ha apaciguado, hasta cierto punto, el conflicto entre grandes mineras y sectores ambientales al incluir en el Plan de Desarrollo un artículo en que se prohíbe a la minería realizar explotación en los humedales Ramsar y en ecosistemas de páramo. Sin embargo, el eslabón que al parecer se saltó el Gobierno es el problema con la pequeña y mediana minería, que cada vez toma más fuerza en el departamento de Cundinamarca. Los pequeños y medianos mineros quieran ser formalizados, pero alegan que “el Gobierno no se ha mostrado interesado en incentivar nuevas medidas que mejoren el desarrollo de la minería”.

Aunque las relaciones con el Gobierno no son las mejores, los mineros fundadores de la asociación han resaltado que por el momento su voluntad es realizar una mesa de concertación con la CAR de Cundinamarca y con Ingeominas para solucionar el problema. “La idea es dialogar con ellos, mostrarles que hay personas que llevan 10 años esperando que la CAR les apruebe la licencia ambiental, y no ha pasado. Si el tema es la excusa ambiental, eso también lo diremos. ¿Qué tiene que decir el Gobierno sobre la contaminación en Guaquetá por parte de la empresa Colomboamericana? ¿O a la que genera la compañía internacional Carbocol? ¿Por qué el problema es con las pequeñas y medianas?”, se preguntan los mineros de la asociación.

Los 11 municipios que representa Asominalcunb (Cucunubá, Sutatausa, Tausa, Cogua, Zipaquirá, Suesca, Nemocón, Chocontá, Ventaquemada, Guachetá y Lenguazaque) se vieron afectados por el acuerdo 22 de 2009, en el que la CAR declara antiguas zonas de minería como reservas forestales. En algunas zonas las minas han funcionado desde hace 40 años, por lo cual, antes de cerrarlas, la asociación considera importante que Ingeominas y la CAR analicen caso por caso para reconsiderar el sellamiento de estos lugares de trabajo y para revisar el tema de legalización de minas, pues, según ellos, “la CAR no le quiere dar la licencia ambiental a nadie, sólo a las minerías grandes”.