De los cultivos ilegales a la minería ilegal en Simití

El gobierno se ha declarado impotente para controlar la minería ilegal, recuerda Alfredo Molano. / Colprensa

Tres horas navegando en una chalupa con un motor de 200 caballos por aguas contaminadas del río Magdalena son necesarias para llegar desde Barrancabermeja hasta Cerro de Burgos. Las orillas del río, amenazadas por las crecientes continuas –y ya imprevistas– son defendidas por muros construidos por Cormagdalena, que llaman estrellas, enormes mariposas de cemento que impiden que las aguas aneguen los cultivos de palma de aceite, la mayoría sembrada después del paso sangriento de los paramiltares por el Magdalena Medio.

Cerro de Burgos fue un matadero de campesinos. Las autodefensas controlaban el paso por este punto hacia la serranía de San Lucas, una gran mina de oro, donde el Eln era fuerte. El Magdalena forma en la región un rosario de ciénagas, una de las cuales es la de Simití, donde a fines del siglo XVI fue fundado uno de los pueblos más bellos y pacíficos del país. La zona urbana está construida sobre tres pequeñas penínsulas; tiene tres plazas, dos iglesias coloniales; sus casas parecen sacadas barrio Getsemaní en Cartagena.

Vive de la pesca. Siempre ha vivido de la pesca, exceptuando una breve fiebre del oro a principios del siglo XIX; oro que se llevaba a Mompox y que podría explicar la joyería en filigrana que ha hecho conocido a este pueblo, otra belleza. Así como Mompox fue el puerto escondido de Cartagena para defenderse de los piratas, Simití fue la retaguardia secreta de Mompox. La agricultura no prosperó. El Prefecto de Mompox, que visitó Simití en 1874, después de la decadencia del oro escribió que durante su estadía todos los alimentos escaseaban con excepción del pescado: “11 días permanecí allí y no se mató ni una res ni un cerdo; el pueblo se mantenía con insípidos peces de la ciénaga y no había yucas ni plátanos ni ñames ni batatas y el maíz a un precio muy elevado”. Quizá así se mantuvo hasta que los mineros de oro de Santa Rosa, o los obreros del petróleo en Cantagallo, se convirtieron en demanda local de bastimento.

Entre hamaqueos vespertinos y agitadas faenas de pesca en las madrugadas, envejecían la parroquia hasta que en 1984 apareció un frente del Eln. Desde los años 70 se oía nombrar la guerrilla, pero sólo fue en este año cuando el cura Manuel Pérez decidió entrar a la región tras el control del oro de Santa Rosa. Después llegaron las Farc, sin duda, tras el mismo objeto. Los enfrentamientos fueron frecuentes hasta un acuerdo sobre el control del territorio.

La marihuana se cultivó desde fines de los setenta y durante poco tiempo. La gente vivía también de la extracción de la madera y cuando las tierras fueron convertidas en potreros, Ecopetrol y el Fondo Ganadero de Santander entregaron a los campesinos ganados al aumento o a utilidad. El sindicato de la USO había firmado una convención colectiva, uno de cuyos puntos fue el de proveer a los obreros de carne. La guerrilla extorsionó a la empresa hasta el punto de quebrar el negocio.

Después llegó la coca, que transformó la vida económica y política de la zona. La agricultura campesina se desplomó. En los pueblos y en los campos sólo había mujeres, todos los hombres se fueron a raspar. Los salarios que se pagaban para trabajar la hoja superaban los jornales conocidos y hasta los soñados. El precio de la remesa se elevo descomunalmente. Quien no cultivaba coca no podía sobreaguar. La coca era la cosecha de maíz, o de arroz o de yuca que cabía en un bolsillo.

Las Auc llegan a la zona en 1998 y se consolida el Bloque Central Bolívar. Esa misma tarde las Auc reunieron al pueblo en la plaza. Las mujeres lloraban. “¿Por qué lloran, les preguntó Gustavo, si todavía no hemos matado a nadie?” El terror fue general. A los hombres los levantaban a las 3 de la mañana, les quitaban las cédulas y los obligaban a limpiar las fincas de los hacendados. A las mujeres les decían que eran mozas de la guerrilla. “Camine que a usted le figura hoy”, amenazaban. Mataban los cerdos sueltos a plena luz del día, se adueñaron del comercio de alimentos, controlaron el tráfico ilegal de combustible, en conclusión se posesionaron de la economía de la región. En el Piñal asesinaron a seis inocentes; en El Colorado a cinco hermanos. Prohibían a los familiares enterrar a sus muertos y, por el contrario, los obligaban a botarlos a los ríos y ciénagas, a muchos se los echaban a los caimanes. Las guerrillas no pudieron hacer frente a los paramilitares sino ocasionalmente.

No obstante, el 23 enero de 1999 cuando los paramilitares hacían un recorrido de rutina en compañía del batallón de contraguerrilla Los Guanes, en las Sabanas de San Luis los atacó las Farc a morterazos, les causaron varias bajas y destruyeron la casa de un campesino que habían ocupado como base. La zona del ataque fue hasta ese momento una sabana colectiva, un ejido, al que tenía acceso toda la comunidad, sobre todo en invierno, cuando las zonas bajas se anegaban. Hoy la sabana ha sido apropiada por terratenientes y sembrada con palma.

Marchas y economía

La verdadera causa del terror paramilitar y militar hay que buscarla en las marchas campesinas que tuvieron lugar en la región. La primera fue en 1984, hacia Cartagena. Miles de campesinos y pobladores del sur de Bolívar se movilizaron en planchones por el río Magdalena, pidiendo vías, luz y salud. Fue rechazada a la entrada de La Heroica por la fuerza pública. La segunda gran marcha fue hacia San Pablo, en 1996, exigiendo poner fin a la fumigación de los cocales campesinos y pidiendo planes de desarrollo alternativos. A los manifestantes los sitiaron por hambre en la cabecera del municipio. Por último, la marcha hacia Barrancabermeja, en 1998, contra las masacres hechas por las Auc y las ejecuciones extrajudiciales del Ejercito fue calificada por el gobierno como un intento de despeje forzado por las guerrillas del Eln, tal como se estaba dando en el Caguán con las Farc. A raíz de esa marcha los paramilitares instalaron en la región un retén en Cueva de Sapo, las masacres aumentaron y el desplazamiento campesino se generalizó.

Un tiempo atrás, el cura Clemente Verel, francés, durante 15 años párroco de Simití, vislumbrando el peligro que para la economía campesina representaban los cultivos ilícitos y las economías de enclave tanto aurífera como palmera, creó una asociación de pequeños propietarios y colonos, ASPROAS –Asociación de productores alternativos de Simití–, que comenzó con 25 socios, un pequeño capital semilla que poco después la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo, Swissaid, convirtió, con un aporte mayor, en un fondo rotatorio. Dos molinos de arroz, un comité de mujeres y una línea de crédito para huertas caseras y gallinas de patio fueron pactadas con los campesinos y hoy, después de tres lustros, se mantienen activas.

El programa del cura Verel echó raíces sobre todo en un pequeño poblado a orillas de la ciénaga de San Luis. En 1996 los campesinos que marcharon a San Pablo obtuvieron apoyo formal del gobierno para sus proyectos de sustitución de la coca, y consiguieron el apoyo el cultivo de arroz que se hace a orillas de la ciénaga y “sembrado a chuzo y recogido a hoz”. El molino comunitario facilita vender el grano limpio y no depender de las trilladoras empresariales. El problema comenzó a vislumbrarse con el TLC pues, como se sabe –el mismo ministro Restrepo lo ha dicho–,uno de los grandes perjudicados de ese tratado van a ser los arroceros, ya bastante golpeados por la triangulación.

Pero la asociación campesina decidió enfrentar la competencia cultivando variedades tradicionales como Chilimico, Cica 8 Bluebonet, canilla mono, canilla blanco, liguerito, que son muy apetecidas por su sabor, y con el “cultivo de bocachico”. Cormagdalena obsequió 5.000 alevinos y enmallaron una boca de la ciénaga para producir esta especie que, al contrario de la tilapia o la mojarra, es nativa. Este proyecto ha sido una importante gestión de Asproas dentro de un proceso de formación de conciencia a los pescadores para un manejo sostenible de las ciénagas. El gran problema que enfrentan hoy es la sedimentación y contaminación del río Magdalena que alimenta la ciénaga a través de Caño Barbudo, un caño roto por el hombre para convertirlo en pasadero de los grupos armados.

Las 27 ciénagas –un basto humedal– están interconectadas y a ellas llegan los desperdicios de la producción de cocaína y, sobre todo, las aguas sedimentadas y envenenadas con mercurio procedentes de Ánimas Bajas, la vecina zona minera. Para rematar caen al caño aguas contaminadas con gasolina que a gran escala los paramilitares sacan del oleoducto. La coca y la gasolina salen por Vijagual y Lebrija hacia los diferentes mercados.

La palma

La palma aceitera es otro de los grandes negocios en la región. Y otro de los grandes problemas. A Simití llegó por San Alberto y Puerto Wilches. El éxito económico de los primeros cultivadores incentivó su siembra en la región. Pasada la fumigación de la coca, llegó el programa Plante –programa de sustitución de cultivos ilícitos–, uno de cuyos proyectos económicos fue el de palma. La palma se expandió como la verdolaga. Las empresas palmeras entraron diciéndole a los campesinos: ‘ustedes nos dan la tierra y nosotros la ponemos a producir’. La gente aceptó porque pocas opciones tenían. Y se endeudó, respaldando las hipotecas con sus predios y el sistema financiero obligó al gobierno a titular las tierras que servían como prenda.

Las grandes fincas que por tradición eran arrendadas a los campesinos para sembrar yuca, plátano y arroz se dedicaron al nuevo cultivo, la mayoría respaldados con las famosas alianzas productivas, tal como sucedía en Catatumbo y Montes de María. Los grandes cultivadores –muchos con dineros nacidos en el narcotráfico– han ampliado su producción, comprando tierras baratas a instancias del desplazamiento de población. El programa de restitución tendrá aquí un gran trabajo de esclarecimiento.

Entre los distintos modelos de economía palmera hay un intento atractivo para los campesinos, impulsado por un político de San Pablo, Palmas del Sur S.A. Fue creado en 1999 con dineros del Plan Colombia. Los 113 socios de la sociedad compraron la hacienda Vizcaya de 1.000 hectáreas y suscribieron créditos por $1.900 millones del Banco Agrario. Cada socio debía aportar un predio de 7,5 hectáreas para acceder a los incentivos del gobierno. La empresa les prestó asistencia técnica y suministró abonos. El negocio ha tenido un aceptable desarrollo a ojos de los miembros de la asociación. El paquete en su conjunto es administrado por la empresa bajo la forma de alianza productiva. Muchos campesinos sostienen que el proyecto les salvó las tierras de manos de las autodefensas, porque el gobierno y el plan Colombia entraban en el negocio.

El modelo de Rudas inspiró el programa de Palma Campesina que lleva a cabo el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En los dos casos el propósito es vincular mediante las mentadas alianzas productivas a pequeños y medianos propietarios al negocio de oleaginosas, incluyendo la perspectiva de producir agro combustibles en plantas propias. El peligro que perciben los asociados, por ahora lejano, es el de una crisis de precios por sobre oferta mundial o por una caída de los precios del petróleo. En estas eventualidades, las alianzas productivas transmitirán el “crash” a las asociaciones campesinas que no podrían reconvertir su economía para defenderse de la caída de precios. Así vistas las cosas, el riesgo lo corren los asociados, siendo los pequeños los más vulnerables .

En la región es ya una leyenda el caso de la Compañía Palmera Simití del Sur de Bolívar. Unos acaudalados y desconocidos empresarios llegaron a sembrar palma pero como no tenían tierra formaron la sociedad amparados por el Plante y asociaron un centenar de campesinos en Asopalma Incuagro y Aspalsur para cultivar 4.500 hectáreas también bajo la fórmula de alianzas productivas. El campesino ponía la tierra en usufructo por 30 años para que la empresa cultivara la palma, pagándole un canon de arrendamiento. Gran parte del capital se invirtió en gastos de administración y se creó una cooperativa de trabajo asociado. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que un día hace cuatro años los empleados de la compañía desaparecieron, dejaron a los campesinos endeudados y hoy sus fincas están a punto de ser rematadas por los bancos. Algunos han optado por asociarse con otras grandes empresas de la región. El futuro es incierto y ningún ente responde por la extraña situación.

Ánimas Bajas

La fiebre de oro regresó a Simití después de varios siglos y lo hizo por efecto de la crisis de la ganadería al aumento arruinada por la extorsión guerrillera, la fumigación de los cultivos ilícitos y la invasión palmera. El negocio de la ganadería a utilidad, generalizada en los 80, fue seriamente golpeado por el robo y la extorsión hechos por las guerrillas. La tierra se enrastrojó y desvalorizó. Fue el tiempo en el que se vendieron fincas a cualquier precio. Con la entrada del paramilitarismo la tendencia cambió de dirección, pero la mayoría de los predios no regresaron a manos campesinas.

El cultivo de la hoja de coca fue la solución para muchos pobladores, que encontraron en el negocio una alternativa rentable y relativamente fácil. Pero la fumigación y la represión policial y militar desplazaron a muchos cultivadores hacia la serranía de San Lucas, tierras aún sin ocupar por aquellos años noventa. Al mismo tiempo, el control paramilitar del territorio dio confianza a inversionistas, y la palma pelechó en las tierras más fértiles, lo que, en general, no significó una solución para los campesinos de la región en términos de empleo. Las minas de oro de Ánimas Bajas y Ánimas Altas eran trabajadas por matraqueros –llamados en otras partes barequeros– desde mediados de los 70, sin grandes desarrollos. La abrupta y radical elevación del precio del oro a comienzos de esa década, disparó de nuevo la minería artesanal y la empresarial, consideradas por el gobierno como actividades ilegales, por no cumplir los requisitos ambientales y técnicos determinados por los códigos.

La explotación aurífera tiene en la región tres socios. El dueño o poseedor tradicional del terreno, el matraquero y el dueño del entable. Sobraría decir que ninguno tiene un título minero. El material aurífero de aluvión no es superficial. Se necesita, por regla general, descapotar el área de explotación, revolcar la tierra, trabajo este que no puede llevarse a cabo sin maquinaria pesada –buldóceres, retroexcavadoras–. Razón por la cual la explotación asume carácter empresarial: una retroexcavadora cuesta $300 millones. Hay más o menos 40 de ellas provenientes la mayoría de zonas mineras tradicionales como El Bagre, Zaragoza, Segovia. Los poseedores de los “placeres” –o tierras auríferas– arriendan a los dueños del entable una determinada superficie para ser explotada, con un canon que oscila entre el 10% y el 12% de lo obtenido en oro limpio y la condición de que permitan el matraqueo, o sea, el trabajo del barequero.

Sobra decir que ejercen también una celosa vigilancia sobre el rendimiento de los entables. Estos dispositivos suponen uno o dos “retros”, un par de bombas de agua, una elevadora, una tolva y una zaranda. Toda el agua que usan para la explotación, ya mezclada con mercurio y cianuro para recoger el metal, va a un estanque gigantesco antes de ser vaciada a las quebradas y las ciénagas El Popal y Santo Domingo. Los sitios de trabajo se convierten en gigantescas cárcavas donde la recuperación vegetal es lentísima o imposible. Los matraqueros desarrollan su labor con bateas en tierra removida, o por remover, con un enorme peligro para sus vidas. No son pocos los que quedan sepultados bajo los barrancos. El rendimiento logrado es discreto, quizás un gramo, un gramo y medio diario, que venden al dueño del entable o a los comerciantes, que revenden usualmente en Medellín o en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

El oro es declarado como extraído en Santa Rosa, por tanto el municipio no se beneficia de las regalías. Es previsible que declaren mucho menos oro del que negocian, para evadir impuestos, o mucho más, para lavar dineros ganados en el comercio de narcóticos. Desde fines de los años 80 fue decretada la libertad de negociación del oro. Los tres socios son íntimamente solidarios frente a las autoridades o contra ellas. Confiscar maquinaria es una medida peligrosa e inútil porque las máquinas no son neutralizadas y no pueden ser transportadas a lugares donde la Policía pudiera impedir su desguace. El gobierno se ha declarado impotente para controlar la minería ilegal, pese a que existe una ley (1450 de 2011) y unas autoridades competentes para hacerla cumplir.

Los mineros y la gente de los pueblos teme que las zonas auríferas sean tituladas a las multinacionales y se han organizado para enfrentar la eventualidad. Pocas dudas caben de que la “nueva minería” impulsada y defendida por el gobierno, considerada legal quedará en manos de las grandes compañías. La última determinación del gobierno de declarar territorios mineros estratégicos y por tanto de utilidad pública a más de 20 millones de hectáreas ha puesto en guardia tanto a los mineros artesanales como a los ilegales. El conflicto queda planteado.

El germen del Bloque Central Bolívar

A mediados de 1998 Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, llegó a Simití con la misión de implantar allí el modelo paramilitar de la casa Castaño. De tiempo atrás la criminalidad había puesto sus ojos en esta región entre Antioquia y Bolívar, gracias a su privilegiada ubicación entre el río Magdalena y la serranía de San Lucas y a sus yacimientos auríferos.

El 11 de junio de 1998 cerca de 100 hombres arribaron al corregimiento de Cerro Burgos, mataron a tres personas y dieron aviso a los pobladores de que los paramilitares habían llegado para quedarse. Ese fue el germen del Bloque Central Bolívar, una de las facciones más poderosas de las autodefensas, que se expandió a siete departamentos y dejó, según las autoridades, alrededor de 14.000 víctimas.

‘Ad portas’ de un nuevo paro minero

Con la consigna “Defendamos la vida, frenemos la locomotora minero-energética”, los pequeños mineros del país, entre otros sectores, pararán el próximo 1° de agosto para protestar contra las multinacionales mineras y exigirle al Gobierno que cumpla con los acuerdos a los que se llegaron el 30 de noviembre pasado en el marco del último paro minero, entre ellos el de avanzar en la formalización de los mineros artesanales que hoy son considerados ilegales.

En un comunicado en el que se invita a la movilización, los manifestantes aseveran que “cerca de 2 millones y medio de personas que subsisten de la pequeña minería desde hace, muchas décadas, enfrentan la persecución del Gobierno”, de acuerdo con ellos, “el propósito es entregar esas explotaciones mineras a las transnacionales, quienes en muchos casos ya tienen títulos sobre las actuales áreas mineras tradicionales”. Al respecto, el Gobierno prepara un nuevo Código de Minas y ha dicho que la formalización será su prioridad.