Confusa relación

En julio, los nasa desarmaron un avión de la Fac que cayó en Cauca. / David Schwarz-Cromos

Desde hace unas semanas se ha agudizado la cuestión de la relación entre las Fuerzas Armadas de la República y los territorios indígenas en el norte del Cauca. Argüiré que este conflicto se deriva de una indefinición más amplia en la relación, concreta y práctica, entre el Estado y las comunidades étnicas colombianas, dentro del marco de nuestra Constitución de 1991. Al hacerlo apelo, en primer lugar, a mi experiencia directa con los indígenas nasa como investigador y nativo de Tierradentro, territorio focal de esa comunidad hoy en día, cuyos ancestros, en una expansión de siglos hacia otros espacios de la geografía nacional, coparon también la vertiente oriental de la Cordillera Central, en donde se encuentra Toribío. Apelo, en segundo lugar, al sentido común ilustrado para el caso por una atenta lectura de la Constitución de 1991. Bajo esta luz reflexiono sobre la historicidad reciente de las comunidades indígenas colombianas y sobre lo que es la fuerza pública (C.P., Tit. 7, Cap. 7) a que se asocia el detonante de los eventos nortecaucanos. Dice la Constitución que en Colombia esta fuerza “estará integrada exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional”, lo que quiere decir que cualquier otra forma de fuerza pública es inconstitucional. Insistiré en la palmaria distinción entre fuerzas policiales, que no siempre están armadas, y fuerzas militares. Esta es la primera confusión: se habla de la fuerza pública como si fuera sinónimo de “fuerzas armadas” y como si se tratara de un cuerpo unitario y militar, cuando en la historia mundial, y en Colombia de jure, la Policía se diferencia nítidamente de las fuerzas militares. La primera es de “naturaleza civil”, tiene en los municipios como “primera autoridad” a los alcaldes (C.P., Art. 315) y su misión es asegurar “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. De facto, por razones históricas que el espacio impide exponer aquí, en Colombia las fuerzas policiales llegaron a confundirse con las fuerzas militares y con las fuerzas armadas. Ha habido, y sin duda habrá en el futuro, diversas formas de fuerza pública policial y civil, algunas de ellas desarmadas. El incidente de hace unos días entre el alcalde Petro y los 3.000 militares en el Distrito Capital es un recorderis de esta confusión que, al parecer, ya reconoció públicamente el general comandante de la respectiva brigada. Los militares, por Constitución, tienen como misión “la defensa de la soberanía, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y para ello usan las armas.

La segunda confusión, particularmente común entre los líderes/autoridades indígenas (quienes casi siempre son lo uno/otro), es que consideran al Estado como un ente ajeno, con el cual hay que negociar y, cuando es necesario, pelear. Olvidan que son autoridades étnicas en virtud de la Constitución y, por tanto, son parte (especial) del Estado, pues éste es unitario, como lo es la Nación. Este carácter unitario siempre lo han reconocido los indígenas, aunque su existencia como comunidades territoriales plantea al Estado y a la Nación problemas prácticos que están por resolverse. Esta indefinición, concreta y práctica, es una consecuencia directa de la no concreción del mandato constitucional de conformar las ETI (Entidades Territoriales Indígenas), como parte del proceso más amplio y orgánico de la creación de las regiones como entidades territoriales (C.P., Art. 307). Se sabe de las enormes dificultades que esta concreción ha tenido en el pasado y cuyo último intento es la Ley 1454 del 28 de junio de 2011, en donde se establece un plazo de 10 meses para que el Gobierno presente un proyecto de ley para reglamentar las ETI. El plazo se venció y los problemas actuales nos están diciendo que no podemos esperar por siempre porque nos agobiarán problemas como el del norte del Cauca.

La actuación de la Guardia Indígena caucana como cuerpo de fuerza pública plantea la cuestión de modo contundente, sugerente y urgente. Se manifestó como fuerza frente a los militares en un hecho memorable que conmovió a indígenas y no indígenas por el desenlace en que los militares no usaron la fuerza ni las armas. En principio esa Guardia es una “fuerza”, que se ejerce simbólicamente, merced a la presión social, pero también, en veces, con sus bastones físicos. Quienes conocemos de cerca a estas comunidades sabemos que de vez en cuando aparecen comuneros que no atienden a la presión social y deben ser manejados por la fuerza física. El cepo es algo más que un símbolo arcaico: es una pieza dolorosa de fuerza material, y el uso del machete, como se vio en el incidente mencionado, es una perenne tentación en los indígenas. Las autoridades indígenas caucanas han decidido (hasta ahora) que esta Guardia sea no armada, aunque de facto ha habido algunas ocasiones recientes de conflicto violento —local y de mucha confusión— en que miembros de esa Guardia han sido acusados de haber utilizado machetes e incluso armas de fuego para solucionar conflictos. Dije “sugerente” porque, así como se han venido dando de hecho soluciones a la articulación práctica del derecho indígena al derecho de la Nación como conjunto, es posible que el caso de la Guardia caucana ayude, con la ingeniosidad y el etos indígena, a encontrar otras formas de fuerza pública y de “policía” —en el sentido original derivado de polis, ciudadanía— que sean armónicas con ese etos y también con la Constitución y la ley.

La tercera confusión es pensar que “los indígenas” son un cuerpo homogéneo. Esta homogeneización niega de plano la variedad histórica de las etnias y la trayectoria igualmente histórica de las regiones y localidades. Olvida también que alrededor del 25% de los indígenas colombianos étnicamente diferenciados viven hoy en el medio urbano y muchos de ellos se han organizado en cabildos. Olvida además que ha habido indígenas que se han declarado “mestizos” o “blancos”, y a la inversa, particularmente en los medios urbanos, atendiendo a ciertas ventajas que se obtienen al presentarse como indio o mestizo en determinadas circunstancias. La homogeneización es un atentado frontal contra la diversidad étnica y cultural de la Nación, cuyos primeros defensores son los indígenas, urbanos y no urbanos. Como expresión de esta diversidad, las mismas organizaciones, líderes y autoridades tienen posiciones no sólo diversas sino francamente contradictorias frente a las formas no étnicas del Estado e incluso frente a otras formas étnicas del mismo. Cualquiera que haya conocido las últimas noticias sobre la cuestión de Toribío puede, si hace buena memoria y analiza con cuidado, comprobar que esta diversidad indígena, en el orden nacional, regional e incluso local, también se ha manifestado sobre el asunto referido. Hay otras formas de civilidad indígena que no coinciden con la nortecaucana y nasa, como cualquier buen conocedor —en terreno— de las muchas etnias indígenas colombianas lo puede atestiguar. La visibilidad mediática no puede cegarnos con respecto a esta maravillosa diversidad cultural y étnica de la Nación que todos estamos interesados en cultivar y defender.

A fines de 2011 la prensa celebró, más como nota curiosa que como asunto de honda implicación, la graduación de 100 patrulleros policiales de la etnia wayúu en La Guajira. Es un primer intento que vale la pena evaluar a la luz de la historia de la Policía Nacional, de la compleja realidad nacional, de los antecedentes del hecho, de sus idearios y de la recepción por parte de las comunidades locales que, como acabamos de decir, son maravillosamente diversas. La realidad nacional incluye “la guerra” como elemento cotidiano, que es trasversal a la geografía social y cultural del país, étnica y no étnica. Se trata de una guerra declarada —como lo mostró Daniel Pécaut— contra la Nación “pluriétnica y multicultural” por actores ilegales armados que con sus actos han mostrado que vale más su negocio (de droga, minerales, tierras) que cualquier derecho, nacional e internacional, ordinario y humanitario y que la vida y dignidad de los conciudadanos, indígenas y no indígenas. Hay localidades como las del norte del Cauca sobre las que esta guerra se ha ensañado de modo cruel y sistemático, por razones que, se dice, son de orden estratégico.

También, desafortunadamente, en esta guerra hay confusiones que es preciso aclarar para hallar solución a las cuestiones de fondo. Por una parte, para responder a la guerra, las bases militares y de Policía se han montado casi siempre en medio de los asentamientos indígenas y no indígenas con la obvia secuela de afectaciones civiles que todos conocemos y lamentamos. Las minas, las balas y los ‘tatucos’ no hacen distinciones personales ni institucionales. En este caso hay una confusión espacial: la del escenario de la guerra (llamado “teatro de operaciones” en la jerga militar) con el territorio civil que se busca proteger. Los indígenas nasa nortecaucanos quieren superar la confusión expulsando a la “fuerza pública” del territorio total —no sólo de los asentamientos civiles—, aun a costa de sus vidas, pues actúan con la ingenua suposición de que los criminales armados respetarán sus bastones, como sí lo hicieron —en la instancia mencionada— las Fuerzas Militares. La hermosa simbología de las varas de cabildo no cabe en la lógica de los negocios criminales como no cabe, a veces, en la lógica privada de indios insumisos o borrachos. La otra confusión es la “pertenencia” o no de campesinos e indígenas en las filas de la guerrilla: la cuestión no es en blanco y negro como pretende presentarse. Se trata de una gama de situaciones personales y familiares que van desde la adhesión consciente y libre a los propósitos y formas perversas de esa guerra hasta el reclutamiento forzado o la colaboración impuesta por amenazas de vida, desplazamiento o tortura. No se debe olvidar tampoco que hay mucho de suposición y deducción a priori, lo mismo que de confusión entre valiente rebeldía civil en defensa de derechos y la colaboración con “fuerzas oscuras”.

Los voceros indígenas han sostenido que el problema principal es que el Estado no ha cumplido con los compromisos de fondo que afectan la vida y el bienestar de sus comunidades. Quienes los hemos acompañado por décadas sabemos que la cuestión fundamental para este bienestar —incluso en Toribío— es la pobreza crónica. Con pocas excepciones locales, todo el Cauca —indígena y no indígena— se caracteriza por esta pobreza, que tiene como una de sus causas profundas la de las tierras, sea porque son escasas o porque la sobreexplotación centenaria las ha vuelto improductivas. Si este asunto fundamental no se resuelve, tendremos siempre con nosotros problemas por solucionar, como el actual nortecaucano.

Pero también hay otra cuestión de fondo que surge de lo dispuesto por la Constitución para esos territorios. Parece que ha llegado el momento de que el Gobierno central y el Congreso aborden, en serio, la creación de las ETI (Entidades Territoriales Indígenas) a fin de superar las indefiniciones que dejan en el limbo formas de fuerza pública como la Guardia Indígena y, de modo más general, las formas concretas de autoridad étnica y su articulación con las otras formas del Estado. En cuanto a esta autoridad, según la Constitución (Art. 330) los consejos indígenas, “conformados y reglamentados según sus usos y costumbres”, deben “colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”, como lo hacen los alcaldes en sus municipios. Esto implica que es necesario que se definan en la ley, de forma precisa y urgente —como lo viene haciendo paso a paso la jurisprudencia en cuanto a la aplicación del derecho indígena—, los alcances y responsabilidades de esas formas estatales de autoridad que derivan del mandato constitucional sobre la diversidad étnica, cultural y regional. Por tanto, sugiero que en las negociaciones actuales entre los representantes del Estado central y del Estado local indígena caucano —con sus comunidades, desde luego, como es costumbre— se superen las confusiones anotadas y se ubique el asunto de la fuerza pública en el marco más amplio de la solución estructural y práctica a la “cuestión indígena” de fondo. No olvidemos, anoto para cerrar, que también los indígenas urbanos son parte de la irresuelta “cuestión indígena” y que para ellos “tierra y territorio” tienen otro sentido, al que es necesario también atender porque cada día serán más en las ciudades.

* PhD, profesor titular (jubilado), Universidad del Valle, Cali.