La mesa de negociación del gobierno y las Farc en el Caguán (foto) sesionó de manera independiente del comite tematico, que era el encargado de recoger las opiniones ciudadanas sobre el proceso durante el gobierno de Andres Pastrana. / Archivo

No se esperó mucho para que diversas voces de la sociedad civil se elevaran para reclamar una participación activa en las futuras negociaciones de paz. Algunos quieren ir a Oslo, otros piden reactivar el Consejo Nacional de Paz, las víctimas del conflicto reivindican una presencia en las mesas de negociaciones y las Farc hablan de vocería para los movimientos sociales... En fin, todos solicitan un espacio.

No hace aún mucho tiempo, las negociaciones de paz solían limitarse a los actores armados y la llamada sociedad civil no jugaba ningún papel o tenía uno poco significativo en los procesos. En efecto, los principios del manejo de conflictos de aquella época no le reconocían mucha importancia. Desde algunos años, sin embargo, numerosos estudios han mostrado que la construcción de la paz no incumbe exclusivamente al Gobierno y a la insurgencia. La sociedad puede jugar un papel importante antes, durante y después del diálogo. En muchos procesos de paz, la sociedad civil ha acompañado u orientando las negociaciones de paz. Sudáfrica, Mozambique, Timor Oriental, no faltan los ejemplos donde talleres, reuniones y encuentros más o menos secretos, convocados por diferentes sectores de la sociedad civil nacional o internacional, ayudaron a acercar a las partes en conflicto.

Ahora bien, existen también otros casos en los cuales la sociedad civil no fue muy útil en las negociaciones de paz (El Salvador, Tayikistán, Sri Lanka...) o inclusive terminó siendo contraproducente.

En Colombia, hace mucho tiempo que la sociedad civil busca tener protagonismo. Es más, como lo dice el sociólogo Daniel Pécaut, la sociedad civil tiene un rasgo particular en lo que se ha definido como la “problemática de la guerra”. De allí que no sea extraño que haya sido “romantizada”, por un lado, y “satanizada”, por el otro. Es precisamente por ello que ciertos sectores se han mostrado escépticos frente a la posibilidad de movilización de la sociedad civil. A este escepticismo contribuye también el sentimiento de frustración que generó su participación en procesos pasados.

En el Caguán, las audiencias públicas que se dieron en el marco del proceso no pasaron de ser una mala experiencia, porque aunque muchos tuvieron la oportunidad de ir, no hubo una caja de resonancia que potenciara su efectividad.

Otra tentativa, la Iniciativa Casa de Paz con el Eln, también dejó un sabor agridulce. Aunque al principio fue concebida únicamente como una consulta de carácter exploratorio, esta experiencia mostró precisamente qué papel podía jugar la sociedad en un proceso de paz, qué papel no o cuáles eran sus límites. Si bien el grupo de garantes fue uno de los factores que permitió forjar la voluntad de las partes para entrar en conversaciones oficiales y facilitó la discusión de problemas específicos, el grupo no pudo hacer milagros, y la experiencia nos recuerda la necesidad de definir claramente los papeles de estos actores no estatales frente a los actores oficiales.

¿Cuál papel puede jugar la sociedad civil y cuál no en las negociaciones de paz?

Primero, y como lo recuerdan algunos autores, contar con un papel directo de la sociedad civil en las negociaciones de paz puede ser ilusorio, por la simple razón de que los acuerdos de paz suelen ser pactos arreglados por las élites según sus propios intereses, lo que de facto marginaliza el papel de la sociedad civil. Favorecer las consultas con la sociedad civil es una cosa. Otra muy diferente es que sus representantes hagan parte del equipo de negociación.

Segundo, si bien la “democratización” de un proceso de paz puede contribuir a renovar y fortalecer la vida política y las instituciones de un país, las buenas voluntades individuales no suman y a menudo resultan ser más palos en la rueda, pues las organizaciones que se identifican como representantes de esta sociedad no representan ni a todos los sectores ni a todas las regiones del país, y en cambio suelen terminar compitiendo por el prestigio, los contactos y los recursos financieros, en lugar de cooperar entre ellas.

Tercero, al invitar a la sociedad civil a las negociaciones de paz, existe el riesgo de que con la participación de todo el mundo nadie resulte ser responsable. En Guatemala, la Asamblea de la Sociedad Civil, encabezada por el exconciliador Rodolfo Quezada Toruno, tenía como objetivo producir documentos consensuales que alimentaran el proceso de negociación, y, en efecto, docenas de comisiones especiales fueron creadas para discutir y hacer recomendaciones sobre temas tan diversos como la reforma del sistema educativo, el sistema judicial, la reforma agraria o el multilingüismo. Sin embargo, ese papel sirvió precisamente como argumento del gobierno de Álvaro Arzú para evadir su responsabilidad, en tanto se manifestó que la responsabilidad era de la sociedad guatemalteca en general y no sólo del Gobierno.

Finalmente, el argumento de los que abogan por la inclusión de la sociedad civil —y, en particular, de representantes de los partidos políticos— en los equipos de negociación es que contribuye a proteger al proceso de negociación de los vaivenes de la política y de los cambios de gobierno. Contar con el apoyo de los partidos políticos a la hora de firmar acuerdos cuya implementación pueda demorarse más de un gobierno le da un carácter más “nacional”, más “institucional”, más bipartidista a la negociación. Sin embargo, incluir a representantes políticos en la negociación puede ser también peligroso si uno de los partidos políticos decide manifestar o exponer sus discrepancias con el Gobierno en la mesa de negociación.

En conclusión, que la llamada “sociedad civil” haga un acompañamiento activo, que presione, que opine o que oriente las negociaciones puede ser positivo. Pero si participa directamente en ellas corre el riesgo de que las iniciativas vayan cada una por su propio lado, que se pierda la confidencialidad necesaria para cualquier proceso y que se politice el proceso de paz. Como lo advertía el actual alto consejero para la Seguridad Nacional, en un documento de la Fundación Ideas para la Paz de septiembre de 2005, “¿de qué se trata: de promover la paz con la política o la política con la paz?”.

* Codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia.