Rezagado rescate del río Bogotá

Desde 1993, Cundinamarca adoptó un programa de descontaminación para el río Bogotá, pero a la fecha no hay avances significativos, porque se han emprendido actividades carentes de planeación y eficiencia que generaron una pérdida incuantificable de recursos públicos y de tiempo.

Esa es la conclusión de la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría realizado en 2012, en el cual revela un lúgubre panorama de la gestión ambiental de los sistemas de saneamiento básico en la cuenca del río Bogotá. La situación es tan grave, advierte el ente de control, que podría conducir en el futuro a un posible racionamiento del líquido en algunos centros urbanos del departamento.

El año pasado hubo 140 días en los que la Empresa de Acueducto de Bogotá, que abastece a 11 municipios, tuvo que dejar pasar el agua por sus compuertas ya que era imposible tratarla para el consumo humano.

Más de 1.000 toneladas de residuos sólidos y materia orgánica, que a diario vierten 41 municipios ribereños y la capital del país, han contaminado al río Bogotá con metales pesados y bacterias como coliformes totales y fecales. Nueve millones de colombianos arrojan directamente desechos al río y 20.000 utilizan el recurso hídrico para el desarrollo de actividades productivas (mataderos, producciones de papa, pasteurizadoras y curtiembres) y actividades humanas (condominios, colegios, cárceles y urbanizaciones).

El río Bogotá es un hijo explotado del que se han beneficiado y lucrado pequeños y grandes empresarios, la autoridad ambiental y municipios del departamento, los cuales, aunque han emprendido acciones para su descontaminación, aún no logran mitigar los graves daños que le causan. De acuerdo con la CGR, la mayoría de los municipios han cumplido con las actividades programadas en el plan de descontaminación, pero éstas “no han sido efectivas”.

En Chía se ha identificado que más del 50% de los vertimientos del ente territorial cae directamente al río porque la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) no funciona adecuadamente. Esto se debe a que fue construida en una zona inundable. Para darle solución al problema se planteó la construcción de una segunda planta que, tercamente, será edificada en una zona de las mismas características.

Guillermo Valera, alcalde del municipio, reconoce que la PTAR se inundó en 2011, pero agrega que la planta no se encuentra bajo la responsabilidad del municipio sino de la CAR y que los $35.500 millones para la construcción de la segunda planta no se han invertido porque los predios “tienen problemas de sucesiones”.

Sesquilé, entre tanto, es uno de los territorios que menos ha hecho por la descontaminación, entre otras razones, porque no tiene recursos. Allí no se ha hecho la caracterización de la cantidad ni del tipo de vertimientos que se hacen al río —problema que no se ha inventariado en más del 80% de los 42 municipios—, no se ha implementado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), ni se cuenta con un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), y aunque tiene una PTAR (construida por la CAR), en la que se invirtieron $5.000 millones, la planta se inunda continuamente porque fue construida por debajo de la cota del río.

Para tratar de paliar esta última situación, el alcalde de Sesquilé, Ricardo Cortés, firmó un acuerdo con la CAR y un contratista para que la primera construyera un jarillón de 600 metros y el segundo invirtiera $180 millones para la reparación de las piezas mecánicas y eléctricas, mientras que el municipio se encargaba de levantar la planta unos metros.

En el caso de la CAR Cundinamarca, la CGR le abrió una investigación preliminar por la firma de un contrato, en 2007, con la empresa Latin Consult Engenharia. Las funciones a cargo de la firma de consultoría eran revisar, complementar y elaborar estudios de planes maestros de alcantarillado (PMAA) de las zonas urbanas, rurales y conurbanas de 42 municipios.

El contrato se costeó con un convenio de cooperación técnica, no reembolsable, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual sería una preinversión para la preparación ambiental de la cuenca del río. Su duración fue de dos años, “produciéndose un gran atraso en el cumplimiento de las metas de descontaminación en lo relacionado con los PMAA”, según la auditoría.

La autoridad ambiental, asegura el mismo documento, liquidó a satisfacción el contrato pues el contratista “incumplió desde el principio con sus tareas”. En buena parte debido a que la CAR hizo un diagnóstico erróneo de los municipios, pues confundió los territorios que ya contaban con PMAA con los municipios que ni siquiera tenían estudios para su implementación, algunos de los cuales, incluso, ya habían pasado sus propuestas desde 2007 a la CAR para que les aprobara el plan.

El presunto hallazgo fiscal, que inicialmente sería de $2.966 millones, se habría producido con el visto bueno de la interventoría y con las autoridades de los municipios. Es el caso de entes como Cachipay, Sibaté y Zipacón. En este último el alcalde de la época omitió que el contratista había priorizado obras para la construcción del sistema de acueducto cuando realmente eran para el sistema de alcantarillado.

La Contraloría también encontró en la CAR presuntas irregularidades con los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). La auditoría asegura que la autoridad ambiental aprobó entre 2009 y 2011 varios planes que fueron propuestos por los municipios desde 2007. Tiempo después (entre dos y tres años), fueron aceptados y aprobados, sin que la CAR solicitara a los entes territoriales la actualización de los estudios que miden las descargas contaminantes de cada territorio. La Contraloría asegura que esto afecta sustancialmente los parámetros sobre los cuales la CAR hace el cobro de la tasa ambiental “afectando sus propias rentas”.

Aunque no se ha establecido cuánta plata se perdió, el órgano de control fiscal abrió una investigación preliminar unificada para la CAR y otros tres municipios (Apulo, Tocaima y Girardot). El Espectador solicitó una entrevista con Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, pero la solicitud fue negada. Sin embargo, la CAR envió un comunicado de prensa en el que se informa que sólo se pronunciará cuando la Contraloría General de la República haga entrega del informe definitivo en donde se mantengan los hallazgos.

Finalmente, la Gobernación de Cundinamarca también será investigada por presuntos atrasos en sus tareas. La Contraloría le abrió un proceso administrativo sancionatorio por la adquisición de predios prioritarios para la conservación del río y la selección de predios para reubicar las curtiembres de Villapinzón.

El Espectador consultó a Marcela Orduz, secretaria de Ambiente del Departamento, quien aseguró que la demora en la adquisición de predios se debe a que, en materia de proyectos ambientales, los municipios están enviando información incompleta o a destiempo. En el caso de los predios para reubicar las curtiembres, Orduz explica que la Gobernación está maniatada con la ya célebre resolución de 1977, desempolvada recientemente por el Ministerio de Ambiente, la cual convierte a 15 municipios y sus cascos urbanos en áreas de protección.

Mientras las autoridades competentes se señalan entre sí como responsables de la negligencia en el saneamiento de este cuerpo fluvial, el río Bogotá sigue su curso contaminado. Al parecer, sólo defendido adecuadamente por la misma naturaleza y la riqueza de sus 39 ecosistemas estratégicos, entre páramos, humedales, cerros y reservas forestales.