Los reversazos de la Fiscalía

En menos de seis meses la Fiscalía, bajo el mando de Eduardo Montealegre, ha salido en cuatro ocasiones a rectificar las decisiones de algunos de sus funcionarios. / Archivo

Un escueto comunicado publicado por la Fiscalía el 13 de septiembre deja en el aire la sensación de que podría darse un nuevo ‘reversazo’ de parte del ente investigador. A pesar de que en su providencia del 10 de septiembre la Fiscalía usó 50 páginas para explicar por qué declaraba como delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya, en la referida comunicación de la Fiscalía se lee: “La fiscal del caso en una primera calificación hizo una aproximación sobre la categoría del hecho y —teniendo en cuenta el material probatorio que figura en el expediente— consideró que se constituiría en un crimen de lesa humanidad. En la medida en que avance la investigación, y en próximas etapas del proceso, la Fiscalía adoptará una decisión definitiva”. Y dejó la duda abierta.

No es la primera vez que en los casi seis meses que lleva Eduardo Montealegre como fiscal general se genera una controversia similar por culpa de comentarios y acciones de la Fiscalía que luego son ‘rectificadas’. El 6 de septiembre la directora del CTI, Maritza Escobar, afirmó en rueda de prensa que las autoridades habían capturado al autor material e intelectual del atentado contra el exministro Fernando Londoño, ocurrido el 15 de mayo, y que dejó dos personas muertas y 51 heridas. Según la Fiscalía, el detenido Mario Arturo Ramos habría sido quien transportó de Cali a Bogotá la bomba con la que se atentó contra Londoño y quien se la entregó al menor de edad que, al parecer, la accionó. No pasó una semana para que el ente investigador asegurara que, al parecer, había sido inducido error y solicitara la libertad de Ramos.

El fiscal del caso, Carlos Roberto Izquierdo, lo comentó sin tapujos: “Cuando la Fiscalía solicitó la orden de captura, se contaba con los elementos suficientes para pedirla. En este proceso ha habido mucha información de todo tipo. Hasta chamanes han dicho quién ha cometido el acto terrorista, pero la información fue sometida a análisis y se descartó en su mayoría. Alguna sí se tomó en cuenta porque creíamos que estábamos sobre un punto concreto (…). La Fiscalía tenía pruebas cuando solicitó la orden de captura y eso es lo que estamos verificando, y así ver si se nos pudo haber inducido en un error”.

Al respecto, Ramos aseveró: “Cuando el fiscal vio esas pruebas desistió de mi caso, dijo que no me iba a imputar cargos, que iba a hacer mi audiencia de legalización de captura para poderme dejar en libertad, pero tan triste que la hizo en privado para que la prensa no se diera cuenta de la irregularidad que hizo el fiscal conmigo”. Y anunció que “voy a demandar porque me dañaron mi buen nombre. (Voy a hacerlo) contra la Fiscalía novena antiterrorismo y la Fiscalía General de la Nación, que es la hora que no me ha dado la cara y no me ha dicho por qué me están vinculando a este proceso”.

Hace un mes había ocurrido lo mismo, en este caso con el exdiputado del Valle Sigifredo López, a quien aún investigan por su presunta participación en su secuestro y el de sus 11 compañeros de la Asamblea de ese departamento, asesinados posteriormente. López pasó casi dos meses recluido mientras se llevaba a cabo el proceso en su contra. Se practicaron pruebas técnicas, se recopilaron testimonios e, incluso, se le solicitó al FBI que hiciera un cotejo de las voces de López y la de un hombre que aparece en un video en el que se ven a varios guerrilleros, al parecer, planeando el plagio de los diputados. Todo esto a lo único que llevó fue a que el 14 de agosto el fiscal Montealegre ordenara la libertad de López y admitiera que todo apuntaba a que al ente investigador lo habían engañado.

Al día siguiente, a modo de autocrítica, el fiscal arguyó que lo que había sucedido con Sigifredo López era “una gran lección para la Fiscalía, en el sentido de que se tienen que evaluar muy seriamente los testigos, ya que las pruebas testimoniales en Colombia están en crisis, este tipo de pruebas son muy endebles, se deben buscar pruebas distintas al testimonio”. Ahora que el CTI anunció que la mano del hombre que sale en el video no es la de Sigifredo y que la defensa del exdiputado se prepara para pedir el cierre del proceso, se fortalece la idea de que lo sucedido fue un grandísimo error.

A estos casos se suma el de Javier Giovanny Ceballos. En marzo, cuando llegó a la Fiscalía, Eduardo Montealegre aseveró que sería muy riguroso con los preacuerdos y principios de oportunidad que se otorgaran. A pesar de esta directriz, una fiscal estuvo a punto de llegar a un preacuerdo con Ceballos, acusado por el homicidio de su esposa, Vivian Paola Urrego, ocurrido el 31 de marzo en el centro comercial Gran Estación. Contra él había videos y testimonios y, sin embargo, la funcionaria judicial estuvo a punto de acordar con él una reducción del 47% de su pena por unos aparentes beneficios jurídicos. Cuando este diario alertó al respecto, el vicefiscal Jorge Perdomo dio marcha atrás, cambió a la fiscal y se encargó él mismo del proceso.

Respecto a estas decisiones de la Fiscalía, Carlos Andrés Gómez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y defensor del exministro Andrés Felipe Arias en el proceso por Agro Ingreso Seguro, aseveró: “Uno quisiera que no se presentaran. Esto muchas veces se produce por darles gusto a los medios de comunicación y uno esperaría que esto no ocurriera al tomar decisiones tan importantes”. Agregó, no obstante, que “es rescatable que el fiscal ha reconocido sus errores y que se equivocó”.

Por su parte, Francisco José Sintura, el exvicefiscal y defensor del exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, en el proceso por la yidispolítica, dijo: “Lo que parece que está ocurriendo es que se están solicitando muchas capturas sin tener las pruebas suficientes. Hay procesos investigativos muy precarios y un fiscal sale y hace anuncios y todo resulta ser un falso positivo”. Eso crea desconfianza en la gente. Es obvio que la Fiscalía tiene que salir a mostrar resultados, pero esto no se hace a punta de anuncios”.

Para Jaime Granados, abogado de la estudiante Laura Moreno, entre otras, —acusada por su presunta participación en la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares— “la responsabilidad no es del fiscal, hay mucho fiscal delegado involucrado en esas decisiones. Él, si al caso, es el responsable político y ya. Lo que sí me parece preocupante es que en ocasiones el fiscal Montealegre salga a opinar sobre temas que desconoce, pero no creo que haya que armar una controversia por eso”.

El abogado de Sigifredo López, Élmer Montaña, estuvo de acuerdo con Granados y agregó que “lo que le está sucediendo al fiscal es que le ha tocado destapar las ollas podridas que hay en su institución. Lo que él debe hacer es revisar juiciosamente la actuación de sus fiscales, precisamente los de la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad Antiterrorismo, que se han convertido en una Gestapo”. Y aseguró que lo que sucedió con su apoderado también está ocurriendo con la excongresista Yidis Medina, recientemente condenada a 32 años de prisión por secuestro y a quien, anunció, defenderá de ahora en adelante.

“Ella ya pagó lo que debía por el voto que le compraron. Estamos seguros de que no tuvo nada que ver en ese plagio. Es incomprensible que siete años después del rapto una de las víctimas dijera: ‘Ah, me acordé que Medina ordenó ese secuestro’. ¿Por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué los demás secuestrados no recuerdan lo que él dice?”, argumentó. Prepara la apelación de la sentencia de primera instancia. Mientras tanto, se espera cuál decisión tomará la Fiscalía en el caso de Jineth Bedoya y si un nuevo ‘bandazo’ ocurrirá.

La echada para atrás de la directora del CTI
El 13 de agosto, en pleno juicio contra el exministro Andrés Felipe Arias por su presunta participación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, el investigador Octaviano Casas, testigo estrella del proceso, se negó a dar su declaración. Lo hizo debido a que con una declaratoria de insubsistencia, la directora del CTI, Maritza Escobar, lo había retirado de su cargo como director del CTI en Boyacá y Casanare, y le había quitado su esquema de seguridad. La misma decisión cobijó a otros nueve directores seccionales de esa entidad. La decisión generó gran controversia, hasta que el 21 de agosto el CTI leyó ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema un oficio en el que se ordenaba el reintegro de Casas en un cargo distinto al que venía desempeñando y que se le suministrara un escolta, un conductor y un carro blindado. La echada para atrás de la directora del CTI destrabó el proceso y se espera que Casas rinda su testimonio próximamente.

El período de Montealegre, aún en duda
Todavía se desconoce cuánto durará el fiscal Eduardo Montealegre en su cargo como fiscal general. El Consejo de Estado aún no ha definido si el período del jefe investigador es personal, es decir, de 4 años, o institucional, de 17 meses, que eran los que le quedaban a su antecesora Viviane Morales, quien fue destituida el 29 de febrero por irregularidades en su elección. Desde antes de su posesión el 24 de marzo, Montealegre ha dicho que considera que su período debe ser de 4 años y lo ha reiterado en varias ocasiones. En el Consejo de Estado hay, por lo menos, tres demandas con las que se busca que esa corporación se mencione al respecto. De declararse que el período de Montealegre es institucional, su administración iría hasta agosto del próximo año, de lo contrario se quedaría en el cargo hasta marzo de 2016.