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Para evitar ser blanco de la agresión de las bandas delincuenciales, hay estudiantes que para llegar al colegio se abstienen de usar el uniforme.

Minutos antes de recibir en su despacho a El Espectador, Edmundo Cáceres* recibe una llamada telefónica. Al otro lado de la línea, una madre de familia le dice que debido a la violencia que azota a las comunas populares de Medellín sacará a su hijo de la institución educativa de la que Cáceres es directivo, y en donde uno de cada cuatro estudiantes capacitados para instruir a más de mil alumnos tuvieron que dejar las aulas en los últimos meses.

Con más de diez años como directivo docente en las zonas de orden público más convulsionadas de Medellín, Edmundo es un hombre que ha desarrollado una especie de talento para hacer su trabajo, tratar afablemente a sus alumnos y regresar sano y salvo a casa. Por amenazas de grupos armados, en las últimas semanas dos de sus compañeros que también estaban al frente de la institución tuvieron que ser trasladados a otros centros educativos.

Aunque la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) registró el desplazamiento laboral forzado de 119 docentes de Medellín durante 2009, diversas fuentes consultadas por El Espectador coinciden en que las principales víctimas del rebrote de violencia de los últimos meses son menores de edad, en particular, estudiantes.

Un estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) reveló recientemente que 1.355 estudiantes huyeron de sus colegios por factores relacionadas con los enfrentamientos armados. Un testimonio recogido por esta ONG relata: “Yo vivo en Pedregal y tengo que pasar al colegio en Castilla y para que no me reconozcan me voy sin uniforme y cuando estoy en la entrada del colegio me lo pongo. Esta es la única forma que tengo para ir caminando porque, o si no, tendría que dejar de estudiar porque en mi casa no tienen plata para pagar el bus. Otros compañeros llevan la camiseta dentro del bolso y se la ponen en la escuela porque por las calles está prohibido usarlas”.

Un músico que integraba la red de bandas municipal, una promesa del deporte nacional que ahora juega en la selección Colombia y hasta una reina de belleza son algunos de los estudiantes que no ha vuelto a ver Edmundo en su institución. “A mí me duele mucho verlos partir”, dice.

Muerte en la escuela

El Comité Municipal de Derechos Humanos (CMDH) observa con preocupación el asesinato de 144 menores de edad en 2009, 11 de ellos cayeron en sus colegios o cerca de los planteles educativos.

Según las cuentas de Adida, en el presente año van cinco estudiantes asesinados en inmediaciones de sus escuelas, mientras cinco docentes más perdieron la vida violentamente por desempeñar su oficio.

Cuando se desatan las balaceras en los alrededores del colegio, el mismo teléfono por el que Edmundo Cáceres acaba de escuchar que pierde un alumno más, es usado por los estudiantes que se agolpan en la oficina de este directivo para llamar a sus casas mientras, por los altoparlantes, se escucha la orden de quedarse en el piso, encerrados en los salones.

En un instante, desde que la explosión de la bala estalla hasta que su eco deja de rebotar abajo en el valle, la escuela se convierte en fortaleza, hasta que amaine el contrapunteo armado. Algunos, en especial los de los grados superiores, dice Cáceres, aprovechan para colar una mirada y así presenciar un capítulo de la serie de televisión Rosario Tijeras, en vivo y en directo. Los ‘muchachos’ recorren a toda prisa el perímetro del colegio-resguardo con sus armas largas.

Aunque estos enfrentamientos nunca han tenido como escenario la institución misma, esta violencia periférica ya es de por sí una grave contravención al Derecho Internacional Humanitario. Recientemente, la Unesco incluyó a Colombia entre los seis países del mundo “donde se han registrado en los últimos años más actos de violencia dirigidos contra los sistemas educativos”. En un informe mundial presentado en febrero pasado, llamado La educación víctima de la violencia armada, el organismo adscrito a las Naciones Unidas informa sobre los 310 asesinatos de docentes ocurridos entre 2000 y 2006 en el país.

Más preocupante aún es que todo parece indicar que estos ataques indirectos al buen funcionamiento de las instituciones educativas no son un hecho exclusivo de una parte determinada de la ciudad o sus municipios vecinos. El jueves de la semana pasada, denunció la Corporación Nueva Gente del municipio de Itagüí, “se convocaron y reunieron a un número considerable de estudiantes de la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar que viven en la vereda el Ajizal, para informarles que por las intimidaciones y por la presunta amenaza de un ataque en el interior del colegio, serían llevados por la Policía hasta sus casas”.

Así ocurrió. Los estudiantes regresaron temprano a casa y a bordo de los vehículos oficiales. Actualmente, 58 instituciones educativas —una de cada cuatro— cuentan con el acompañamiento de la Fuerza Pública. En 10 de ellas, además, se está aplicando el programa “requisas pedagógicas” por petición de los rectores.

También la semana pasada, un estudiante fue acribillado a las puertas de una iglesia del barrio Campoamor, mientras se mantiene la alerta emitida por la Personería de Medellín sobre Cedepro, una institución donde circuló “un panfleto en el que se amenaza de muerte a más de 20 personas, habitantes del corregimiento de Altavista”. Para completar este enrevesado panorama, Codhes alerta sobre el porcentaje de desplazados intraurbanos que asistían a clases. De 4.375 registrados, 1.355 eran estudiantes. Es decir, el 30% de quienes abandonaron sus casas por la violencia urbana.

Estudiantes en fuga

La historia que acaba de escuchar Cáceres telefónicamente, literalmente, cierra todos los caminos. Para que el hijo de esta madre de familia llegue a la escuela tiene que “bajar” la montaña y cruzar un caserío controlado por una peligrosa banda. Esto ya no es una opción. Las “fronteras invisibles” en esta ciudad parcelada ‘exigen’ que su hijo se quedé con los suyos, los de su barrio. Hacia el sur, desde la cañada, la situación es la misma. Montaña arriba no hay más que eso, montaña. Hacia el norte, todos los de su barrio han trasteado las maletas y los cuadernos, a tal punto que hay quienes hablan ya de un hacinamiento escolar.

Algo similar ocurre en los barrios Esfuerzos de Paz 1 y 2. Los límites fronterizos entre “rancheros” y “morreros” son claros, a pesar de que comparten, entre caserío y asentamiento, hasta el nombre. En su mayoría estos dos barrios, uno encima del otro, están habitados por población rural desplazada. Una vez más, gracias ahora a las armas de la ciudad, esta población vulnerable está hablando de territorios vedados, perdidos.

Los límites impuestos por las armas son la principal causa que, según la Corporación Cedecis, ha jalonando la deserción durante los últimos cuatro meses. Y para Cohdes, la deserción afecta hoy por hoy a las dos terceras partes de las comunas de la ciudad. Sin embargo, producto del enfrentamiento entre alias Valenciano y alias Sebastián, colegios de barrios como Pedregal, Castilla, Santo Domingo Savio, Manrique, San Javier y Altavista han sido los más afectados.

Es incierto aún el número de estudiantes que pudieron encontrar una nueva escuela luego de haber desertado. En su revelador informe, Codhes señala: “Algunos contaron con suerte y fueron reubicados en otros centros educativos. Otros, están agazapados en sus casas, sin hacer nada, porque temen que donde estén los encuentren”.

 * Nombre modificado para proteger a la fuente.