El miedo recorre las comunas populosas de Medellín, mientras la muerte se pasea por sus calles, desafiando los anuncios de las autoridades locales y nacionales que aseguran que no van a ceder ante los violentos. La guerra entre “combos” y bandas criminales que se disputan el control del expendio de la droga en la ciudad y el dinero de las extorsiones, plantea un nuevo desafío en materia de seguridad, con una nueva realidad que cada vez se hace más palpable en las ciudades donde en los últimos años permanecieron dormidos los cientos de desmovilizados de los grupos ilegales: la mutación del conflicto armado en el que además de los “combos delincuenciales” se involucra a las familias de quienes los integran y a la misma comunidad.
Mientras ya se escuchan voces que piden una nueva ‘Operación Orión’ —aquella ofensiva del Ejército y la Policía desplegada en octubre de 2002 en la Comuna 13 San Javier con el fin de acabar con la presencia de grupos de milicias urbanas de las Farc, el Eln y los llamados comandos armados del pueblo—, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, insiste en la necesidad de un bloque de búsqueda para enfrentar a las más de 300 bandas criminales que luchan por el poder: “La Policía ha hecho un examen exhaustivo, tiene ubicadas las bandas, sus líderes y componentes. Necesitamos un bloque de búsqueda con fuerzas combinadas y fiscales”, dice.
En los barrios todos saben que la presión de las autoridades en persecución de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, y Érick Vargas, alias Sebastián, los dos capos herederos del imperio criminal de Don Berna y la Oficina de Envigado que se disputan las comunas a sangre y fuego, obligó a que implementaran nuevas formas de lucha —como el ‘reclutar’ a jóvenes en los barrios—, para poder mantener la hegemonía sobre las rentas de negocios legales e ilegales, un botín que se calcula en cerca de $20 mil millones mensuales, que incluyen casas de vicio, vacunas a comerciantes y transportadores, lugares dedicados a la prostitución, vigilancia privada en las calles, juegos de azar, entre otros.
Dice el personero municipal, Jairo Herrán Vargas, que por lo menos 6.000 jóvenes de entre 14 y 16 años trabajan como sicarios y extorsionistas. Las acciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional hablan de la implementación, desde el sábado pasado, de un Centro Integrado de Intervención, en el que aúnan esfuerzos la Alcaldía, la Fuerza Pública y la Fiscalía; también del ofrecimiento de recompensas, el despliegue de personal especializado y equipos de alta tecnología en las zonas más críticas y la activación de un anillo de seguridad en el acceso a la Comuna 13.
Mientras tanto, en el escenario político comienza a hablarse de responsabilidades y ha plantearse medidas que van más allá de las soluciones militares. El concejal Rubén Callejas, de Cambio Radical, sostiene que el alcalde Alonso Salazar “no tiene política, ni estrategia, ni estructura para garantizar la seguridad de Medellín”, al tiempo que cuestiona que sólo después de 5.000 muertos reconozca que la ciudad “está enferma”, y allí sí pida ayuda del Ejecutivo Nacional y del Legislativo.
Precisamente el lunes pasado, en una reunión entre el burgomaestre y 14 de los 26 congresistas que tiene hoy Antioquia, entre senadores y representantes a la Cámara, se habló de impulsar un proyecto que reforme el Código Penal para endurecer las penas por porte ilegal de armas. El viernes pasado, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, puso sobre la mesa la propuesta de otorgar responsabilidad penal a partir de los 14 años, así como procesar a quienes integren las llamadas bandas criminales (Bacrim) por el solo hecho de pertenecer a ellas.
El ex alcalde Luis Pérez —crítico acérrimo de Salazar— pide acciones más radicales: mano dura inmediata que le devuelva el orden a los barrios populares. En sus propias palabras, “que haya una toma inmediata de las comunas en crisis por parte de la Policía, DAS, Ejército, Fiscalía y Personería unidos. La toma debe ser las 24 horas del día y durante un año continuo mínimo para erradicar el semillero de violencia”.
Y en segundo lugar, pedir una misión internacional como veedora sobre la eficacia de la justicia y de los organismos de seguridad del Estado. “Este tipo de veedurías son una práctica internacional en muchos países donde la seguridad o la justicia se ven amenazadas. Algo oscuro pasa, pues los delitos se cometen a ojos vistos sin lograr controlarlos, a pesar de la buena intención que muestran las autoridades. Qué bueno que una veeduría internacional se instale en la ciudad, profundice sobre el pasado y presente de esta área urbana, reciba información del Gobierno y de la ciudadanía, estudie, verifique resultados, haga propuestas y ayude a erradicar esta violencia urbana cruel que opera a ojos vistos”, dice Pérez.
En cuanto a los congresistas, parece existir un consenso en la idea de que si bien esta nueva ola de violencia que padece la capital antioqueña obedece al pulso por el poder criminal, en el que se cruzan diversos actores, existe también un origen social que tarde que temprano se deberá abordar. “Hay unos jóvenes en nuestros barrios ansiosos de oportunidades y buscando el sustento básico, y los únicos caminos que aparecen provienen del poderoso músculo financiero del narcotráfico. Como el Estado no llena ese vacío, los ‘narcos’ sí saben cómo hacerlo. La solución no es militar exclusivamente”, señala el representante a la Cámara Óscar Marín, del Partido Liberal.
La senadora Piedad Córdoba le dijo a El Espectador que los dos bandos que protagonizan hoy la guerra en Medellín la contactaron, buscando acercamientos. “En la Comisión de Paz se está discutiendo esa posibilidad. Concluimos que es urgente acercar a las partes. Ellos dijeron que como el Alcalde no los recibe, por eso quieren reunirse con nosotros. Yo estoy convencida de que este problema no se arregla a bala, pero también creo que mucha gente que se quedó por fuera de Justicia y Paz está metida en esto (...). Ellos quieren demostrar que hubo un fracaso en la manera como se enfrentó el tema de la desmovilización paramilitar”, agregó.
¿Pero es posible una tregua? La experiencia inmediata remite a la iniciativa civil que en febrero pasado logró un pacto de no agresión entre Valenciano y Sebastián, la cual permitió una reducción de los homicidios en todo el Valle de Aburrá durante por lo menos dos semanas, pero que fue desautorizada por los gobiernos municipal y nacional. “El contacto con jefes de organizaciones criminales no está dentro de las posibilidades legales de la Alcaldía”, dijo en ese momento Alonso Salazar.
El senador conservador Gabriel Zapata insiste en la “fragilidad jurídica” de un sistema que, según cifras oficiales, le dio libertad al 90% de las más de 18 mil personas capturadas el último año por porte ilegal de armas y en el que no existe justicia para los menores de edad, situación que es aprovechada por los “capos” para burlarse del Estado. Por su parte, para el también senador Eugenio Prieto, liberal, el telón de fondo es el narcotráfico y la responsabilidad de los parlamentarios antioqueños es, además de pensar en el día a día, buscar también inversión social que brinde verdaderas oportunidades a la gente.
Sea como sea, Medellín se ha convertido en la prueba de fuego de un gobierno entrante, el de Juan Manuel Santos, que anunció continuidad a la política de seguridad democrática de su antecesor, Álvaro Uribe. ¿Qué pasó en las comunas con esa estrategia? ¿Fue todo un maquillaje para ocultar una cruel realidad que hoy sale a flote? Son las preguntas que hoy rondan a miles de ciudadanos que viven el día a día en el miedo y la zozobra. Lo cierto es que esa realidad muestra que es necesario diseñar cuanto antes una política para enfrentar a las bandas criminales, no sólo en Antioquia, sino también en todo el país, de la misma manera como se formuló una estrategia de combate frente a las Farc.
Uniendo esfuerzos por la convivencia
El director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, inauguró ayer en Medellín el Centro Integrado de Intervención en el que la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Alcaldía estudiarán y ejecutarán acciones conjuntas contra la grave situación de violencia que se vive en varias comunas de la ciudad.
Por el momento, según disposición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se ha anunciado el refuerzo del pie de fuerza, un plan de vigilancia por cuadrantes y la instalación de cámaras. Asimismo, 800 auxiliares regulares de la Policía serán enviados a la Comuna 13 como promotores de convivencia, mientras que a la ciudad llegará un grupo élite de investigadores para judicializar los cerca de 14 ‘combos’ que delinquen en el sector.
El evento de instalación del Centro Integrado fue planificado como una fiesta por la convivencia e integridad, hubo también una marcha comunal en rechazo a los violentos y un concierto.