“Mi corazón está con las familias de estos héroes de la patria que murieron cumpliendo su deber. Y como estoy seguro de que toda Colombia también está con esas familias, queremos rendirles un homenaje; los invito a que hagamos un minuto de silencio por sus vidas”. Las palabras fueron pronunciadas por el presidente Juan Manuel Santos, quien se mostró compungido, una vez llegó al departamento de Caquetá para presidir un consejo de seguridad por el atroz asesinato de 14 policías que fueron emboscados, al parecer por las Farc, y a quienes les rociaron gasolina, los incineraron y los remataron con tiros de gracia en la vía que conecta a Rionegro con El Doncello.
El Gobierno ofreció $500 millones de recompensa para quien dé información que permita la captura del jefe del frente 15 de las Farc, alias Wílmer, cabeza del atentado en contra de los uniformados. Consultado por El Espectador, el director del Instituto de Medicina Legal, Juan Isaac, dijo que varios de los cuerpos de los 14 policías que murieron “no se pueden identificar ni por dentadura ni por huellas dactilares” y que han tenido que reunir a sus familias para hacer pruebas de ADN. La situación es tan crítica para algunos de los dolientes, que la Policía está subsidiando su transporte para practicar los exámenes de laboratorio y concluir la primera fase de identificación y estado de los cuerpos.
La sevicia con la que fueron asesinados los policías ya está siendo documentada por el CTI de la Fiscalía, que adelanta pesquisas en el lugar de los hechos y que busca interrogar a otros nueve uniformados que sobrevivieron al ataque. Esta emboscada es la más sangrienta desde que se posesionó el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, el pasado 7 de agosto. De ahí que, junto con su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, la cúpula militar presidió un consejo de seguridad extraordinario para hacer una evaluación del conflicto en Caquetá, la incidencia de los ilegales en esa región, la posible infiltración a las autoridades y los avances en investigación de esta masacre.
Expertos en seguridad consultados por El Espectador coinciden en que las Farc le están mostrando las uñas al gobierno Santos con ataques de alto impacto y sin el menor riesgo, y que es indispensable recuperar el control en una región que conoce de cabo a rabo la temible columna Teófilo Forero de las Farc, comandada por Hernán Darío Saldarriaga, conocido con el alias de Óscar Montero o El Paisa, y los frentes 15 y 45.
El comandante de Carabineros y Seguridad de la Policía, general Santiago Parra, precisó que en el lugar de la masacre se desarmaron 62 artefactos explosivos, que tenían como objetivo retrasar el levantamiento de los cuerpos. Esta acción se suma a las perpetradas en Nariño y Norte de Santander, que el jueves dejaron cuatro soldados muertos, seis heridos y un suboficial desaparecido.
El Gobierno reiteró que reforzará la seguridad en la zona y que es un imperativo del Estado evitar que las Farc retomen su teatro de operaciones en Caquetá, un departamento que ha cumplido fines estratégicos y de retaguardia para la guerrilla y que ha sufrido la embestida de la violencia desde hace décadas. Violencia que no dio tregua durante los diálogos de paz con el gobierno Pastrana y que arreció ante los ojos de la comunidad internacional, que seguía los avances en la zona de distensión.
El ex consejero de Paz Daniel García-Peña señaló que las Farc se encuentran en un momento crítico y, “obligadas a demostrar que no están derrotadas”, pretenden restablecer los temores en la población civil. “Análisis internacionales de casos en otros países señalan que en la antesala de los acercamientos con miras a un diálogo, las partes del conflicto tratan de fortalecerse militarmente. Creo que a las Farc sí les interesaría una eventual aproximación, pero no en cualquier término, menos en un diálogo basado en su rendición”, agregó. El vicepresidente Angelino Garzón calificó como una “salvajada” el ataque y sostuvo vehemente: “Todos estos hechos criminales no nos van a volver prisioneros del miedo”. Entre tanto, el procurador Alejandro Ordóñez invitó a la sociedad civil a denunciar a los actores ilegales y dijo que éstos deben buscar escenarios democráticos para expresar sus ideas, “no sobre la tumba de nuestros campesinos que visten el uniforme patrio”.
El ex comandante de las Fuerzas Militares general (r) Harold Bedoya advirtió que las Farc están aprovechando cualquier oportunidad para desestabilizar el Gobierno y que no se puede permitir “recorrer un camino que ya se recorrió”. A su turno, monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, resaltó que este episodio “nos hace tomar conciencia de la urgencia de que en el país cese el conflicto, y el camino para que ello ocurra debe ser el diálogo. No bastan las soluciones militares”.