Empeñada está la administración Santos en devolverles a sus dueños dos millones de hectáreas que les arrebataron, en su mayoría, las mafias del paramilitarismo. Parece una tarea imposible. Basta revisar las cifras del Gobierno sobre los bienes que hoy, un lustro después de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, han devuelto las autodefensas: 137 predios, 107 rurales y 30 urbanos, con un área aproximada de 19.500 hectáreas. ¿Dónde están las 1’980.500 hectáreas restantes? De colofón, arguyendo que los bienes estaban en poder de testaferros, debían impuestos o no estaban saneados, por años Acción Social se negó a recibirlos y, en el entretanto, fueron ocupados ilegalmente, asesinados sus moradores por bandas emergentes, saqueados y carcomidos por la maleza o usufructuados por particulares. ¿Y las víctimas?
Salvatore Mancuso, el mandamás de Córdoba y el bloque Catatumbo en su paso por el paramilitarismo, extraditado desde mayo de 2008 a Estados Unidos, ha entregado 3.000 hectáreas. El lío es que muchos de estos predios, o bien ya están ocupados y reclamados por asociaciones de desmovilizados en desarrollo de proyectos productivos, o tienen enredos jurídicos y están al garete. En un caso más extremo, como lo denunció el ex comandante ‘para’ Jorge Iván Laverde (alias El Iguano), en las fincas Esperanza I y II, ubicadas en Tierralta (Córdoba), se está volviendo a sembrar coca. En reciente audiencia el abogado de Mancuso, Jaime Alberto Páez, dijo que no entendía cómo era posible que un bien avaluado en $1.500 millones no se recibiera porque debe $8 millones en impuestos. “¿Es eso justo para las víctimas?”, se preguntó.
Súbitamente, en esa audiencia de julio pasado, a través de su representante, Mancuso se comunicó vía telefónica con los magistrados de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá y se despachó. Dijo que desde 2007 entregó un montón de bienes de los cuales ignora su suerte, ni mucho menos si fueron a parar al Fondo de Reparación de Víctimas; que han asesinado a más de 2.200 reinsertados, a decenas de sus familiares y que a su hijo le hicieron un atentado “para que yo no dijera más verdades”. Se preguntó cuántos años deberá permanecer en el proceso de Justicia y Paz para que, efectivamente, los inmuebles que puso a disposición de la justicia les regresen a sus dueños y añadió que supo que a muchos de éstos les robaron las casas, arrancaron las baldosas o desvalijaron en su totalidad.
Y soltó la siguiente perla: pidió con urgencia que se les otorgara el principio de oportunidad (una suerte de perdón judicial para quienes colaboren) a sus testaferros quienes, dijo, han sido asesinados o amedrentados por bandas criminales que quieren hacerse a como dé lugar de las fértiles tierras que también arrebató Mancuso antes. Beneficio que no le han concedido a nadie, según contó, y que tiene a sus simuladores en ascuas. “El señor Aram Assías, cuando anunciamos que le entregábamos esos bienes al proceso, fue asesinado porque no le dieron garantías y porque no les entregó esos predios a bandas emergentes que sabían que se iban a entregar a Justicia y Paz”. Y se quejó de que dicha propuesta ya había sido conversada con el ex ministro Sabas Pretelt, el ex fiscal Mario Iguarán o el ex comisionado Luis Carlos Restrepo.
Denuncias que fueron refrendadas por su abogado en plena audiencia, quien señaló por ejemplo que aunque Mancuso entregó para reparar a las víctimas las fincas Villanueva, Vizcaya y otra más en Córdoba, con una extensión de 597 hectáreas, a espaldas suyas y sin cumplir los requisitos de ley, testaferros suyos hicieron contratos de arrendamiento de los tres predios —cuya duración es de 25 años—, con la Asociación Agroempresarial de Tierralta (Asoatco), que reúne a 533 desmovilizados, 25 desplazados y 25 campesinos de la región. Dicho de otro modo, esos bienes que eran para las víctimas terminaron en poder de sus victimarios y usufructuados por éstos sin que nadie diga nada. El Espectador conoció un acta en la que se leen los términos de los contratos, con un canon anual de arrendamiento ridículo que paga Asoatco: apenas $10 millones.
El documento está fechado el 16 de marzo de 2007 y figura el nombre de Juan B. Pérez Rubiano, ex asesor de la oficina del Alto Comisionado y quien, según el abogado Páez, “fue a espaldas de Salvatore Manucuso” y buscó a quienes aparecían como propietarios de esas tierras para firmar los contratos. “El Gobierno había invertido $1.048 millones en proyectos productivos sin tener un contrato firmado y ellos, para tapar esa situación irregular, hicieron firmar esos contratos. Cuando Mancuso se dio cuenta le informó a la Fiscalía y a todo el mundo, pero ya se habían firmado y tiempo después mataron al señor Aram Assías”. Y contó que cuando descubrió el entuerto se reunió con los delegados del Comisionado, quienes, palabras más palabras menos, le pidieron que no hiciera alboroto “porque el Comisionado se iba a meter en un problema grandísimo con esas 500 familias”.
El Tribunal de Justicia y Paz le pidió a la Fiscalía que investigara a Juan B. Pérez. El abogado de Mancuso denunció otra serie de irregularidades con la administración de los bienes entregados por su cliente. El Tribunal requirió a Acción Social y, por primera vez, los juristas conocieron que el 29 de octubre de 2009 la agencia firmó contrato por $3.000 millones —que después tuvo una adición de otros $3.000 millones— con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tenía como fin la administración, comercialización y explotación de los bienes entregados por los paramilitares. Además, el contrato, que finalizó en julio pasado y fue extendido hasta diciembre próximo, estipula un 10% por la administración de los inmuebles productivos, entre otras prerrogativas.
El abogado Páez criticó la administración de la SAE y dijo que muchos de los predios de Mancuso ya fueron invadidos o no tienen dolientes. Se ordenó entonces una inspección de la Fiscalía a los predios Villa Amalia, Cararé, San José, Chimborazo o El Bongo, ubicados en Bolívar, y el reporte del 11 de agosto pasado fue desolador: en todas las visitas se lee “que las fincas no cuentan con administrador” y que son unas familias las que trabajan esas tierras como quieren, sin control alguno o impuestos por pagar, y que se cultiva plátano, café, fríjol y demás. En últimas, que avivatos se apoderaron de esos terrenos, algunos en camino de la depreciación o ruina. ¿Y los responsables? Páez fue más allá y denunció que en el predio El Guamo la inmobiliaria Araújo y Segovia, encargada de la administración por la SAE, “está explotando las fincas para su beneficio privado” con ganado.
En síntesis, el alegato de Mancuso y su abogado es que ese dinero no va para las víctimas, sino a los bolsillos de unos particulares que se están haciendo ricos con predios destinados en principio para resarcir el daño de las mafias paramiltares. Punto aparte merece el caso de la sociedad Incusol, entregada por el ex jefe paramilitar, administrada por Zulma Salazar, hermana de Celso Alfredo, principal testaferro suyo y del narcotraficante italiano Giorgio Sale. Incusol, era una empresa de préstamos que tenía entre sus clientes, nada más y nada menos, que al Seguro Social y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía. Es decir, con platas de los ‘paras’ pensionados de la Policía terminaron adquiriendo propiedades. Esta sociedad ha tenido todos los problemas para ser recibida por el Estado, porque tenía una cartera por cobrar, como ocurrió con la Enoteca de Barranquilla, que fue saqueada totalmente.
El Espectador se comunicó con Édgar Pinto, gerente de la SAE, quien relató que al mes de julio se han cancelado pasivos por un valor de $305 millones de los inmuebles recibidos de los ‘paras’, se han vendido cuatro predios por valor de $1.591 millones, se han arrendado 18 bienes que generan una renta mensual de más de $14 millones y que los principales problemas que han tenido a la hora de administrar estas propiedades son las ocupaciones ilegales de invasores que alegan derechos o reclaman como víctimas.
La SAE insiste en que si los predios tienen líos no podían recibirse. Conocedores del proceso consideran dicha explicación un absurdo, entre otras, porque los bienes de los ‘paras’ claramente no iban a estar a su nombre, sino en poder de testaferros y que, con todo, es francamente ridículo que el Estado se rehúse a tomar posesión de unos bienes porque se debe algún dinero en impuestos. “¿Y para qué están los $6.000 millones del contrato con la SAE?”, se preguntó alguien cercano a los expedientes.
Los bienes que entregó el ex jefe paramilitar
En virtud del proceso de desmovilización al que se sometió y con el fin de reparar a las víctimas de los grupos armados que dirigió, el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez ha entregado 25 fincas y dos sociedades. Entre las propiedades, que están ubicadas en su mayoría en los departamentos de Córdoba y Bolívar, están los predios San José, El Escondido, Villa Rosa, Providencia, La Esperanza 1 y 2, Mi Refugio, Nueva Delhi, Villanueva, Guaira, Paz Verde, La Gloria, El Cortijo, Pollo Fiao y Cumbia 3 en el municipio Tierralta (Córdoba). Igualmente, las fincas Carare, Chimborazo, San José, Villa Amalia y El Bongo en El Guamo, Bolívar, y Las Pampas en San Juan Nepomuceno, en ese mismo departamento. También forma parte del paquete de bienes la Sociedad Incusol S.A. de Bogotá y la Sociedad L’enoteca, el famoso restaurante en Barranquilla, donde Mancuso hizo sociedad con el capturado narcotraficante italiano Giorgio Sale y su hijo Stefano Sale. En ese negocio Mancuso invirtió $5.675 millones.
Versión de la SAE y sus sucursales
Édgar Pinto, representante de la SAE, señaló que esta firma fue concebida para trabajar con el apoyo de una red de operadores inmobiliarios en el país, los cuales fueron seleccionados en un proceso de invitación pública. Pinto manifestó que la SAE contará con sucursales en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín para administrar todos los bienes entregados por los ‘paras’. Dijo que en la Costa se cuenta con cuatro empresas inmobiliarias de experiencia, como Araújo y Segovia (que cuenta con oficinas en Montería y Cartagena), Inmobiliaria Bozzimbett, Unión Temporal Gavel Sakles y Corral Maldonado Asociados. Según Pinto, el contrato con Acción Social va hasta diciembre próximo.