Mientras las fuertes lluvias que sacuden al país provocaron ayer el desbordamiento de un arroyo, que a su turno dejó sin luz a buena parte de los departamentos de Sucre, Bolívar y Magdalena e incomunicado con el resto del país al primero de ellos, el Gobierno Nacional sigue extremando medidas para evitar que sea mayor la tragedia —que ya dejó sin hogar a más de 200 mil familias del país— y anunció la entrada en vigencia de tres decretos especiales: el que permitirá reasignar de manera inmediata partidas por un billón de pesos para atender a las víctimas del invierno, el que facilita la expropiación de predios que se necesiten para la adecuada reconstrucción de los asentamientos afectados y el que pone en cintura a las corporaciones autónomas para prevenir futuros desastres por causas semejantes.
Según el presidente Juan M. Santos, las entidades del Estado deben enviar al Fondo de Calamidades los recursos que no vayan a ejecutar antes del 31 de diciembre, con lo cual se libera el anunciado billón de pesos para la primera fase de atención, que es la humanitaria. La expropiación por vía administrativa y la obligación a una rápida inversión en atención de tragedias climáticas complementan la estrategia.
Los anuncios presidenciales ni siquiera fueron oídos en siete municipios de Sucre, ocho de Bolívar y nueve de Magdalena, que se quedaron sin energía por cuenta de una inundación en la subestación que los surte, la cual fue colmada con las aguas del arroyo Pichilín (ver nota anexa). Sucre quedó ayer incomunicado y en el Canal del Dique, Atlántico, el drama no cesa, pues aún está sin control la abertura que permitió la inundación de cinco municipios con el cauce del río Magdalena, uno de los cuales (Suan) será evacuado hoy.
En esa parte del Caribe colombiano tampoco alcanzaron a enterarse de que la viceministra de Salud, Beatriz Londoño, dio a conocer ayer el plan de salud pública para hacer frente a la ola invernal y que según su reporte “no se han presentado casos de cólera ni brotes epidémicos de otras enfermedades”.
El plan contempla una estricta vigilancia epidemiológica en zonas afectadas, una estrategia de gestión para movilizar personal y suministros médicos, así como una reorganización en la prestación de servicios de salud y una constante evaluación de las medidas implementadas.
Según la viceministra, son varias las amenazas sobre las poblaciones afectadas por las inundaciones. Durante esta primera etapa de desbordamiento de los ríos y represamiento de agua, los mayores riesgos provienen de un incremento en los casos de infecciones respiratorias agudas e infecciones diarreicas agudas. Principalmente, en la población infantil y en las personas más vulnerables.
Cuando las aguas desciendan, habrá mayor riesgo de enfermedades como dengue, malaria y leptospirosis. El cólera es una de las patologías que más preocupa. La aparición de una epidemia en Haití y casos en República Dominicana invitan a estar atentos. La clave es vigilar los alimentos y mantener limpias las manos, pues la bacteria que lo causa se transmite por vía oro-fecal.