Los continuos hallazgos de residuos hospitalarios en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Medellín y Bogotá prendieron las alarmas de las autoridades sanitarias, al punto de que el senador Jorge Ballesteros advierte que el país está al borde de una crisis en materia de salubridad, ya que el contacto o la cercanía con dichos materiales posibilitarían la transmisión de enfermedades entre los humanos.
El representante a la Cámara Rodrigo Romero reveló que municipios aledaños a Bogotá están comercializando los residuos hospitalarios para que Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, los reutilicen.
De acuerdo con Romero, no hay claridad sobre el organismo encargado de tomar cartas en tan delicado asunto, confusión que el senador Jorge Ballesteros ratifica al afirmar que “desafortunadamente hay demasiadas normas que han generado desorden frente a la responsabilidad de cada quien, por eso es necesario unificarlas para que funcione el manejo integral de los residuos. Inclusive, el ministro del Medio Ambiente, Juan Lozano, propuso sanciones penales porque, en palabras de él, hay una maraña normativa que impide que esto funcione”.
Ante la falta de un censo que determine el número exacto de instituciones que producen desechos hospitalarios, Romero calcula que aproximadamente existen 34 mil IPS generadoras de residuos, de las cuales, 4.692 cuentan con un plan de gestión adecuado para el manejo de los elementos médicos usados que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son catalogados como peligrosos.
Ballesteros señala que 1.516 de esas entidades están bajo supervisión y hasta el momento han sido sancionadas sólo 75. El senador considera que hay un vacío normativo que podría generar graves consecuencias para la salud pública, un descuido en la aplicación de la Resolución 1164 del 6 de septiembre 2002, en la cual se señala un manual de procedimientos para la gestión Integral de los residuos hospitalarios. “La norma es clara cuando exige que se diseñe un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, la adopción de un plan de contingencia para el manejo de residuos y la existencia de un programa Interno de Salud Ocupacional”.
Por su parte, el director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, considera que el problema de los desechos no se genera únicamente desde los centros hospitalarios, sino que existe otra serie de entidades que también están contribuyendo a agravar la situación.
En reciente entrevista con El Espectador, Giraldo aseguró que “en el país hay cerca de 35.000 instituciones generadoras de desechos hospitalarios, pero sólo son 1.500 hospitales. Generadores son morgues, peluquerías, centros de estética, funerarias, etc. Los hospitales en general son instituciones responsables y saben las consecuencias de la mala disposición de desechos. Es algo que está pasando más allá de las puertas de los hospitales”.
De acuerdo con el Decreto 2676 de 2000, las entidades, empresas y personas que presten servicios de salud, están obligados a identificar, separar, desactivar, empacar, recolectar, transportar, almacenar, manejar y disponer de los residuos hospitalarios.
Los establecimientos que generen esta clase de residuos son responsables del manejo interno de los desechos desde el sitio donde se generen hasta el punto de almacenamiento temporal dentro de la institución para su disposición final. De igual forma, el Decreto 4741 de 2005 establece que los residuos o desechos hospitalarios, plaguicidas y radioactivos se rigen por las normas vigentes específicas sobre la materia, y consagra el régimen sancionatorio, de conformidad con lo estipulado en la Ley 99 de 1993 (Ley del Sistema Nacional Ambiental).
Por su parte, la viceministra de Ambiente, Claudia Mora Pineda, durante el foro de ‘Gestión de Residuos Hospitalarios, Evaluación y Perspectiva’, que se realizó el pasado mes de agosto, aseguró que se va a modificar la normatividad existente para mejorar la gestión adecuada de los residuos hospitalarios, especialmente en el tema de transporte, donde se presentan mayores debilidades. De igual forma explicó que algunas ciudades del país no tienen una alternativa para darle una disposición final adecuada.
Entre las recomendaciones para el manejo de los residuos hospitalarios, las normas vigentes ordenan que los residuos cortopunzantes (agujas, catéteres, cuchillas de bisturí, entre otras), se arrojen en recipientes herméticos, a prueba de perforaciones e identificados con rótulos. Estos recipientes deben ser colocados en bolsas rojas, identificadas con el símbolo internacional de bioseguridad, que deben depositarse en un sitio de almacenamiento temporal para posteriormente realizarse el tratamiento final.
Sin embargo, de acuerdo con el último informe emitido por la Procuraduría, tan sólo el 14% de las entidades que producen residuos clínicos cuenta con un plan de gestión integral para el manejo y disposición del material. Ese organismo ordenó el cierre de algunos de los 30 hornos usados en el proceso de incineración, por incumplir con las especificaciones explicadas en el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios.
El alarmante informe también concluyó que el 64% de los vehículos que son utilizados para transportar ese tipo de material no están adecuados para esta función, por lo que también constituyen un riesgo.
En esa oportunidad, tras conocer el informe del Ministerio Público, José Ignacio Cuervo Valencia, viceministro de Protección Social, aseguró que ya se estaban adelantando las investigaciones pertinentes para establecer quiénes eran los responsables de los residuos encontrados en algunas ciudades del país.